Declaración del 1 de mayo de 2010

Estimadas / estimados
Compañeras / compañeros
A propósito de la nueva conmemoración del 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, vaya nuestro saludo solidario y militante para todas y todos.
Asimismo, acompañamos a este mensaje una Declaración de nuestra organización que contiene un breve análisis de la situación política, laboral y social en nuestro país, y Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
Esta es una propuesta en la que venimos insistiendo desde 2007, junto al señalamiento de la necesidad de la búsqueda de una Unidad mayoritaria del conjunto del Movimiento Sindical Argentino, de una recomposición democrática y plural, la cual es una prioridad estratégica para la clase trabajadora nacional, dadas las relaciones de poder internas, y las características del contexto mundial.


Declaración del 1º de mayo de 2010.-

HACIA LOS BICENTENARIOS 2010 / 2016.

Desafíos Laborales y Sociales.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.

El neoliberalismo instaurado por la dictadura oligárquico-militar el 24 de marzo de 1976, consolidado en los años del menemismo, y continuado durante el gobierno de De la Rúa, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, poco más de ocho años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas implementadas desde el 25 de mayo de 2003, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias de la clase trabajadora en el movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero, la dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen, luego de tres décadas, las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva. Estas importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal y la mencionada lógica de acumulación de los principales grupos económicos oligárquicos y empresas transnacionales, explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social, en términos de precarización laboral, pobreza, e indigencia.
Relaciones de poder y prioridad estratégica.
Las características estructurales de la mundialización de las ultimas décadas; la gravedad, profundidad y extensión de la crisis del capitalismo todavía en curso;y en nuestro país, las secuelas de la debacle 2001/2002, y el presente escenario político y social, determinan las relaciones de poder internas e internacionales,y configuran un cuadro de situación concreto.
Dicho cuadro de situación expresa una relación de fuerzas políticas y sociales que le impone una prioridad estratégica al conjunto de las organizaciones sindicales y sociales: esa prioridad estratégica, a nuestro juicio, es la recomposición del propio movimiento sindical, hacia adentro, haciendo un esfuerzo de reunificación democrática, respetando las decisiones de la gran mayoría de los trabajadores y afiliados a los sindicatos; y, en el mismo sentido, en su relación con el conjunto de las otras organizaciones sociales de la clase trabajadora.
Esta recomposición es condición necesaria, sine qua non, para resolver la actual situación de fragmentación y debilidad, y avanzar con seriedad, responsablemente, y hacia el objetivo estratégico de lograr la plena inclusión y realizar la Justicia Social con la distribución progresiva de la riqueza.
El movimiento sindical, en toda su amplitud (mas de 3000 asociaciones sindicales, la mitad de ellas con personería gremial), es una estructura organizacional múltiple, plural en su pensamiento y acción, surgida del propio seno de la clase trabajadora argentina, y moldeada a lo largo de su mas de un siglo y medio de historia y de rica experiencia de lucha gremial y política.
Dar cuenta de esta prioridad estratégica, de la recomposición que señalamos, se presenta para las organizaciones y para los dirigentes sindicales y sociales como un desafío de grandeza y confluencia, de construcción de nuevos consensos, y de elaboración de un Programa Laboral y Social de Unidad, un Nuevo Programa Histórico, el primero en el siglo XXI.
Asumir este desafío constituye un imperativo ético y político, especialmente, y en primer lugar, para aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que han sido consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo en sus diversas expresiones.
No es con ajustes, ni con recetas neoliberales ya probadas, que se debe afrontar esta crisis, por el contrario, se deben priorizar mas que nunca los objetivos del pleno empleo, la inclusión y la Justicia Social, tanto como del incremento de la producción y el consumo internos.
Asimismo se requiere promover la legitimación y consolidación del nuevo modelo político, social y económico en construcción, impulsando la remoción de las actuales limitaciones jurídicas estructurales; concretamente, consideramos que se debe comenzar a debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, que recoja el espíritu, los valores, y el articulado clave (arts 37, 38, 39 y 40) de la Reforma de 1949, la llamada, con toda justicia, Constitución de los Trabajadores, actualizados de acuerdo al estado de la mundialización, y al cuadro de situación nacional en la segunda década del siglo XXI, entre los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.

10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
Las siguientes son algunas de las propuestas y reivindicaciones que podrían integrar el dicho Programa:

I - Pleno empleo y justa distribución de la riqueza.
El pleno empleo y la justa distribución de la riqueza deben ser los principales objetivos estratégicos de la planificación y de la ejecución de las políticas públicas, y en especial de la política económica.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar (art.37 Constitución de 1949).
La Justicia en la distribución de la riqueza, que sólo el trabajo produce, no sólo significa un reconocimiento efectivo a los derechos humanos y sociales de las personas, sino que es una condición necesaria para el desarrollo económico integral y armónico, y para la seguridad y la paz social.

II - Salarios dignos.
Los salarios dignos deben ser garantizados por el Estado, sobre la base del siguiente precedente legal: “Salario Vital Mínimo es la remuneración al trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte y movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” (ley 13077, sancionada 20-10-1947).
Recomposición salarial permanente a través de la plena vigencia de las negociaciones colectivas.

III – Jornada laboral de 8 horas.
El Estado, con la participación de las organizaciones sindicales, y, si fuera posible, con la colaboración del empresariado, debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente: jornada limitada de 8 horas diarias; lo cual disminuirá la sobreocupación, muchas veces impaga, y tendrá, además, un efecto redistributivo con la creación de nuevos empleos.

IV - Erradicar el empleo ilegal (en negro); en especial, el infantil.

V - Erradicar la desnutrición, la mortalidad , el analfabetismo y la indigencia infantil y juvenil.
Esta es un objetivo urgente, sin duda el mas grave de la deuda social pendiente desde la debacle del 2001. Es imprescindible desplegar una estrategia integral, conjunta, estatal y social. Es posible hacerlo en pocos años, con la Asignación Universal por Hijo se ha dado un gran paso adelante.

VI - Protección del trabajo.
Plena vigencia del derecho protectorio del trabajo. Derogación de las normas
antilaborales, injustas e inconstitucionales, todavía vigentes.
Esta es una decisión reparatoria, ética y política, que se debe concretar en homenaje a las decenas de miles de trabajadores, delegados y dirigentes gremiales, y profesionales ligados al movimiento sindical, que sufrieron la muerte, el secuestro, y la desaparición, cárcel, torturas y exilio por su compromiso con la causa popular.

VII- Defensa activa del poder adquisitivo de los salarios.
Se deben implementar políticas y acciones públicas que aseguren una mayor y mejor producción y distribución de bienes y servicios; que eviten, y, cuando corresponda, sancionen las prácticas oligopólicas, la especulación y las maniobras extorsivas que puedan intentar las empresas que concentran la propiedad y el control de las principales actividades productivas y de servicios del país.

VIII- Salud, Educación y Seguridad Social públicas.
Reconstruir y garantizar a todos los trabajadores y sus familias la cobertura completa del sistema público de salud y educación, y complementando lo realizado con la reestatización y ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social.

IX - Diálogo social.
El Diálogo Social debe ser convocado e implementado institucionalmente, a partir de nuestros antecedentes nacionales, incluyendo la conformación de un Consejo Social y Económico Nacional, que podrá integrarse con representantes de las organizaciones sindicales y sociales de trabajadores, y con representantes del sector empresarial, amen de funcionarios nacionales.
En el marco de dicho Consejo podrá impulsarse un Acuerdo, con características de Política de Estado, sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y sociales de los trabajadores (empleados, desempleados y jubilados), y sus familias; y de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

X - Protagonismo democrático de los trabajadores.
Promover y concretar la participación plena, activa, de los trabajadores en las decisiones sobre los grandes temas nacionales, en la estructura del Estado, y en las empresas.
Estos aportes procuran promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Sólo con más y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará más y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.

La Plata, 30 de abril de 2010.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva

A 31 AÑOS DE LA HUELGA GENERAL NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 1979

Comunicado de prensa.
1979 / 27 de abril / 2010
A 31 años de la
Huelga General Nacional
del 27 de abril de 1979.

Se cumplen treinta y un años de una jornada decisiva de la lucha por los derechos laborales y sociales y por la recuperación de la democracia.
La histórica Huelga General Nacional merece ser recordada como uno de los hitos fundamentales de la resistencia sindical y popular a la dictadura genocida del llamado Proceso.
Como tal, mas allá de los diferentes contextos y circunstancias, merece estar inscripta en la memoria colectiva con la misma jerarquía que otros grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, como lo fueron la Huelga y Toma del Frigorífico Lisandro De la Torre (1959) y el Cordobazo (1969), porque esta fue la primera Huelga General Nacional a la dictadura oligárquica-militar mas brutal de la Historia argentina.

I. Antecedentes.

La instauración de la brutal dictadura militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores períodos históricos para nuestra Nación y nuestro Pueblo.
La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pasquale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían la mayoría de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.

Hacia de 1977, luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luís Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros), Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
Y en segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luís Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales, como medio de recuperar y preservar las estructuras sindicales, y desde ahí, mejorar la defensa gremial.
Es decir, durante éstos años los dirigentes que habían logrado permanecer al frente de sus organizaciones se escindieron entre quienes desplegaban, o intentaban una política de oposición al régimen, y quienes buscaban espacios de negociación con los militares, como instancia para recuperar las posiciones gremiales perdidas.
Aunque surgieron otros, e incluso se produjeron cambios al interior de éstos agrupamientos, sin duda, se destacan como expresión cabal de dos posiciones, y dos modos de actuar, muy diferentes, con respecto a la dictadura militar y sus políticas.

II - La primera Huelga General Nacional contra el Proceso.

El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera Huelga General Nacional, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical.
La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
En ese mismo año, a partir del éxito de la huelga, que significó claramente un punto de inflexión en la resistencia sindical y popular: creció y se fortaleció el movimiento de Derechos Humanos (a las organizaciones ya existentes Madres, Abuelas, Familiares, APDH., se sumó la fundación del CELS, encabezado por Emilio Mignone); en setiembre visito el país, a partir de denuncias previas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que recorrió las cárceles y registro miles de denuncias de asesinatos y desapariciones de militantes gremiales y populares. También se conoció un documento del Partido Justicialista que denunciaba la represión y exigía la liberación de los presos políticos y gremiales y urgente respuesta a las miles de denuncias de desapariciones efectuadas por familiares y organizaciones en el país y en el exterior.
III. La resistencia sindical hasta el fin de la dictadura.
En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús, conducida por el Cholo García - SEC. Gral. de los municipales) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
Esta CGT-Brasil impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política.
Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la masiva movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
Desde mediados de 1982, y también como resultado de la guerra de Malvinas, el régimen militar se debilitó, y el sindicalismo opositor nucleado mayoritariamente, en la CGT - Brasil, desarrolló una activa movilización social con el objetivo de recuperar los niveles salariales, muy deteriorados durante la guerra debido al congelamiento salarial impuesto por Galtieri, y a la suba de la inflación en el período.
Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, conducida por Ubaldini, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
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Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
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LA INCLUSION EDUCATIVA Y LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO: UNA CUESTION DE CLASE(S).

LA INCLUSION EDUCATIVA:
UNA CUESTION DE CLASE (S)

Durante lo que va de este mes de marzo, se han iniciado las clases en los colegios primarios y secundarios de casi todo el país. Hasta hoy, solo un par de provincias mantenían conflictos con los respectivos sindicatos de docentes.

Según el Ministro de Educación de la Nación, Lic. Alberto Sileoni: “De la mano de la Asignación Universal por Hijo y una vez eliminado el Polimodal, sólo en la provincia de Buenos Aires poco más de 60 mil nuevos estudiantes se reincorporarán a la enseñanza media y transitarán el ciclo lectivo 2010 con los cambios curriculares diseñados a nivel nacional. La escuela secundaria era una deuda para este gobierno que tuvo que llevar adelante la misión de reconstruir la nación educativa, que estaba muy fragmentada”, dijo ayer al mediodía Sileoni. Minutos después de iniciada la conferencia de prensa que compartió con Mario Oporto –su par a nivel bonaerense–, Sileoni explicó que “de la secundaria se van los chicos en Argentina y en el mundo, pero el común denominador en todos los lugares es que los expulsados siempre son pibes de bajos recursos”.

Observamos que, ante la problemática de la inclusión educativa, y ante las desigualdades sociales que subsisten en el seno de la propia clase trabajadora, es imprescindible que tanto el Gobierno y el Congreso nacional, como los sindicatos de docentes de la educación publica, y la CGT y la CTA., actúen en consecuencia, conjuntamente, cada uno desde su lugar y responsabilidad, para reparar de manera inmediata una flagrante injusticia, y lograr su reparación: que las/beneficiarias/os de la Asignación Universal por Hijo perciban la Ayuda Escolar Anual de $ 170.- en igualdad de condiciones con los trabajadores en relación de dependencia y en blanco.

No desconocemos que seguramente este es un tema en estudio en los respectivos ministerios, en las Comisiones de ambas Cámaras, y lo mismo en los sindicatos de docentes públicos, y en ambas centrales sindicales.

Si nos preocupa, que, ya a punto de finalizar marzo, el relevamiento de la información que venimos haciendo en los distintos medios periodísticos arroja, que pese a la fuerte presencia del tema de la AUpH., y al acuerdo generalizado respecto de su impacto positivo, salvo cuestionamientos puntuales referidos a movilidad del monto y a la extensión de la cobertura, aun en los sectores políticos opositores y en las consultoras y centros de estudios críticos de lapolítica social gubernamental, el hecho de que a las/os beneficiarias/os de la AUpH se les debe otorgar también la Ayuda Escolar Anual, no ha sido mencionado, ni reclamado como debiera por parte de las organizaciones sindicales de trabajadores.

Dicho esto, repasemos algunos datos de la realidad que aportan a la necesidad y a la factibilidad de concretar esta propuesta:

1- Durante este mes de marzo, y abril, a mas tardar, todos los hijos de los trabajadores en relación de dependencia registrados, “en blanco” han recibido o debieran estar recibiendo, previa verificación de la escolaridad de los hijos menores de 18 años, aproximadamente unos $ 560 millones en concepto de Ayuda Escolar Anual por 3.305.750 alumnos beneficiarios, según la información pública en base a datos de la ANSES.

2 - Según el régimen de Asignaciones Familiares vigente ( ley 24714, art 6), a los trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes menores a $ 4800.- mensuales, les corresponde el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual de $ 170.- por hijo, para la educación inicial, general básica y polimodal (o sus equivalentes dispuestos en la ley 26206, -secundaria, etc.-).

3- Según estimación propia en base a información periodística, una suma similar, es decir entre $ 560 y $ 600 millones, por una cantidad similar de alumnos beneficiarios podría destinarse a las/os desocupadas/os y/o trabajadoras/es con relaciones laborales en negro que se desempeñan en la economía ilegal, mal llamada informal.

4- ESTA SERIA UNA DECISION DE ABSOLUTA JUSTICIA PORQUE EQUIPARA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES POR IGUAL, MAS ALLA DE SU CONDICION DE EMPLEO (EN BLANCO, EN NEGRO O DESOCUPADOS). ESTA SERIA UNA DECISION QUE PROFUNDIZARIA Y CONSOLIDARIA ESA VIGA MAESTRA DE LA POLITICA SOCIAL NACIONAL QUE ES LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCION SOCIAL (DNU 1602/2009).

5- Podría implementarse a través De un decreto del PEN o mediante un proyecto de ley modificando la ley 24714; por ejemplo, con el siguiente texto tentativo: “Incorpórase al art 14 bis de la ley 24714 y sus modificatorias, el siguiente párrafo in fine: “Complementariamente se abonará la prestación prevista en el art 6 inc d)”.

6- Los recursos provendrían según lo dispuesto en el DNU 1609/2009 que modificó el art 5º inc c) de la ley 24714..

El CEPLaS considera a esta decisión como un acto de plena justicia social, reparatorio de una flagrante injusticia. Como un gesto mas, contundente, de avanzar saldando paso a paso la enorme deuda social heredada de la crisis casi terminal de fines de 2001.

Esta es una decisión urgente y de suma importancia que debe contar con el apoyo de todos aquellos sectores políticos, sindicales y sociales que denuncian y abogan a diario contra las inequidades, rémoras del neoliberalismo, que todavía sufren millones de compatriotas, especialmente todos aquellos que ahora con la AUpH están saliendo de la indigencia.

Tal como a dicho el Sr. Sileoni, Ministro de Educación nacional, la pobreza sería el obstáculo para concretar una educación más inclusiva:

“Aunque suene anacrónico, es un problema de clase”, Para nosotros, no tiene nada de anacrónico, la inclusión social en general, y la inclusión educativa, en particular, son un concreto problema de clase, totalmente vigente, un problema de la clase trabajadora en su conjunto, y de solidaridad y Justicia Social con quienes todavía padecen exclusión, desocupación, o son vulnerables porque están empleados, y son explotados ilegalmente.

La Plata, 30 de marzo de 2010.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva