Declaración del 1 de mayo de 2010

Estimadas / estimados
Compañeras / compañeros
A propósito de la nueva conmemoración del 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, vaya nuestro saludo solidario y militante para todas y todos.
Asimismo, acompañamos a este mensaje una Declaración de nuestra organización que contiene un breve análisis de la situación política, laboral y social en nuestro país, y Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
Esta es una propuesta en la que venimos insistiendo desde 2007, junto al señalamiento de la necesidad de la búsqueda de una Unidad mayoritaria del conjunto del Movimiento Sindical Argentino, de una recomposición democrática y plural, la cual es una prioridad estratégica para la clase trabajadora nacional, dadas las relaciones de poder internas, y las características del contexto mundial.


Declaración del 1º de mayo de 2010.-

HACIA LOS BICENTENARIOS 2010 / 2016.

Desafíos Laborales y Sociales.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.

El neoliberalismo instaurado por la dictadura oligárquico-militar el 24 de marzo de 1976, consolidado en los años del menemismo, y continuado durante el gobierno de De la Rúa, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, poco más de ocho años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas implementadas desde el 25 de mayo de 2003, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias de la clase trabajadora en el movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero, la dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen, luego de tres décadas, las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva. Estas importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal y la mencionada lógica de acumulación de los principales grupos económicos oligárquicos y empresas transnacionales, explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social, en términos de precarización laboral, pobreza, e indigencia.
Relaciones de poder y prioridad estratégica.
Las características estructurales de la mundialización de las ultimas décadas; la gravedad, profundidad y extensión de la crisis del capitalismo todavía en curso;y en nuestro país, las secuelas de la debacle 2001/2002, y el presente escenario político y social, determinan las relaciones de poder internas e internacionales,y configuran un cuadro de situación concreto.
Dicho cuadro de situación expresa una relación de fuerzas políticas y sociales que le impone una prioridad estratégica al conjunto de las organizaciones sindicales y sociales: esa prioridad estratégica, a nuestro juicio, es la recomposición del propio movimiento sindical, hacia adentro, haciendo un esfuerzo de reunificación democrática, respetando las decisiones de la gran mayoría de los trabajadores y afiliados a los sindicatos; y, en el mismo sentido, en su relación con el conjunto de las otras organizaciones sociales de la clase trabajadora.
Esta recomposición es condición necesaria, sine qua non, para resolver la actual situación de fragmentación y debilidad, y avanzar con seriedad, responsablemente, y hacia el objetivo estratégico de lograr la plena inclusión y realizar la Justicia Social con la distribución progresiva de la riqueza.
El movimiento sindical, en toda su amplitud (mas de 3000 asociaciones sindicales, la mitad de ellas con personería gremial), es una estructura organizacional múltiple, plural en su pensamiento y acción, surgida del propio seno de la clase trabajadora argentina, y moldeada a lo largo de su mas de un siglo y medio de historia y de rica experiencia de lucha gremial y política.
Dar cuenta de esta prioridad estratégica, de la recomposición que señalamos, se presenta para las organizaciones y para los dirigentes sindicales y sociales como un desafío de grandeza y confluencia, de construcción de nuevos consensos, y de elaboración de un Programa Laboral y Social de Unidad, un Nuevo Programa Histórico, el primero en el siglo XXI.
Asumir este desafío constituye un imperativo ético y político, especialmente, y en primer lugar, para aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que han sido consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo en sus diversas expresiones.
No es con ajustes, ni con recetas neoliberales ya probadas, que se debe afrontar esta crisis, por el contrario, se deben priorizar mas que nunca los objetivos del pleno empleo, la inclusión y la Justicia Social, tanto como del incremento de la producción y el consumo internos.
Asimismo se requiere promover la legitimación y consolidación del nuevo modelo político, social y económico en construcción, impulsando la remoción de las actuales limitaciones jurídicas estructurales; concretamente, consideramos que se debe comenzar a debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, que recoja el espíritu, los valores, y el articulado clave (arts 37, 38, 39 y 40) de la Reforma de 1949, la llamada, con toda justicia, Constitución de los Trabajadores, actualizados de acuerdo al estado de la mundialización, y al cuadro de situación nacional en la segunda década del siglo XXI, entre los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.

10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
Las siguientes son algunas de las propuestas y reivindicaciones que podrían integrar el dicho Programa:

I - Pleno empleo y justa distribución de la riqueza.
El pleno empleo y la justa distribución de la riqueza deben ser los principales objetivos estratégicos de la planificación y de la ejecución de las políticas públicas, y en especial de la política económica.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar (art.37 Constitución de 1949).
La Justicia en la distribución de la riqueza, que sólo el trabajo produce, no sólo significa un reconocimiento efectivo a los derechos humanos y sociales de las personas, sino que es una condición necesaria para el desarrollo económico integral y armónico, y para la seguridad y la paz social.

II - Salarios dignos.
Los salarios dignos deben ser garantizados por el Estado, sobre la base del siguiente precedente legal: “Salario Vital Mínimo es la remuneración al trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte y movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” (ley 13077, sancionada 20-10-1947).
Recomposición salarial permanente a través de la plena vigencia de las negociaciones colectivas.

III – Jornada laboral de 8 horas.
El Estado, con la participación de las organizaciones sindicales, y, si fuera posible, con la colaboración del empresariado, debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente: jornada limitada de 8 horas diarias; lo cual disminuirá la sobreocupación, muchas veces impaga, y tendrá, además, un efecto redistributivo con la creación de nuevos empleos.

IV - Erradicar el empleo ilegal (en negro); en especial, el infantil.

V - Erradicar la desnutrición, la mortalidad , el analfabetismo y la indigencia infantil y juvenil.
Esta es un objetivo urgente, sin duda el mas grave de la deuda social pendiente desde la debacle del 2001. Es imprescindible desplegar una estrategia integral, conjunta, estatal y social. Es posible hacerlo en pocos años, con la Asignación Universal por Hijo se ha dado un gran paso adelante.

VI - Protección del trabajo.
Plena vigencia del derecho protectorio del trabajo. Derogación de las normas
antilaborales, injustas e inconstitucionales, todavía vigentes.
Esta es una decisión reparatoria, ética y política, que se debe concretar en homenaje a las decenas de miles de trabajadores, delegados y dirigentes gremiales, y profesionales ligados al movimiento sindical, que sufrieron la muerte, el secuestro, y la desaparición, cárcel, torturas y exilio por su compromiso con la causa popular.

VII- Defensa activa del poder adquisitivo de los salarios.
Se deben implementar políticas y acciones públicas que aseguren una mayor y mejor producción y distribución de bienes y servicios; que eviten, y, cuando corresponda, sancionen las prácticas oligopólicas, la especulación y las maniobras extorsivas que puedan intentar las empresas que concentran la propiedad y el control de las principales actividades productivas y de servicios del país.

VIII- Salud, Educación y Seguridad Social públicas.
Reconstruir y garantizar a todos los trabajadores y sus familias la cobertura completa del sistema público de salud y educación, y complementando lo realizado con la reestatización y ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social.

IX - Diálogo social.
El Diálogo Social debe ser convocado e implementado institucionalmente, a partir de nuestros antecedentes nacionales, incluyendo la conformación de un Consejo Social y Económico Nacional, que podrá integrarse con representantes de las organizaciones sindicales y sociales de trabajadores, y con representantes del sector empresarial, amen de funcionarios nacionales.
En el marco de dicho Consejo podrá impulsarse un Acuerdo, con características de Política de Estado, sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y sociales de los trabajadores (empleados, desempleados y jubilados), y sus familias; y de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

X - Protagonismo democrático de los trabajadores.
Promover y concretar la participación plena, activa, de los trabajadores en las decisiones sobre los grandes temas nacionales, en la estructura del Estado, y en las empresas.
Estos aportes procuran promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Sólo con más y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará más y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.

La Plata, 30 de abril de 2010.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva