viernes, 30 de abril de 2010

Declaración del 1 de mayo de 2010

Estimadas / estimados
Compañeras / compañeros
A propósito de la nueva conmemoración del 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, vaya nuestro saludo solidario y militante para todas y todos.
Asimismo, acompañamos a este mensaje una Declaración de nuestra organización que contiene un breve análisis de la situación política, laboral y social en nuestro país, y Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
Esta es una propuesta en la que venimos insistiendo desde 2007, junto al señalamiento de la necesidad de la búsqueda de una Unidad mayoritaria del conjunto del Movimiento Sindical Argentino, de una recomposición democrática y plural, la cual es una prioridad estratégica para la clase trabajadora nacional, dadas las relaciones de poder internas, y las características del contexto mundial.


Declaración del 1º de mayo de 2010.-

HACIA LOS BICENTENARIOS 2010 / 2016.

Desafíos Laborales y Sociales.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.

El neoliberalismo instaurado por la dictadura oligárquico-militar el 24 de marzo de 1976, consolidado en los años del menemismo, y continuado durante el gobierno de De la Rúa, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, poco más de ocho años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas implementadas desde el 25 de mayo de 2003, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias de la clase trabajadora en el movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero, la dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen, luego de tres décadas, las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva. Estas importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal y la mencionada lógica de acumulación de los principales grupos económicos oligárquicos y empresas transnacionales, explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social, en términos de precarización laboral, pobreza, e indigencia.
Relaciones de poder y prioridad estratégica.
Las características estructurales de la mundialización de las ultimas décadas; la gravedad, profundidad y extensión de la crisis del capitalismo todavía en curso;y en nuestro país, las secuelas de la debacle 2001/2002, y el presente escenario político y social, determinan las relaciones de poder internas e internacionales,y configuran un cuadro de situación concreto.
Dicho cuadro de situación expresa una relación de fuerzas políticas y sociales que le impone una prioridad estratégica al conjunto de las organizaciones sindicales y sociales: esa prioridad estratégica, a nuestro juicio, es la recomposición del propio movimiento sindical, hacia adentro, haciendo un esfuerzo de reunificación democrática, respetando las decisiones de la gran mayoría de los trabajadores y afiliados a los sindicatos; y, en el mismo sentido, en su relación con el conjunto de las otras organizaciones sociales de la clase trabajadora.
Esta recomposición es condición necesaria, sine qua non, para resolver la actual situación de fragmentación y debilidad, y avanzar con seriedad, responsablemente, y hacia el objetivo estratégico de lograr la plena inclusión y realizar la Justicia Social con la distribución progresiva de la riqueza.
El movimiento sindical, en toda su amplitud (mas de 3000 asociaciones sindicales, la mitad de ellas con personería gremial), es una estructura organizacional múltiple, plural en su pensamiento y acción, surgida del propio seno de la clase trabajadora argentina, y moldeada a lo largo de su mas de un siglo y medio de historia y de rica experiencia de lucha gremial y política.
Dar cuenta de esta prioridad estratégica, de la recomposición que señalamos, se presenta para las organizaciones y para los dirigentes sindicales y sociales como un desafío de grandeza y confluencia, de construcción de nuevos consensos, y de elaboración de un Programa Laboral y Social de Unidad, un Nuevo Programa Histórico, el primero en el siglo XXI.
Asumir este desafío constituye un imperativo ético y político, especialmente, y en primer lugar, para aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que han sido consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo en sus diversas expresiones.
No es con ajustes, ni con recetas neoliberales ya probadas, que se debe afrontar esta crisis, por el contrario, se deben priorizar mas que nunca los objetivos del pleno empleo, la inclusión y la Justicia Social, tanto como del incremento de la producción y el consumo internos.
Asimismo se requiere promover la legitimación y consolidación del nuevo modelo político, social y económico en construcción, impulsando la remoción de las actuales limitaciones jurídicas estructurales; concretamente, consideramos que se debe comenzar a debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, que recoja el espíritu, los valores, y el articulado clave (arts 37, 38, 39 y 40) de la Reforma de 1949, la llamada, con toda justicia, Constitución de los Trabajadores, actualizados de acuerdo al estado de la mundialización, y al cuadro de situación nacional en la segunda década del siglo XXI, entre los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.

10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
Las siguientes son algunas de las propuestas y reivindicaciones que podrían integrar el dicho Programa:

I - Pleno empleo y justa distribución de la riqueza.
El pleno empleo y la justa distribución de la riqueza deben ser los principales objetivos estratégicos de la planificación y de la ejecución de las políticas públicas, y en especial de la política económica.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar (art.37 Constitución de 1949).
La Justicia en la distribución de la riqueza, que sólo el trabajo produce, no sólo significa un reconocimiento efectivo a los derechos humanos y sociales de las personas, sino que es una condición necesaria para el desarrollo económico integral y armónico, y para la seguridad y la paz social.

II - Salarios dignos.
Los salarios dignos deben ser garantizados por el Estado, sobre la base del siguiente precedente legal: “Salario Vital Mínimo es la remuneración al trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte y movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” (ley 13077, sancionada 20-10-1947).
Recomposición salarial permanente a través de la plena vigencia de las negociaciones colectivas.

III – Jornada laboral de 8 horas.
El Estado, con la participación de las organizaciones sindicales, y, si fuera posible, con la colaboración del empresariado, debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente: jornada limitada de 8 horas diarias; lo cual disminuirá la sobreocupación, muchas veces impaga, y tendrá, además, un efecto redistributivo con la creación de nuevos empleos.

IV - Erradicar el empleo ilegal (en negro); en especial, el infantil.

V - Erradicar la desnutrición, la mortalidad , el analfabetismo y la indigencia infantil y juvenil.
Esta es un objetivo urgente, sin duda el mas grave de la deuda social pendiente desde la debacle del 2001. Es imprescindible desplegar una estrategia integral, conjunta, estatal y social. Es posible hacerlo en pocos años, con la Asignación Universal por Hijo se ha dado un gran paso adelante.

VI - Protección del trabajo.
Plena vigencia del derecho protectorio del trabajo. Derogación de las normas
antilaborales, injustas e inconstitucionales, todavía vigentes.
Esta es una decisión reparatoria, ética y política, que se debe concretar en homenaje a las decenas de miles de trabajadores, delegados y dirigentes gremiales, y profesionales ligados al movimiento sindical, que sufrieron la muerte, el secuestro, y la desaparición, cárcel, torturas y exilio por su compromiso con la causa popular.

VII- Defensa activa del poder adquisitivo de los salarios.
Se deben implementar políticas y acciones públicas que aseguren una mayor y mejor producción y distribución de bienes y servicios; que eviten, y, cuando corresponda, sancionen las prácticas oligopólicas, la especulación y las maniobras extorsivas que puedan intentar las empresas que concentran la propiedad y el control de las principales actividades productivas y de servicios del país.

VIII- Salud, Educación y Seguridad Social públicas.
Reconstruir y garantizar a todos los trabajadores y sus familias la cobertura completa del sistema público de salud y educación, y complementando lo realizado con la reestatización y ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social.

IX - Diálogo social.
El Diálogo Social debe ser convocado e implementado institucionalmente, a partir de nuestros antecedentes nacionales, incluyendo la conformación de un Consejo Social y Económico Nacional, que podrá integrarse con representantes de las organizaciones sindicales y sociales de trabajadores, y con representantes del sector empresarial, amen de funcionarios nacionales.
En el marco de dicho Consejo podrá impulsarse un Acuerdo, con características de Política de Estado, sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y sociales de los trabajadores (empleados, desempleados y jubilados), y sus familias; y de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

X - Protagonismo democrático de los trabajadores.
Promover y concretar la participación plena, activa, de los trabajadores en las decisiones sobre los grandes temas nacionales, en la estructura del Estado, y en las empresas.
Estos aportes procuran promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Sólo con más y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará más y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.

La Plata, 30 de abril de 2010.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva

miércoles, 28 de abril de 2010

A 31 AÑOS DE LA HUELGA GENERAL NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 1979

Comunicado de prensa.
1979 / 27 de abril / 2010
A 31 años de la
Huelga General Nacional
del 27 de abril de 1979.

Se cumplen treinta y un años de una jornada decisiva de la lucha por los derechos laborales y sociales y por la recuperación de la democracia.
La histórica Huelga General Nacional merece ser recordada como uno de los hitos fundamentales de la resistencia sindical y popular a la dictadura genocida del llamado Proceso.
Como tal, mas allá de los diferentes contextos y circunstancias, merece estar inscripta en la memoria colectiva con la misma jerarquía que otros grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, como lo fueron la Huelga y Toma del Frigorífico Lisandro De la Torre (1959) y el Cordobazo (1969), porque esta fue la primera Huelga General Nacional a la dictadura oligárquica-militar mas brutal de la Historia argentina.

I. Antecedentes.

La instauración de la brutal dictadura militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores períodos históricos para nuestra Nación y nuestro Pueblo.
La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pasquale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían la mayoría de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.

Hacia de 1977, luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luís Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros), Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
Y en segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luís Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales, como medio de recuperar y preservar las estructuras sindicales, y desde ahí, mejorar la defensa gremial.
Es decir, durante éstos años los dirigentes que habían logrado permanecer al frente de sus organizaciones se escindieron entre quienes desplegaban, o intentaban una política de oposición al régimen, y quienes buscaban espacios de negociación con los militares, como instancia para recuperar las posiciones gremiales perdidas.
Aunque surgieron otros, e incluso se produjeron cambios al interior de éstos agrupamientos, sin duda, se destacan como expresión cabal de dos posiciones, y dos modos de actuar, muy diferentes, con respecto a la dictadura militar y sus políticas.

II - La primera Huelga General Nacional contra el Proceso.

El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera Huelga General Nacional, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical.
La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
En ese mismo año, a partir del éxito de la huelga, que significó claramente un punto de inflexión en la resistencia sindical y popular: creció y se fortaleció el movimiento de Derechos Humanos (a las organizaciones ya existentes Madres, Abuelas, Familiares, APDH., se sumó la fundación del CELS, encabezado por Emilio Mignone); en setiembre visito el país, a partir de denuncias previas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que recorrió las cárceles y registro miles de denuncias de asesinatos y desapariciones de militantes gremiales y populares. También se conoció un documento del Partido Justicialista que denunciaba la represión y exigía la liberación de los presos políticos y gremiales y urgente respuesta a las miles de denuncias de desapariciones efectuadas por familiares y organizaciones en el país y en el exterior.
III. La resistencia sindical hasta el fin de la dictadura.
En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús, conducida por el Cholo García - SEC. Gral. de los municipales) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
Esta CGT-Brasil impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política.
Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la masiva movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
Desde mediados de 1982, y también como resultado de la guerra de Malvinas, el régimen militar se debilitó, y el sindicalismo opositor nucleado mayoritariamente, en la CGT - Brasil, desarrolló una activa movilización social con el objetivo de recuperar los niveles salariales, muy deteriorados durante la guerra debido al congelamiento salarial impuesto por Galtieri, y a la suba de la inflación en el período.
Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, conducida por Ubaldini, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
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Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
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lunes, 5 de abril de 2010

LA INCLUSION EDUCATIVA Y LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO: UNA CUESTION DE CLASE(S).


LA INCLUSION EDUCATIVA:
UNA CUESTION DE CLASE (S)

Durante lo que va de este mes de marzo, se han iniciado las clases en los colegios primarios y secundarios de casi todo el país. Hasta hoy, solo un par de provincias mantenían conflictos con los respectivos sindicatos de docentes.

Según el Ministro de Educación de la Nación, Lic. Alberto Sileoni: “De la mano de la Asignación Universal por Hijo y una vez eliminado el Polimodal, sólo en la provincia de Buenos Aires poco más de 60 mil nuevos estudiantes se reincorporarán a la enseñanza media y transitarán el ciclo lectivo 2010 con los cambios curriculares diseñados a nivel nacional. La escuela secundaria era una deuda para este gobierno que tuvo que llevar adelante la misión de reconstruir la nación educativa, que estaba muy fragmentada”, dijo ayer al mediodía Sileoni. Minutos después de iniciada la conferencia de prensa que compartió con Mario Oporto –su par a nivel bonaerense–, Sileoni explicó que “de la secundaria se van los chicos en Argentina y en el mundo, pero el común denominador en todos los lugares es que los expulsados siempre son pibes de bajos recursos”.
Observamos que, ante la problemática de la inclusión educativa, y ante las desigualdades sociales que subsisten en el seno de la propia clase trabajadora, es imprescindible que tanto el Gobierno y el Congreso nacional, como los sindicatos de docentes de la educación publica, y la CGT y la CTA., actúen en consecuencia, conjuntamente, cada uno desde su lugar y responsabilidad, para reparar de manera inmediata una flagrante injusticia, y lograr su reparación: que las/beneficiarias/os de la Asignación Universal por Hijo perciban la Ayuda Escolar Anual de $ 170.- en igualdad de condiciones con los trabajadores en relación de dependencia y en blanco.
No desconocemos que seguramente este es un tema en estudio en los respectivos ministerios, en las Comisiones de ambas Cámaras, y lo mismo en los sindicatos de docentes públicos, y en ambas centrales sindicales.
Si nos preocupa, que, ya a punto de finalizar marzo, el relevamiento de la información que venimos haciendo en los distintos medios periodísticos arroja, que pese a la fuerte presencia del tema de la AUpH., y al acuerdo generalizado respecto de su impacto positivo, salvo cuestionamientos puntuales referidos a movilidad del monto y a la extensión de la cobertura, aun en los sectores políticos opositores y en las consultoras y centros de estudios críticos de lapolítica social gubernamental, el hecho de que a las/os beneficiarias/os de la AUpH se les debe otorgar también la Ayuda Escolar Anual, no ha sido mencionado, ni reclamado como debiera por parte de las organizaciones sindicales de trabajadores.

Dicho esto, repasemos algunos datos de la realidad que aportan a la necesidad y a la factibilidad de concretar esta propuesta:
1- Durante este mes de marzo, y abril, a mas tardar, todos los hijos de los trabajadores en relación de dependencia registrados, “en blanco” han recibido o debieran estar recibiendo, previa verificación de la escolaridad de los hijos menores de 18 años, aproximadamente unos $ 560 millones en concepto de Ayuda Escolar Anual por 3.305.750 alumnos beneficiarios, según la información pública en base a datos de la ANSES.
2 - Según el régimen de Asignaciones Familiares vigente ( ley 24714, art 6), a los trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes menores a $ 4800.- mensuales, les corresponde el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual de $ 170.- por hijo, para la educación inicial, general básica y polimodal (o sus equivalentes dispuestos en la ley 26206, -secundaria, etc.-).
3- Según estimación propia en base a información periodística, una suma similar, es decir entre $ 560 y $ 600 millones, por una cantidad similar de alumnos beneficiarios podría destinarse a las/os desocupadas/os y/o trabajadoras/es con relaciones laborales en negro que se desempeñan en la economía ilegal, mal llamada informal.
4- ESTA SERIA UNA DECISION DE ABSOLUTA JUSTICIA PORQUE EQUIPARA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES POR IGUAL, MAS ALLA DE SU CONDICION DE EMPLEO (EN BLANCO, EN NEGRO O DESOCUPADOS). ESTA SERIA UNA DECISION QUE PROFUNDIZARIA Y CONSOLIDARIA ESA VIGA MAESTRA DE LA POLITICA SOCIAL NACIONAL QUE ES LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCION SOCIAL (DNU 1602/2009).
5- Podría implementarse a través De un decreto del PEN o mediante un proyecto de ley modificando la ley 24714; por ejemplo, con el siguiente texto tentativo: “Incorpórase al art 14 bis de la ley 24714 y sus modificatorias, el siguiente párrafo in fine: “Complementariamente se abonará la prestación prevista en el art 6 inc d)”.
6- Los recursos provendrían según lo dispuesto en el DNU 1609/2009 que modificó el art 5º inc c) de la ley 24714..
El CEPLaS considera a esta decisión como un acto de plena justicia social, reparatorio de una flagrante injusticia. Como un gesto mas, contundente, de avanzar saldando paso a paso la enorme deuda social heredada de la crisis casi terminal de fines de 2001.

Esta es una decisión urgente y de suma importancia que debe contar con el apoyo de todos aquellos sectores políticos, sindicales y sociales que denuncian y abogan a diario contra las inequidades, rémoras del neoliberalismo, que todavía sufren millones de compatriotas, especialmente todos aquellos que ahora con la AUpH están saliendo de la indigencia.

Tal como a dicho el Sr. Sileoni, Ministro de Educación nacional, la pobreza sería el obstáculo para concretar una educación más inclusiva:
“Aunque suene anacrónico, es un problema de clase”, Para nosotros, no tiene nada de anacrónico, la inclusión social en general, y la inclusión educativa, en particular, son un concreto problema de clase, totalmente vigente, un problema de la clase trabajadora en su conjunto, y de solidaridad y Justicia Social con quienes todavía padecen exclusión, desocupación, o son vulnerables porque están empleados, y son explotados ilegalmente.

La Plata, 30 de marzo de 2010.-

Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva

domingo, 28 de marzo de 2010

LA DEUDA - Por Alfredo Zaiat

Compartimos a continuación nota publicada por Alfredo Zaiat en Página 12 - Panorama económico - el 27 de marzo de 2010
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Ciertos temas económicos tienen la cualidad de la permanencia en el debate público, pero van cambiando las características de las etapas históricas que los determinan. Sin embargo, para muchos analistas resulta más sencillo mantener los esquemas rígidos de evaluación, inalterables en el tiempo, porque permite transitarlos por el camino conocido. Esa forma de abordar cuestiones económicas ha sido muy familiar para la corriente conservadora en los últimos años al momento de examinar la situación fiscal, el mercado cambiario e incluso los motores de aceleración del índice de precios. Esa incapacidad de observar variaciones en el funcionamiento de la economía se reconoce en anteojeras ideológicas, fundamentalismo ortodoxo y en la exteriorización de un discurso que defiende los intereses del poder económico. Así les fue con sus pronósticos sobre el recorrido de la economía, acumulando una sucesión de fallidos que terminaron exponiendo esa debilidad conceptual. El panorama debería ser diferente en el variado universo político que tiene como bandera filosófica el pensamiento crítico, que implica rigurosidad, cuestionamiento al saber convencional y precisión en la definición del contexto histórico. No está siendo el caso cuando algunos de esos exponentes se refieren al tema de la deuda.
Pese a frases inflamadas que conmueven a auditorios desprevenidos, hoy la deuda no es un condicionante central para la economía ni por magnitud ni por su horizonte de vencimientos. Los diferentes indicadores que se utilizan para estudiar la carga de la deuda sobre la economía revelan que es una variable que se ha vuelto manejable, a diferencia del largo período desde el inicio de la década del ochenta hasta el estallido en el 2001, cuando era un potente perturbador de la economía. Algunos datos que reflejan ese cambio:
- En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139 por ciento del PBI; a fines de 2009 cayó hasta el 49,1.
- Ese indicador desciende al 31 por ciento con la deuda neta de activos y de acreencias intra sector público (bonos en poder de organismos estatales).
- En 2003, el 76 por ciento de la deuda estaba nominada en moneda extranjera; en la actualidad, sólo el 54 por ciento.
- La deuda tenía en 2003 una vida promedio de 6,9 años. Hoy, prácticamente se duplicó, al pasar a 12,7 años.
- En 2003 la deuda era un 722 por ciento mayor a las reservas; en la actualidad es apenas el 120 por ciento.
- Otro indicador relevante es la relación deuda externa nominada en moneda extranjera y exportaciones. En 2003 era 296 por ciento; en 2009, 81 por ciento.
Pese a ese escenario holgado para uno de los temas más complejos de la economía argentina, se está desarrollando un intenso conflicto político desde hace meses a partir del lanzamiento de la reapertura del canje de bonos en default y de la iniciativa de pagar deuda con una pequeña porción de las reservas. Los economistas reunidos en el Plan Fénix presentaron esta semana un documento (“Deuda pública y conflicto político. Hacia una refinanciación eficaz en el marco de un proyecto de desarrollo inclusivo”) que explican ese proceso del siguiente modo: “La deuda pública externa ha sido un condicionante central, en el escenario económico y político de la Argentina; su continua expansión a lo largo de los últimos treinta años ha constituido uno de los más formidables obstáculos para el crecimiento del país. Un país no pobre; pero empobrecido entre otras razones por el endeudamiento; esto es la resultante de políticas económicas perversas, reflejo de intereses y desvaríos de elites de poder carentes de proyectos viables y aceptables para las mayorías. Tras la declaración de default a fines del año 2001 y la posterior renegociación de los pasivos externos, los compromisos de pago adquirieron un perfil sostenible; puede afirmarse que la deuda no representa hoy día un obstáculo central para la economía”.
Esta descripción del actual estado de la deuda tiene, además, un aspecto estructural que es uno de los factores más relevantes del actual ciclo económico: el cambio del patrón de acumulación de un modelo basado en la valorización financiera, que nace con la dictadura de 1976, hacia uno que está en transición desde 2003, con base en el desarrollo industrial y sustitutivo de importaciones. En un libro que acaba de publicar Eduardo Basualdo (Estudios de historia económica argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad) se ofrece un esclarecedor marco analítico en estos tiempos de confusión, desorden de ideas nutrido por algunos representantes del denominado arco del progresismo. El investigador de Flacso, que analiza en esa obra el endeudamiento externo de la Argentina desde los primeros gobiernos peronistas hasta la actualidad, explica que en los distintos regímenes de acumulación de capital se producen modificaciones sustanciales en los niveles absoluto y relativo que alcanza el endeudamiento externo, en las características de los acreedores y deudores, y también en el impacto que la deuda tiene sobre las diferentes variables de la economía real. “En otras palabras, dice Basualdo, la deuda externa es una variable económica dependiente, porque su magnitud y sus características están en función de la manera en que se produce y se distribuye el excedente económica a nivel nacional e internacional.” Insiste con que la función y efectos del endeudamiento externo dependen del proceso específico de acumulación de capital en el cual se inserta.
Esa base conceptual permite una mejor comprensión del recorrido de la deuda en las distintas etapas de la economía argentina desde mediados del siglo pasado. Esto significa que hablar hoy de la deuda con las mismas perspectivas de las últimas tres décadas desemboca en desaciertos. El actual proceso de desendeudamiento, en el marco de un intento de política de desarrollo industrial con ahorro interno, tiene algunos rasgos de los primeros gobiernos peronistas (1945-1955), cuando “la consolidación de la primera etapa de la sustitución de importaciones no estuvo asociada a una deuda externa significativa”, precisa Basualdo. En esos años no había deuda externa, y recién al final de esa gestión se obtuvo un crédito de 57 millones de dólares del Eximbank. Basualdo agrega que “la industrialización y la expansión productiva en general se consolidaron sobre la base del ahorro interno y de la transferencia de la renta agropecuaria hacia el bloque urbano-industrial”. El economista afirma que en diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad sino que se agotó “de manera irreversible” el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.
Detectar la existencia de otro patrón de acumulación, aún en disputa frente a una avanzada conservadora, y el papel diferente que juega la deuda en esta etapa deja al descubierto la fragilidad conceptual de algunos exponentes del denominado centroizquierda. El debate jurídico sobre el origen de la deuda (dictadura militar), como así también las denuncias judiciales sobre fraudes cometidos en el megacanje (gobierno democrático de Fernando de la Rúa), son aspectos que van por carriles que poco tienen que ver con el actual momento económico. La iniciativa de utilizar reservas para pagar deuda se inscribe en un necesario debate sobre el sendero de desarrollo, que para mostrar su fortaleza debe alejar la fuerte tentación del “retorno a los mercados” que impulsan ansiosos financistas y parece que seduce a ciertos funcionarios de Economía. Participar de esa discusión sin saber o querer delimitar el tema de la deuda entre los aspectos económicos y los jurídicos, mezclando todo por especulación política, termina aportando más elementos a la desorientación que la ortodoxia sabe cómo fomentar.

viernes, 5 de febrero de 2010

Sobre sindicalismo y peronismo - Una crítica a Jose Pablo Feinmann

Sobre sindicalismo y peronismo.
Una crítica a José Pablo Feinmann.

“(Nota: Ubaldini es ese sindicalista que le hizo la vida imposible a Alfonsín porque pagaba la deuda externa y no dijo una sola palabra, ni una, cuando Menem remató el país. ¿Rarezas del patriotismo argentino? ¿lealtades inquebrantables de los sindicalistas peronistas cuando presidentes de su partido gobiernan el país y suelen ser generosos con eso que Perón llamaba la columna vertebral del movimiento?. Váyase a saber. Pero Ubaldini, bajo Menem, ni mu.” José Pablo Feinmann, “Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina.”
( cap. nº 111, pag. IV), diario Página 12, el domingo 3 de enero de 2010.
-.-.-
“(…) Rucci era Lenin al lado de lo que Ubaldini y la CGT de los 90 aceptaron.” “ Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina.” ( cap. nº 114, pag. IV), diario Página 12, el domingo 24 de enero de 2010.
-.-.-

A titulo informativo, a modo reflexivo, y con sana vocación de polémica, dada la relevancia protagónica de la clase trabajadora y las organizaciones y agrupaciones sindicales en el pasado, presente y futuro de nuestra Nación, y en particular respecto del Peronismo, en tanto identidad política, constitutiva, y vigente,
de la gran mayoría del Movimiento Sindical Argentino.

LA PLATA, enero de 2010.
Néstor LAFLEUR.


Sobre Saúl Ubaldini, dirigente del gremio de los trabajadores cerveceros, Secretario General de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA).
Una breve reseña del contexto histórico y de los principales hechos en los que participó durante su trayectoria en el primer nivel de la dirigencia sindical nacional.

“(...) En razón de la naturaleza paradójica del sindicalismo –ser parte integrante del sistema capitalista al que le es antagónico sólo por su naturaleza— ni aún los peores sindicatos son, en la generalidad de los casos, únicamente organizaciones destinadas a asegurar la adaptación al statu quo. Si lo fueran, a la larga perderían sus afiliados, porque no lograrían nunca una conquista económica.” Perry Anderson, Alcances y limitaciones de la acción sindical. Pasado y Presente Nº 44, Buenos Aires: Siglo XXI, 1974.



1. El período dictatorial.
(desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983)

“El régimen social de acumulación que impuso la dictadura militar constituyó un caso particular, quizá el mas profundo y excluyente en América Latina, del nuevo funcionamiento de la economía mundial. Al igual de lo que ocurrió en la economía capitalista, en la sociedad argentina se impuso un planteo en el que la valorización financiera del capital devino en eje ordenador de las relaciones económicas” (…) “La condición previa que posibilitó la valorización financiera fue la inédita redistribución del ingreso en contra de los asalariados puesta en marcha por la dictadura militar mediante una caída abrupta del salario real
--superior al 40 % incluyendo en año 1977-- que tuvo como resultado una notable reducción de la participación de los asalariados en el ingreso nacional (descendió del 45% al 30% aproximadamente)”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs. 448; 452/453).

El período de la brutal dictadura oligárquico-militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores momentos históricos para nuestra Nación. La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pascuale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían muchos de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.
1977- Luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
- Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luis Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros). Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
En segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luis Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales.
1979 - El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera huelga general, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical. La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
1980 - En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
1981/1982 - Esta CGT-Brasil conducida por Ubaldini impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política. El 7 de noviembre de 1981 convocó a 10 mil personas por las calles del porteño barrio de Liniers para reclamar "pan, paz y trabajo" al santo San Cayetano, en lo que fue la primera expresión multitudinaria de oposición al gobierno militar del Proceso. Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
1983 - Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, con Ubaldini como Secretario General, secundado por Triaca como adjunto, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.

(…) “Los sectores dominantes, a través del terrorismo de Estado que ejerció la dictadura militar, le impusieron a la sociedad argentina un nuevo patrón de acumulación cuyo núcleo central fueron las políticas económicas y un nuevo comportamiento estatal” (…) “La redefinición de la relación de por sí desigual, entre el capital y el trabajo tuvo tal magnitud que sólo puede entenderse como una revancha oligárquica sin precedentes históricos en el país, acorde con el profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs 116/117).


2. El período democrático -1ra parte-
a) desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante.

Los tres primeros años de la recuperación de las instituciones democráticas estuvieron plagadas de conflictos entre los sindicatos y el nuevo gobierno libremente electo.
Prácticamente desde el primer momento de la gestión de Alfonsín se entabló una confrontación política y social que se expresó en distintos ámbitos y escenarios, desde el Congreso de la Nación hasta las movilizaciones y actos en las calles. La CGT conducida por Saúl Ubaldini protagonizó estos conflictos.
En los fundamentos de esta disputa había dos situaciones básicas:
1- la crítica situación económica luego de un largo período de estancamiento, y el creciente volumen de la deuda externa, ambos pesada herencia del régimen oligárquico-militar, y
2- la deteriorada situación jurídica, económica y financiera de los sindicatos y sus obras sociales, resultante concreto del objetivo político dictatorial de destruir, o menguar todo lo posible, el poder político, social y organizativo que la clase trabajadora nacional había alcanzado en el período 1945/1975.

La situación económica y social.
La situación económica y social fue encarada por el gobierno, al principio, con la expectativa de lograr evitar el pago de los elevados intereses de la deuda externa, e intentar una política de ingresos que paliara en parte el deterioro de los salarios. Ambos intentos fracasaron. Hacia fines de 1984 tuvo que negociar con el FMI. y afrontar el pago, mientras un rápido proceso inflacionario afectaba aún más a los ingresos de los asalariados.
Como consecuencia, hacia junio de 1985, se implementó el Plan Austral con la pretensión de contener la suba de los precios, y se impuso el congelamiento de precios y salarios. Este congelamiento suponía convalidar la regresiva distribución de la riqueza heredada del régimen militar, a pesar de las intenciones del gobierno radical y de la fuerza de los reclamos sociales y sindicales para modificarla.
Si en 1975 los asalariados todavía percibían aproximadamente el 45% del ingreso nacional, a pesar del gobierno de Isabel Perón, diez años más tarde
con estancamiento económico y una población más numerosa, era sólo un 30% lo que recibían los trabajadores.
1984 - La CGT participó de la Mesa de Concertación convocada por el gobierno nacional.
1985 - La CGT se opuso al congelamiento de salarios, considerando al Plan Austral como un medio para resolver el pago de la deuda externa a costa de los salarios, más allá de la intención antiinflacionaria invocada por el gobierno.
1986 - En función de este estado de cosas socio-económico e institucional fue que la Central sindical propuso, en agosto de 1986, un “Programa de los 26 puntos para la Unión Nacional” (ver texto completo en archivo adjunto), y convocó a una nueva huelga general.
La situación institucional sindical.
La continuidad de las normas laborales y sindicales del “Proceso”, muchas de ellas proscriptivas e inconstitucionales, fue otra fuente permanente de conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
La normalización acordada (ley 23071), después de un primer intento fallido del oficialismo en el Congreso Nacional, permitió la realización de elecciones gremiales con la participación de una amplia mayoría de afiliados durante los años 1984/1985. Además estaba pendiente definir la representación de la CGT. todavía proscripta por la vigencia del decreto dictatorial nro. 22105 (1979).
Esta situación fue salvada en parte por un reconocimiento de hecho del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín hacia la dirección sindical provisoria que la legitimaba para desarrollar negociaciones institucionales.
Sin embargo, la CGT careció de personería gremial hasta el Congreso normalizador de noviembre de 1986, y hubo que esperar hasta abril de 1988, con la sanción de la nueva ley de asociaciones sindicales (nº 23551) para un reconocimiento institucional y legal pleno. Lo propio ocurrió con la legislación correspondiente a las convenciones colectivas de trabajo, con la reposición de la vigencia de la histórica ley nº 14250.
1986 - CGT.: Congreso normalizador y representatividad.
El 7 de noviembre de 1986, de acuerdo a lo acordado un par de meses antes con el gobierno, a través de la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se celebró en Buenos Aires el Congreso normalizador de la CGT. Para su realización se utilizaron las cifras de afiliaciones y lista de sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo.
Este fue el primer Congreso desde 1975. Participaron 1478 delegados congresales en representación de 4 millones de afiliados cotizantes (activos y jubilados), pertenecientes a 156 sindicatos. Durante la década 1976/1986 hubo una disminución de 1 millón de trabajadores sindicalizados, como consecuencia de la acción combinada de la represión dictatorial, la desindustrialización, el incremento del cuentapropismo y la intervención y desarticulación de las organizaciones sindicales.
El Congreso se celebró con la presencia de veedores de la OIT y del Ministerio de Trabajo, y resulto electo, legal y legítimamente, para el periodo 1986/1990, un nuevo Secretariado que se integró de la siguiente manera:
Secretario General: Saúl Ubaldini (Fed. Cerveceros); Sec Adjunto: Hugo Curto (UOM); Sec Gremial e Interior: José Pedraza (UF); Pro Sec Gremial e interior: Virgilio Nuñez (Luz y Fuerza); Sec. Hacienda: Alejo Farias (UOCRA); Pro Sec Hacienda: Hernán Prado (telegrafistas AATRA, afiliado a la UCR); Sec. Prensa: Guerino Andreoni (Comercio); Sec. Acción Social: Pedro Goyeneche (textiles AOT). El Secretariado se completaba con los Vocales: Miguel Candore (UPCN); Raúl Amín (SMATA); Juan Reyes (UTGRA); Luis Morán (industria alimentación SETIA); Victor De Gennaro (ATE); Omar Peombara (petroleros SUPE); Ruben Pereyra (Fed Obras Sanitarias); Carlos Cabrera (mineros AOMA); Juan Molina (sanidad ATSA); Juan Manuel Palacios (UTA); Ricardo Perez (Camioneros); Lesio Romero (Fed Industria de la Carne); y Gerónimo Izzeta (municipales COEMA).
Este hecho fue muy positivo porque cerró una década teñida por las persecuciones, las intervenciones y las proscripciones, y porque la CGT completó, así, hacia adentro de su propia orgánica, su valioso, y decisivo aporte a la democratización y la recuperación de las instituciones del orden constitucional.
1987/1988 - Entre los hechos mas destacados cabe señalar: el apoyo incondicional a la estabilidad democrática y al orden constitucional, y su franco repudio y movilización con motivo de los motines y sublevaciones militares ocurridos en la Semana Santa. En lo estrictamente sindical es importante mencionar el surgimiento del llamado Grupo de los 15 integrado por sindicatos que se mantuvieron dentro de la CGT , pero, que desde fines de 1987, fueron el sector “participacionista” (mas afín al gobierno), y lograron la designación de Carlos Alderete (Fed. Luz y Fuerza) como ministro de Trabajo nacional.
Como resultado de estas acciones sindicales, y de los cambios políticos producidos por elecciones legislativas y de gobernadores, donde predominó el sector renovador del Partido Justicialista, se acordaron y sancionaron, a mediados de 1988, las leyes que recompusieron la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, y la actual ley sindical, la nº 23551.
Las trece (13) huelgas generales que convocó y garantizó la CGT, con muy alta adhesión de trabajadores, y las movilizaciones y concentraciones masivas que los acompañaron, lo ubicaron a su Secretario General, Saúl Ubaldini, como un líder sindical indiscutido por representatividad y poder de convocatoria, y como un portavoz de amplios sectores populares críticos del proyecto y las políticas del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín


El período democrático - 2da parte-
b) desde julio de 1989 en adelante. El menemismo

En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 resultó electo el Dr. Carlos Menem, que el año anterior había triunfado en las elecciones internas nacionales del Partido Justicialista sobre los candidatos apoyados por los sectores políticos y sindicales renovadores del Peronismo.
La CGT participó activamente del proceso electoral. Germán Adbala (ATE) y Carlos Chacho Álvarez fueron elegidos diputados nacionales, y Saúl Ubaldini delegado al Colegio Electoral Nacional, en las boletas encabezadas por la fórmula Menem-Duhalde. “Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes (a la campaña): Bunge y Born, Loma Negra y Perez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Torino Macri, hermano de Franco) con 600.000; y Bridas con 500.000 dólares” (H. Verbitsky, Robo para la corona. Ed. Planeta. Buenos Aires. 1991).
Inmediatamente después de asumir, en medio de una crisis de hiperinflación, el Presidente acordó con los principales grupos económicos oligárquicos, en particular con Bunge y Born, decisiones políticas y económicas absolutamente opuestas al discurso y a la plataforma de gobierno sostenida en la campaña electoral. Esas medidas preanunciaron la adopción del neoliberalismo como doctrina, su alineamiento al gobierno de los Estados Unidos, al FMI. y al Banco Mundial, y sus posteriores políticas abiertamente antipopulares y antilaborales
El movimiento sindical se verá seriamente afectado. El peronismo se sentía traicionado por el presidente electo que había hablado del “salariazo” y la “revolución productiva” para luego hacer alianza con Bunge y Born y la UCD (Unión del Centro Democrático, partido de derecha encabezado por el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.)
El liderazgo de Ubaldini era cuestionado por Menem, tanto que la Comisión de Enlace (conformada por los primeros sindicatos que adhieren al menemismo y ex renovadores) solicita a los pocos meses la convocatoria a un Congreso Extraordinario para quebrar la incipiente resistencia a las primeras medidas del gobierno, y desplazar al líder cervecero.
El 10 de octubre de 1989 se inicia en el Teatro San Martín de la Capital Federal el Congreso Extraordinario de la CGT en el que se enfrentarán dos 7.
sectores y dos posiciones: aquellos que se proponen ejercer control crítico sobre el gobierno, liderado por Ubaldini y Lorenzo Miguel; y quienes priorizan el
apoyo irrestricto al gobierno, compuesto por los sindicatos miembros de la Comisión de Enlace y algunos alejados del ubaldinismo.
De allí surgieron dos estructuras orgánicas contrapuestas, y además algunos sindicatos se declararon “independientes”. La división fue forzada con una maniobra fraudulenta en la Comisión de Poderes (que verifica la legalidad y la representatividad de los delegaos congresales) luego denominado “menemista” por su incondicional adhesión y colaboración activa con el gobierno.
Sin duda la división sindical, y la desmovilización laboral y popular era una condición fundamental si se pretendía, como efectivamente ocurrió, profundizar, y consolidar el nefasto modelo socioeconómico del neoliberalismo en Argentina.
Como resultado de esa división quedaron conformados cuatro sectores:
- la CGT Azopardo, con Ubaldini como Secretario General, donde se encolumnan los gremios de la alimentación, camioneros (H. Moyano) docentes (CTERA), empleados estatales (ATE – V. De Genaro), metalúrgicos (UOM), telegrafistas, tranviarios (UTA – J.M. Palacios), marítimos, de Obras Sanitarias, Empleados de Farmacia, trabajadores de universidades nacionales (FATUN), químicos, periodistas, viajantes, La Fraternidad, judiciales (UEJN – J. Piumato), madereros y petroleros privados.
- la CGT San Martín, cuenta con el reconocimiento político y formal del gobierno, y esta encabezado por Guerino Andreoni (Empleados de Comercio) como Secretario General. Esta última conformada por los mercantiles, gastronómicos (UTGRA – L. Barrionuevo), de la carne, de la construcción (UOCRA – G. Martínez), mecánicos (SMATA – J. Rodríguez), plásticos (Jorge Triaca), telefónicos (FOETRA – J. Guillán), textiles, sanidad(FATSA – C. West Ocampo), ferroviarios (UF – J. Pedraza), vitivinícolas, azucareros, taxistas, del caucho, personal civil de la Nación (UPCN – A. Rodríguez), calzado, mineros, seguros, molineros y del vidrio.
- el “miguelismo”, es decir el grupo conducido por Lorenzo Miguel (metalúrgicos – UOM), e integrado entre otros por los petroleros (SUPE), recibidores de granos, viajantes de comercio, etc.
- los “independientes”, integrados por Luz y Fuerza, bancarios, y empleados de Correo (FOECYT – Baldassini), que se manifestaron próximos al gobierno, pero sin comprometerse con el participacionismo de la CGT San Martín.
“El inicio del proceso de privatizaciones de las empresas publicas y el tope a las demandas salariales impuesto por el plan económico Bunge y Born fueron disparadores del conflicto con los trabajadores y con el gremialismo. En ocasión del paro de gremios estatales en marzo de 1990, la medida sólo contó con el apoyo de la CGT Azopardo, mientras que se abstuvieron la CGT San Martín, los independientes, y los miguelistas integrados en la primera”. Historia de la economía argentina del siglo XX . Dr. Mario Rapoport - Director: Alfredo Zaiat -fascículo 51, pag 805 – La Página, Buenos Aires, 2007.-
1991 - En 1991, a partir de la aplicación del Programa de Convertibilidad, la estabilidad económica le permitió al menemismo consolidarse políticamente y ganar ampliamente las elecciones legislativas y de gobernadores. En la provincia de Buenos Aires fue electo el vicepresidente Eduardo Duhalde con el apoyo de la estructura política y sindical del menemismo. Saúl Ubaldini encabezó una lista opositora junto a Héctor Recalce, Hugo Moyano y dirigentes de la CGT Azopardo y de las Delegaciones Regionales que obtuvo el 2 % de los votos.
El resultado electoral condujo a la mayoría del sindicalismo a dos conclusiones: 1– que el modelo de Menem contaba con un mayoritario respaldo popular lo cual hacia prever su continuidad y probable consolidación; y 2– que para contener, o poner algún límite, a la política social y laboral del gobierno, la reunificación sindical era una necesidad urgente.
1992 - En marzo de 1992, en el Congreso de la CGT en Parque Norte (Capital Federal), los dos sectores (Azopardo y San Martín) se reunificaron mediante algunos acuerdos precarios, con Naldo Brunelli (UOM) como Secretario General.
También a principios de 1992 se organizó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego Central de Trabajadores Argentinos (CTA), un nuevo nucleamiento basado en la presencia de los estatales (ATE) y de los trabajadores de la educación (CTERA), que cuestiona frontalmente al modelo neoliberal, a las prácticas de los principales dirigentes de la CGT., y a la propia estructura histórica mayoritaria del sindicalismo argentino. Desde el punto de vista ideológico y político, allí confluyeron peronistas disidentes, socialistas, comunistas e independientes de izquierda; mas tarde se sumaron las expresiones sindicales de los partidos de tradición trotskista.
“Durante la implementación de las políticas de reforma del Estado, la relación entre los sindicatos y el gobierno atravesó dos etapas diferenciadas. La primera, de oposición a la privatización de las empresas estatales entre 1989 y 1990 se encuentra el record de los conflictos gremiales correspondientes a la gestión menemista hasta 1995 (751 en 1989; 864 en 1990). Los conflictos contra las privatizaciones en los gremios telefónico y ferroviario serán decisivos: el triunfo de los planes del gobierno debilitará en adelante la resistencia obrera. La segunda etapa, fue de reacomodamiento con voluntad negociadora: precisamente en 1991 el volumen total de los conflictos disminuyó (587), decreciendo aun mas en 1992 (279).” Breve historia del sindicalismo argentino. Santiago Senen González y Fabián Bosoer – Editorial El Ateneo – Buenos Aires – 1º edición – julio de 2009 – pagina 265.-
1993 - En este año se destaca como hecho político la firma de una serie de acuerdos entre el Presidente Menem, que busca habilitar su reelección, y el ex mandatario y líder de la UCR, Raúl Alfonsín, que son conocidos como el Pacto de Olivos. Como consecuencia, en mayo de 1994 se reúne la Convención Constituyente, y luego de meses de deliberación la reforma se jura el 22 de agosto en el Palacio San José, de Paraná (Entre Ríos).

(…) La contrapartida de la consolidación de los sectores dominantes luego de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 fue una crisis en el mercado de trabajo que avanzó aún en las etapas de mayor crecimiento económico pero cuya regresividad se profundizó cualitativamente a medida que se desaceleró la actividad económica. Una somera revisión de la evolución de los principales indicadores permite constatar la profundización de la revancha clasista puesta en marcha por la dictadura militar. Junto con la reducción del salario promedio, el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia registraron niveles inéditos que reforzaron el efecto disciplinador de la hiperinflaciones anteriores.” (Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 319).

1994 - El 1º de febrero de 1994, ante los avances de la política de flexibilización laboral del gobierno, el deterioro salarial, el aumento de la desocupación, y la inacción de la mayoría de la conducción de la CGT., el grupo de sindicatos original de la CGT Azopardo, se conformó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con mas de treinta y cinco (35) sindicatos nacionales (Camioneros, UTA., La Fraternidad, Alimentación, docentes privados (SADOP), UEJN (judiciales nacionales), trabajadores de televisión (SAT), obreros marítimos, trabajadores de publicidad (SUP), etc. Saúl Ubaldini, integro la primera conducción del MTA, que fue colectiva, junto a Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios, y Horacio Mujica (Fed. Empleados de Farmacias), entre otros dirigentes.
Poco después, en marzo, los tres sectores internos de la CGT (menemistas, miguelistas e independientes) convocan a un Congreso Extraordinario del que resulta electo Secretario General el dirigente petrolero menemista Antonio Cassia. Mientras en el interior del país las Delegaciones Regionales canalizan el descontento social, y algunas se unifican (por ejemplo en Rosario y Córdoba) para organizar movilizaciones de protesta.
La nueva conducción firma, a los pocos días, junto al gobierno y a los empresarios representativos de los grupos económicos oligárquicos y las corporaciones transnacionales, el llamado “Grupo de los Ocho”, un llamado Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, que facilitará a futuro, la implementación de las leyes flexibilizadoras,
Inmediatamente, el 6 de julio, se realiza la Marcha Federal convocada por la Mesa de Enlace que integran el MTA., la CTA., y la Corriente Clasista Combativa (CCC); y al mes siguiente, el 2 de agosto, el MTA y la CTA realizan en conjunto una huelga general con importante adhesión en el transporte, la educación y la administración pública, y con amplia aunque dispar repercusión en todo el país.
1995 - Las elecciones presidenciales acentuaron las divisiones políticas entre la CGT., que apoyó la candidatura del Presidente Menem, y el MTA y la CTA que respaldaron la fórmula del FREPASO, José O. Bordón – Carlos “Chacho” Álvarez. La reelección de Menem, obtenida con mas del 49% de los sufragios, motivó un replanteo al interior de la CGT., con miras a un accionar defensivo mas eficaz ante la muy previsible profundización del proyecto neoliberal de Menem y su ministro de Economía, Domingo F. Cavallo.
Un nuevo Congreso realizado el 4 de julio, designó a Gerardo Martínez (UOCRA) como Secretario General, con el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas y los sectores críticos al gobierno. El Secretariado se completó de la siguiente manera: Sec Adjunto, Juan José Zanola (Asociación Bancaria); Sec Relaciones Institucionales, Andrés Rodriguez (UPCN); Sec Prensa, Carlos West Ocampo (sanidad FATSA); Sec Cultura y Capacitación, Armando Cavalieri (Comercio FAECYS); Sec Seguridad Social, Luis Barrionuevo (UTGRA); Sec Acción Social, José Rodriguez (mecánicos SMATA); Sec Vivienda y Turismo, Oscar Lezcano (Luz y Fuerza); Sec Finanzas, José Pedraza (Unión Ferroviaria); Sec Administración, Pedro Goyeneche (textiles AOT); Sec Relaciones Internacionales, Francisco Gutierrez (UOM); y Sec Interior: Saúl Ubaldini (Federación Trabajadores Cerveceros).
Desde el inicio de la gestión de G. Martínez, el MTA condicionó su participación, exigía un plan de lucha contra el modelo que genera cada vez mas desocupación”. En un contexto marcado por la tasa mas alta de desempleo de la historia (18,6% en mayo de 1995), la creciente “flexibilización” laboral, el cierre de fábricas, la reducción de los salarios, los intentos de reformas regresivas a la legislación de convenciones colectivas, el intento de eliminar o limitar a las obras sociales sindicales, la disminución de los aportes patronales, etc., la reacción de los sindicatos y la protesta social eran inevitables.
En el Comité Central Confederal de la CGT reunido el 8 de agosto, el MTA apoyado por los sectores críticos, entre ellos algunos de los gremios más numerosos, logró imponer su propuesta, y se decidió por aclamación, un paro y movilización para el 6 de setiembre. En los días previos a la Jornada de Protesta, el MTA y la CTA coordinaron sus acciones y manifestaron públicamente que paraban y se movilizaban en contra del modelo de exclusión social. El día de la huelga, en la Plaza de los Dos Congresos, mas de 60 mil trabajadores se manifestaron contra la política social y económica del gobierno.
Este fue un acontecimiento importante de ese período por la acción conjunta de la CGT, el MTA, la CTA, la CCC, y otras agrupaciones, por la masividad de la convocatoria, y porque se logró instalar política y socialmente que el problema del desempleo era una de las consecuencias más graves del modelo neoliberal del menemismo, y que era urgente y necesario enfrentarlo.
El 20 de noviembre la Mesa de Enlace (MTA, UOM, CTA, CCC, FUA, y otros) realiza una nutrida marcha a la Plaza de Mayo contra la desocupación y la pobreza.
1996/1997 – en estos años se comienzan a ser evidentes las dramáticas consecuencias sociales de las políticas sociolaborales del menemismo, y del proceso de privatizaciones que produjo el cierre de refinerías, plantas fabriles y minas, del 90 % de los ramales ferroviarios, el establecimiento de peajes, etc., afectando la supervivencia de ciudades enteras. (…) El 12 de abril de 1997 cientos de trabajadores desocupados de la ciudad neuquina de Cutral-co, en su mayoría ex obreros petroleros y de la construcción, surgen de la invisibilidad para formar piquetes y cortar la ruta 17. En la represión muere Teresa Rodríguez. Poco después los piquetes reaparecen en Salta (Tartagal y General Mosconi). Al mismo tiempo surgen piquetes en el partido bonaerense de La Matanza. Ese mismo año, en las elecciones parlamentarias el menemismo es derrotado por la Alianza UCR-FREPASO. Se produjo entonces un punto de inflexión en la relación con el conjunto del movimiento obrero. La CGT se suma al MTA, a la CTA, y a la CCC en las movilizaciones contra la política económica.

Epílogo
“El nivel de participación de los asalariados en el ingreso fue irreversible, pero con modalidades diferentes a través del tiempo. En los primeros años de la dictadura militar, la concentración del ingreso avanzó exclusivamente mediante la brutal caída del salario real promedio, mientras que en los años ochenta comenzó a incidir la desocupación y, más aún, la subocupación de la mano de obra. Finalmente, durante la década de los noventa, si bien se acentuó la contracción salarial, la principal vía fue el explosivo crecimiento de la desocupación y, en menor medida, pero también significativa, el de la subocupación de la mano de obra. Estos fenómenos desencadenaron los inusitados niveles de pobreza extrema que irrumpieron en esos años. (…) Es indudable que esta situación se agravó durante los años noventa, coincidiendo con una profundización del proceso de desindustrialización y la privatización de las empresas estatales, deviniendo los trabajadores desocupados en uno de los estratos más dinámicos en las luchas sociales que se desplegaron durante los últimos años de la Convertibilidad. Aunque todos los estratos formaban parte de la clase trabajadora, es indudable que la profunda heterogeneidad no sólo volvió más dificultosa la convergencia sobre reivindicaciones comunes sino que, incluso, se comenzaron a esbozar contradicciones entre ellos”.
(…) “En diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad, sino que se agotó de manera irreversible el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.” ((Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 453; 470).

Las estadísticas muestran que mientras en el período 1983/1989 la frecuencia de las huelgas generales fue de una cada seis meses; en el período1989/1999 disminuyó a una cada quince meses. Estos números deben comprenderse en el contexto histórico y debe reconocerse la influencia de importantes factores internos y externos. Con respecto a estos últimos, hubo un retraimiento general del movimiento sindical a nivel internacional “vinculado con la caída de los regímenes socialistas y el avance de la globalización. En cuanto a los factores internos se destaca la experiencia traumática de la hiperinflación” (Historia económica argentina del siglo XX- MR/AZ, pag. 806). Asimismo entre estos últimos debe destacarse el impacto disciplinador y desmovilizador de la hiperdesocupación que asoló a la clase trabajadora desde fines de los noventa hasta los tres primeros años de este siglo, pese a lo cual las luchas sindicales y sociales nunca se interrumpieron, ni decayeron.
-.-.-
Estos como los otros hechos políticos, sociales y sindicales mencionados pueden verificarse en los diversos textos valiosos que analizan este período de nuestra historia. Mario Rapoport, Juan Carlos Torre, Héctor Recalde, Julio Godio, Arturo Fernández, son algunos de los investigadores destacados a los que hemos recurrido, y sus producciones están disponibles.

El último cargo sindical de importancia de Saúl Ubaldini fue su designación como Secretario de Interior de la CGT en 1995. Posteriormente continuó ligado al MTA; mas tarde, fue también fue dos veces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en ambas, vinculado al duhaldismo, y cumplió dos mandatos 1997/ 2001, y fue reelegido hasta 2005. A partir de mayo de 2006, fue contratado como asesor de Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido. Falleció a los 69 años, victima de un cáncer de pulmón, el 19 de noviembre de 2006.
Había nacido en el barrio de Mataderos, en Capital Federal, hijo de un obrero de la carne y una costurera. Trabajó como cadete, como aprendiz de taller mecánico y en una farmacia pero la búsqueda terminó cuando ingresó al frigorífico Lisandro de la Torre, donde comenzó su carrera gremial como delegado, y participó de la huelga e histórica toma del 1º de enero de 1959, conducida por Sebastián Borro. Fue encarcelado por primera vez en 1964. Poco después se incorporó a la Compañía Argentina de Levaduras y allí ingresó al mundo de los Cerveceros. En 1972 fue elegido secretario general de la Federación Obrera Cervecera Argentina (FOCA). Desde allí fue en 1977 a la Comisión de los 25.
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Este procura ser un aporte al rescate, la reflexión, y al imprescindible debate sobre el rol del movimiento sindical y sus dirigentes, con sus luces y sombras, con sus lógicas contradicciones y limitaciones, en el contexto de la historia y las luchas nacionales.
A titulo informativo, a modo reflexivo, y con sana vocación de polémica, dada la relevancia protagónica de la clase trabajadora y las organizaciones y agrupaciones sindicales en el pasado, presente y futuro de nuestra Nación, y en particular respecto del Peronismo, en tanto identidad política, constitutiva, y vigente, de la gran mayoría del Movimiento Sindical Argentino.
Néstor Lafleur.

miércoles, 20 de enero de 2010

APOYO DEL CEPLAS A LA RECUPERACION DE LA SOBERANIA EN LAS COMUNICACIONES

CEPLaS - Area de comunicación y Publicaciones.

El Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales considera que es imprescindible continuar profundizando y consolidando el actual proceso de transformaciones que lleva adelante la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, tanto en lo politico, lo social, lo laboral y lo economico, por lo cual reiteramos nuestro apoyo en general, y en particular, junto a la CGT y a FOETRA, en lo referido a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios.
Comisión Directiva
Néstor Lafleur
Presidente
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La CGT apoya la estatización de Telecom
Adhirió a la "recuperación de la soberanía (...) frente a las maniobras de los monopolios".
La CGT que conduce Hugo Moyano emitió un comunicado de apoyo a la posibilidad de reestatizar la empresa Telecom Argentina. Ayer, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había amenazado con quitarle la licencia por "incumplimiento de las leyes nacionales y abuso de posición dominante". En el Gobierno evalúan una nacionalización parcial para convertirla en una empresa mixta como Papel Prensa. El texto dado a conocer por la central obrera comienza así: "Atento las maniobras llevadas adelante por los grupos empresarios, con complicidad de la Justicia, para afianzar el monopolio de Telefónica sobre todas las comunicaciones en el territorio nacional". El comunicado además explica que "tal como lo han expresado los compañeros de FOETRA, los trabajadores estamos preparados para garantizar el funcionamiento del servicio y afianzar la soberanía sobre algo tan estratégico como las comunicaciones". "Al mismo tiempo, advertimos sobre la ofensiva política que desde la Justicia llevan adelante los jueces identificados con las políticas implementadas en la Argentina, desde el 24 de marzo de 1976, y que recrudecieron a partir de 1989; haciendo una interpretación antojadiza de las normas legales se han lanzado a boicotear la acción del Gobierno Nacional defendiendo los criterios económicos monopólicos y usurarios que impulsó el neoliberalismo y que terminaron con el saqueo de nuestro patrimonio y prácticamente llevaron al quiebre a la Nación en el año 2001", continúa. "La Argentina necesita una justicia independiente tanto de todos los poderes políticos como de las grandes corporaciones económicas, responsables de la designación de los magistrados que hoy disciplinadamente responden a quienes contribuyeron a su designación, aunque ello implique una traición al mandato soberano del Pueblo argentino", sostiene el documento difundido por la agencia de noticias Télam. "Por ello, los trabajadores organizados manifestamos nuestra voluntad de seguir acompañando el proceso de transformaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en ese sentido, reiteramos nuestro apoyo a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios", finaliza. El texto lleva la firma de Julio Piumato y Hugo Moyano.--------------------19/01 - Los telefónicos, por la reestatización.
"Estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente", dijo el titular del sindicato FOETRA, Osvaldo Iadarola.
El secretario general de FOETRA, Osvaldo Iadarola, manifestó este martes que su gremio está "totalmente de acuerdo" con dar de baja la licencia de Telecom Argentina y sostuvo que si eso se concreta, los "trabajadores estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente". "Nosotros analizamos con mucho detenimiento, los últimos dos años, la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo". El dirigente sindical reivindicó la facultad del Gobierno nacional de intervenir en estas cuestiones porque de lo contrario, advirtió, "cualquier operador haría lo que se le ocurriese. Acá hay que respetar las normativas del Estado nacional como pasa en otros lados". "Nosotros analizamos la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos que los análisis de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Comunicaciones son un trabajo serio, las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo con el anuncio que hizo el ministro (por De Vido), enfatizó el secretario en declaraciones a radio El Mundo. Desde el Poder Ejecutivo, se sostiene que la intención es desmonopolizar un mercado altamente concentrado desde que fue privatizado. Los principales dirigentes de los partidos de la oposición, en cambio, replican que lo que se pretende es castigar al Grupo Clarín –interesado en quedarse con una parte de Telecom– y premiar a empresarios afines, entre los que sobresale el consorcio que integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez. Iadarola insistió en que "acá hay un hecho que es concreto, que no es ninguna mentira: la otra compañía que opera en la Argentina ha comprado acciones en un holding, concretamente en Italia, de la cual Telecom de Italia tiene supremacía sobre Telecom Argentina". "Entonces éste es un tema que nosotros dijimos que es responsabilidad del Gobierno analizarlo y tomar las resoluciones que tenga que tomar, no nos compete a nosotros", remarcó el jefe de FOETRA. Para el Poder Ejecutivo Nacional el conflicto estaría terminado si Telefónica de España devuelve las acciones que compró en Telecom Argentina y las revende. En tanto, el ministro ya dio las instrucciones para reponder la decisión judicial de suspender las pautas de desinversión impuestas por el Gobierno a los accionistas de las telefónicas. En Planificación no duda que si el proceso se traba en la Justicia, el tema llegará al Congreso para que lo definan los legisladores: "Que nadie se confunda, no nos temblará el pulso", advirtió ayer el Ministro De Vido.

domingo, 10 de enero de 2010

Kirchner habla de todo y de todos: Reportaje exhaustivo: pasado, presente y futuro-

Reportaje exhaustivo: pasado, presente y futuro
Hombre de la Plaza Rosada
Kirchner habla de todo y de todos. Las lecciones de la derrota bonaerense, Cobos y Redrado, el Indec, la oposición desestabilizadora, su patrimonio, Clarín y Telecom. El alejamiento de Ocaña y Saín. Crecimiento del 0,5 por ciento en 2009. ¿Bastan el PJ y la CGT para desafiar a tantos enemigos tan poderosos? Las asignaturas pendientes de su gobierno que Cristina está rindiendo. Proyectos para profundizar el modelo en 2010 y alianzas para sustentarlos. Inclusión, petróleo y matrimonio gay.
Por Horacio Verbitsky
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Cuando le pido que identifique los tres mayores aciertos de su presidencia, sonríe. “El principal fue animarme a abrir la puerta del despacho para entrar”, dice. Se recuerda como un presidente muy débil, en medio de una situación política, económica e institucional de “ingobernabilidad absoluta”. Ni siquiera la dirigencia política que lo apoyaba coincidía con su idea sobre el país. “Abrí una ventana. La Plaza de Mayo estaba llena. Fue la más triste que vi en mi vida, porque allí había un pueblo que demandaba trabajo, atención, que la Casa Rosada se diera vuelta y dejara de mirarlos con la nuca.” A veces las palabras no acuden cuando las precisa. Las ideas se le atropellan y la boca es un embudo muy estrecho, como el día en que habló de “un grito de aire fresco”. Su relación con sujeto, verbo y predicado no se inspira en la de Juan Perón. Le salen frases enrevesadas que a menudo quedan truncas, con los puntos suspensivos de una obra de Armando Discépolo, pero se hace entender mucho mejor que tanto pulcro abogado sentencioso. Dice que se acercó “a esa Plaza Rosada” y sintió que con el cargo había asumido todas las responsabilidades por la situación. “Tarea difícil la de ser presidente”.
Los pactos que no fueron
A los pocos días, un ministro le dijo que la Corte Suprema de Justicia se proponía redolarizar la economía si no se le brindaban “determinadas seguridades”. Por la noche lo consultó con Cristina y el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Vuelve a reír: “En aquel momento yo era el Chirolita de Cristina”. Cuando decidieron explicar a la sociedad que el gobierno no aceptaba este trato extorsivo “empezó uno de los procesos más importantes de la institucionalidad argentina”, que condujo al establecimiento de una Corte Suprema independiente, elegida con un método transparente. Pero advierte que más de una vez ha estado en desacuerdo con sus fallos y se intuye que no las tiene todas consigo sobre lo que el tribunal pueda decidir cada vez. Es que al formar esa Corte con no partidarios, como hizo Mitre un siglo y medio antes, se ató al mástil de una institucionalidad a prueba de editoriales exaltados de los herederos de su precedente y de los socios mayores.
Días antes de asumir, una visita importante le planteó que para garantizar la convivencia debían ratificarse las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
–El ex senador Eduardo Duhalde.
–Sí, pero también algunos compañeros.
Dice que el impulsor de esa especie de “acuerdo cívico militar” fue el general Ricardo Brinzoni, quien había visitado a varios gobernadores para llevarles su propuesta. Kirchner lo recibió durante un almuerzo en Comandante Piedrabuena.
–Me habló de un trabajo coordinado para sostener la institucionalidad. Le respondí que la mejor manera era que cada uno cumpliera con el rol que le asigna la Constitución. A muchos les sorprendió que en cuanto asumí lo relevé. Lo hice en defensa del gobierno que comenzaba, porque bajo su conducción las Fuerzas Armadas volvían a actuar en terrenos que no les correspondía.
–¿Y con las leyes de impunidad?
–Pedí tiempo hasta comenzar mi gobierno, que necesitaba fortalecerse. Y cuando asumí respaldamos los juicios que se estaban realizando, como pedían los organismos y el sistema interamericano de derechos humanos, derogamos el decreto que firmó De la Rúa contra las extradiciones solicitadas por el juez Baltasar Garzón y pedimos la ratificación de la Convención Internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la nulidad de las dos leyes.
Mucho más que tres
Le hago notar que los tres mayores aciertos que mencionó se produjeron en los primeros meses de su gobierno. Son los más importantes porque sin ellos no hubiera habido institucionalidad, dice, pero limitarlo a tres le parece mezquino. “Son muchos más.” La enumeración que sigue a borbotones incluye los gemelos superávit comercial y fiscal, la renegociación de la deuda externa, el pago al Fondo Monetario Internacional para que deje de condicionar la política económica, la recuperación del trabajo con la creación de cinco millones de puestos nuevos, los 23 aumentos concedidos a los jubilados, la reapertura de las negociaciones paritarias, la fijación mediante sucesivos aumentos del salario mínimo más alto de Latinoamérica, la inclusión en el sistema provisional de un millón y medio de trabajadores pasivos que habían quedado sin ninguna cobertura. “Todo esto va vertebrando un sistema muy diferente al que recibimos y también diferente a lo que pasa ahora. A mí me tocó sacar a la Argentina del infierno. Por eso las contradicciones de esa etapa son diferentes a las contradicciones de este gobierno...
–Después hablamos del gobierno de Cristina...
Pero Kirchner no quiere interrumpir su razonamiento. Dice que las contradicciones son diferentes porque cambió el campo de alianzas. Entonces “había muchos que aún pensando diferente acompañaban porque todos querían salir del infierno, pero ahí todavía no se perfilaba la definición profunda del modelo, y ahora sí”. Cuando le pregunto por los tres mayores errores o carencias de su mandato, su respuesta se adelanta a la pregunta siguiente: las falencias de su gobierno, que reconoce, son los principales méritos del de su esposa. No parece deliberado, pero sumando ambas cosas, no hay más que aciertos. Ese es el estilo que les permitió darle a la caída electoral del 28 de junio la dimensión de un traspié, cosa que exaspera a los opositores que los daban por acabados. Una vez Cristina dijo que eran dos cuerpos con un solo cerebro.
Los medios y los fines
Kirchner no percibió que “la democratización debe ser total, más profunda”, que también era necesario consolidar “un sistema de medios absolutamente democrático y no monopólico”. Tuvo “la ingenuidad de esperar comprensión, para construir una Argentina democrática”. Después de reintegrar al sistema previsional a quienes habían quedado afuera por las privatizaciones que dejaron a tantos sin empleo, entendió que esa respuesta era parcial. También se habían privatizado “los fondos de los trabajadores, mediante las famosas AFJP, que crearon gran parte de la deuda argentina, por el buco que generaron en el presupuesto”. Se suponía que esos fondos servirían para crear un mercado de capitales, que benefició a muy pocos y descapitalizó a los trabajadores. La decisión posterior de recuperar el sistema previsional “la podríamos haber realizado nosotros, pero no lo vimos con claridad”. No parece recitar un libreto, sino buscar respuestas que aún no conoce. “A veces, es necesario ganar en homogeneidad, un proyecto tiene que ir construyendo conciencia en la gente”, tantea. Luego vuelve a terreno más conocido: “A este proyecto político lo atacan mucho más por los aciertos que por los errores”. Esos aciertos, dice, hicieron que se juntaran muchos “sin ideas y sin proyectos, sólo por tratar de revertir lo avanzado”.
“A Cristina le toca enfrentar un núcleo duro cerrado y desestabilizador, que se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos mediáticos, a los que se suma una oposición política que destruyó la Argentina dos veces y no aporta ideas para la construcción a partir del caos que ellos crearon. Por el contrario, siempre tratan de profundizar cualquier contradicción para que todo se agrave. Eso es lo que hoy tenemos enfrente y lo que en la Argentina futura se va a debatir”.
Frente a ese cuadro, afirma que la respuesta de CFK consiste en mejorar la calidad institucional y pone como ejemplos la Ley de Medios Audiovisuales, la recuperación del sistema previsional, la asignación universal a cada hijo, el Fondo del Bicentenario. Kirchner entiende que la Asignación Universal es la medida de política social más importante que se adoptó en medio siglo. “Muchos dicen que ellos la plantearon primero. No vamos a discutirles. Si todos la querían, que la presidente la haya adoptado es un triunfo de todos. ¿No?”. También reivindica el Plan Argentina Trabaja, que mediante las cooperativas se aparta de los planes clientelistas que se dictaron en el inicio del siglo, “inclusive en algún momento de nuestro gobierno”. Es difícil compatibilizar su enfoque con los de la oposición, política, corporativa y mediática, que denuncia un atropello institucional tras otro. “Son los que trabajan para desestabilizar al gobierno. Lo que ocurre es que no nos estamos rindiendo al sistema. Llegamos para transformarlo”, replica.
Conflictos de intereses
La personificación de esa queja es el vicepresidente Julio Cobos. Kirchner pide que se tome conciencia del lastre que debe remontar Cristina, con el único “vicepresidente desestabilizador” que tuvo la democracia desde 1983, que “goza de los privilegios institucionales de un proyecto político al que traicionó y del que se plantea como alternativa”. También señala el machismo de la sociedad, al que atribuye que haya prosperado “el cuento de que yo tomo las decisiones, con el que intentan desgastarla. No la conocen a Cristina, ni a mí”.
El escollo con que chocó el actual gobierno a poco de andar fueron las patronales agropecuarias. Kirchner cree que “se podría haber comunicado mucho mejor” pero defiende la necesidad de las retenciones al comercio exterior de la soja, “tanto por la extensión de sus plantaciones y el nivel de precios como por la distribución del ingreso”. Omite nombres pero opina que “quienes trabajaban con Cristina en el tema no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Se remite a una declaración de su esposa: “sin renunciar a las medidas en las que uno cree, desde la presidencia hay que buscar una síntesis, sin odios ni enojos”. Pero lo que se ve es un conflicto ríspido. “Que no nos asuste, muchas veces habrá conflicto de intereses. Ordenar los intereses de la sociedad significa equilibrar cargas que no lo están y eso genera conflictos”. Pero cree posible una síntesis, que no perjudique a nadie y que respete “los intereses de la mayoría de los argentinos”.
El gran examen
Cuando habla de su esposa trasunta una admiración que no se compadece con la imagen tan difundida, que la reduce a mera emanación de su voluntad. Dice que el manejo de la crisis internacional fue “el gran examen que dio Cristina”. Describe la crisis como más profunda que la de los años ’30, con el derrumbe del sistema financiero, el estallido de la burbuja especulativa simbolizada por instituciones como Lehman Brothers, emblemáticas del Consenso de Washington, y el uso del Estado como resguardo cuando todo temblaba. “Los dirigentes europeos y estadounidenses no podían comprender lo que les estaba pasando ni atinaban a aplicar el antídoto correcto, hasta que apelaron al tipo de medidas defensivas que nos criticaban a nosotros”. El razonamiento se cierra en el punto en que comenzó: “¿Se imagina si hubieran estado a cargo quienes gobernaron la Argentina en la década del ’90 o en la crisis de 2001? Hubiéramos tenido política de ajuste, descuento de salarios, descuento de ingresos a las provincias, pactos fiscales a cuenta de la coparticipación”. Y, aunque no lo diga, represión, para imponer ese programa. Agrega que “quienes hoy tanto hablan de coparticipación son los mismos que firmaron todos los pactos fiscales y llamaban a los gobernadores para que las provincias resignaran fondos”.
Reservas y deuda
La alabanza se refiere a las políticas activas para el sector automotor, el campo, la construcción, la inversión pública. Cuenta que en marzo hay 150 escuelas a inaugurar y miles de obras básicas y fundamentales para activar y para generar empleo, que comenzaron en 2008 y 2009. “Por eso la Argentina creció el 0,5 o 0,6 por ciento pero no decayó”.
–¿En 2009?
–Sí. Decían que se iban a vender 200 mil automóviles, se vendieron 550 mil. La recaudación aumentó en los dos últimos meses del año, y en este enero que comienza, está creciendo a dos dígitos. Se exportó carne por 1935 millones de dólares, cuando decían que iba a ser necesario importar. También ingresaron 670 millones de dólares por exportaciones de lácteos. A pesar de la tremenda crisis internacional, de la sequía, del conflicto, de no haberse liquidado algunas cosechas, los resultados económicos permitieron llegar a 48.240 millones de dólares de reservas.
–Varias fuentes de la oposición dicen que se reinicia el endeudamiento.
–Eso no es serio. Estamos pagando la deuda que contrajeron los gobiernos que se sucedieron desde 1976 hasta 2003. Cuando asumimos, la deuda equivalía a más de una vez y medio el Producto Bruto, ahora apenas pasa del 40 por ciento.
¿Qué es una derrota?
Reformulo su planteo de esta manera: desde 1983 hasta 2003 rigió un pacto de gobernabilidad. Los intereses hegemónicos que emergieron de la dictadura autorizaron la subsistencia de gobiernos electos, siempre que no afectaran sus negocios y que ajustaran sobre las espaldas de los trabajadores. Kirchner rompió este acuerdo en 2003. Pero entonces, ¿cómo se explica que su candidatura haya sido derrotada por nadie el 28 de junio?
–Hubo varios factores. El conflicto por la 125 produjo una confusión en la sociedad, que poco a poco se fue aclarando. Después empezamos a remontar desde muy atrás. Había sectores que de verdad querían que el gobierno se cayera...
–¿Querían?
–Y siguen queriendo. Dirigentes con nombre y apellido lo han dicho en público.
Cree que parte de la confusión fue que se atribuyera a factores internos la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios y mediosbajos, que no lo relacionaron con la crisis internacional. También computa la zozobra que provocó la pandemia de gripe A. Pero considera central debatir si su construcción política fue correcta, porque percibe alguna desconexión entre el mensaje a la sociedad “y aquellos que tenían que instrumentarlo, que a veces pensaban más en sus intereses individuales que en los del proyecto nacional. Sin proyecto nacional es imposible que haya un proyecto provincial y menos proyectos municipales. Lo estamos discutiendo, nos autocriticamos”. También incluye en el análisis lo que llama “el cerco mediático para desgastarnos y limarnos”, y los recursos ilimitados de la campaña de quienes resultaron ganadores cuyo gasto “fue astronómico” y del que no debieron rendir cuentas. Aunque dice que “fuimos la primera minoría del país, por más de 6, 7 puntos”, no intenta minimizar el fuerte simbolismo de la derrota en la provincia de Buenos Aires. “Nos ganó la derecha”, señala.
La incidencia del Indec
Le doy mi opinión sobre la incidencia de la situación del Indec. El maquillaje de las cifras devaluó toda palabra pública y el enmascaramiento de la inflación dificultó ver ese sufrimiento de los sectores medios-bajos y bajos y demoró una medida como la Asignación Universal, que debería haberse tomado mucho antes.
Kirchner interrumpe, con esa actitud de peleador que tanto irrita como admira:
–Pero se tomó...
Trato de terminar el razonamiento:
–...y en cambio se prefirieron los acuerdos con sectores oligopólicos, que bajaban dos o tres artículos por unos días, mientras subían todos los demás, y dos o tres semanas después subían también los precios acordados.
No coincide. Por un lado, defiende el cambio de un sistema armado para un esquema neoliberal donde crecían los servicios y desaparecía el resto. También señala que había funcionarios del INDEC cercanos a las consultoras, aunque no quiere generalizar porque la mayoría le parecen decentes. Pero además observa que en el momento de las elecciones la caída de la actividad había hecho que los precios se mantuvieran o cayeran. ¿Y el efecto de la negada inflación anterior sobre la credibilidad oficial?
–Se puede discutir. Pero lo importante es lo que se está haciendo ahora. El gobierno no se ha encerrado como si se sintiera dueño de la verdad absoluta. Se está haciendo un trabajo conjunto con las universidades nacionales, que permitirá crear un sistema que quede fuera de toda duda. La presidente ha elegido ese camino para buscar la solución definitiva.
Aún así, no niega la posible influencia del INDEC en el resultado electoral. “Sería absurdo de mi parte. Nunca hay una sola causa que determine un resultado”. Pero insiste en ponderar los otros elementos que mencionó.
Llamados de atención
Pienso en la depresión y el repliegue de Alfonsín después de la derrota de 1987, en las maniobras de Menem después de la de 1997 para que lo sucediera la inofensiva oposición y no sus feroces compañeros, en la terca negación con que De la Rúa fingía que la derrota de 2001 no lo afectaba porque no había sido candidato. La reacción de Kirchner no se parece a ninguna de ellas. Acepta el resultado en forma autocrítica, pero no lo siente como un drama (la oposición dice que actúa como si no hubiera ocurrido). Se ríe cuando recuerda sus malos resultados en varias elecciones en su provincia, donde después se impuso.
–La política es así. A veces hay derrotas que son llamados de atención, y además de analizar por qué se pierde hay que ver con quién se pierde. Lo más grave es que no perdimos con una fuerza progresista sino con el pasado, con los años ’90. No hay más que ver lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno dice que nosotros estamos terminados, y él todavía no empezó. A nosotros nadie nos puede quitar el valor de que hemos sabido gestionar, administrar. Este señor no ha podido mantener una sola decisión, y ha tomado las más agraviantes. Lo grave es que nosotros perdimos con eso y nuestro análisis es que ocurrió por no haber profundizado y corregido las cosas que teníamos que corregir. Por eso se tomaron todas las medidas que se tomaron después del 28 de junio.
Le menciono tres proyectos de reforma que él no aprobó: la fiscal en la que trabajó Felisa Miceli, la de la Ley de Entidades Financieras de Carlos Heller y la de la Carta Orgánica del Banco Central que presentó Mercedes Marcó Del Pont.
–Hubieran sido profundizaciones del modelo y, por ejemplo, hubieran evitado el problema con Redrado.
–Nos quedamos sin Felisa.
–Desde el gobierno se paró esa reforma mucho antes, porque Clarín había publicado una tapa sobre el tema.
Pero seguimos trabajando, dice, sin explicar cómo ni cuándo.
–El tema de la Carta Orgánica del Banco es una asignatura pendiente. La conversamos pero nos quedamos ahí por no alterar el funcionamiento del sistema financiero. Mercedes presentó un buen proyecto, hay que discutirlo, pero el mundo no termina hoy ni mañana, y la presidenta tiene muchas cosas más claras de lo que las tenía yo. Con Heller estamos conversando sobre este tema, nunca fue rechazado.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-138276.html
Innovación tecnológica y matrimonio gay
Proyectos y alianzas 2010
Por Horacio Verbitsky
Qué proyectos piensa impulsar y basado en qué alianzas, le pregunto. Su respuesta es formal: eso lo está pensando la presidente.
–Pero ustedes hablan del tema...
–...por supuesto, pero...
–... algo le habrá contado...
–... la idea es clara y ella lo está diciendo, profundizar el modelo, y esto marca con quién nos podemos aliar. Difícil que nos aliemos con De Narváez.
–Pero, ¿en qué temas están pensando?
Es elusivo, estamos trabajando, dice.
–No pido proyectos terminados. Sólo temas.
–En consolidar un modelo productivo, competitivo e inclusivo, con fuerte consolidación tecnológica, de investigación, de innovación y de autonomía en la globalización. Hay que ver de dónde partimos, los desafíos hoy son mucho más profundos. La inclusión, la transformación educativa tienen que profundizarse...
(Me pregunto si la cuestión no está madura, si ella no le ha contado en qué piensa o si estas generalidades sólo intentan preservar la sorpresa, marca distintiva de la factoría Kirchner. Entretanto él sigue hablando.)
–... en modelos, en contenidos, en funcionamiento, el Conicet es fundamental. También se debe profundizar la igualdad de derechos civiles. Tenemos que avanzar sobre temas que a veces son irritativos para ciertos sectores de la sociedad, en los que la restauración conservadora confronta con los que queremos transformar la Argentina.
–Cuando dice ampliación de los derechos civiles, ¿está pensando en la ley de matrimonio?
–Sí. En el siglo XIX sólo existía el matrimonio eclesiástico. La ley de matrimonio civil constituyó una ampliación de los derechos civiles. La que permitió el divorcio vincular un siglo después también. El matrimonio entre personas del mismo sexo será otra profundización equivalente. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, sólo con establecer la igualdad de todas las personas ante la ley. La gobernadora Fabiana Ríos fue muy valiente al permitir el matrimonio de esos dos muchachos en Tierra del Fuego.
Por encima de los partidos, ve dos bandos bien definidos. Si alguna vez los llamó de izquierda y derecha, ahora los define como de la restauración conservadora y de transformación. Pactar con la restauración conservadora sí le parecería una derrota grave. “Para que pudiera haber un ’55 y un ’76 fue necesario que sectores de la sociedad civil creyeran que se podía pactar con los sectores conservadores para arreglar o modificar cosas que, si estaban mal, se deberían haber modificado desde la institucionalidad y la democracia”.
La doctrina del sombrero
Le pregunto si la CGT y el PJ, que fue una de las herramientas que disciplinaron a la sociedad para el ajuste de la década del ’90, son una base suficiente para respaldar las transformaciones profundas que ya se hicieron y para impulsar las que faltan.
Dice que también hubo sindicalistas que se opusieron al proyecto neoliberal en centenares de movilizaciones y denuncias, como la de la ley Banelco, y menciona al actual secretario de la CGT, Hugo Moyano y a los dos que tuvo la CTA, Víctor De Ge-nnaro y Hugo Yasky. “Los trabajadores argentinos, en su gran mayoría, han contribuido al fortalecimiento y al sostenimiento del gobierno de Cristina”, dice. Sobre el PJ opina que algunos dirigentes siguen la doctrina de acomodar el sombrero de acuerdo con los vientos. “Fueron neoliberales en los ’90, nos acompañaron en la transformación del 2003 al 2007, y sienten que ahora llegó la época de la restauración conservadora, la racionalidad, la llamada reconciliación”. Piensa que por mala comunicación o por errores propios esos dirigentes se reacomodan “con los propios intereses que uno toca, en derechos humanos, económicos, mediáticos. Para salir bien en el diario Clarín o en alguna cámara de televisión, hacen seguidismo de lo que la ola mediática crea”. Pone como ejemplo a Redrado, de quien dice que antes de su insubordinación al decreto presidencial tuvo una reunión con Héctor Magnetto.
Cuenta que los mismos que lo habían ayudado en 2003 quisieron condicionarlo en 2005, para volver a un modelo conservador popular, sin profundizar el cambio. Le pregunto por qué después de derrotarlos incorporó al gobierno a quienes acompañaron ese intento de Duhalde. Dice que por sentido integracionista y para evitar confrontaciones. “Pero a veces con el bautismo y el voluntarismo no basta para reencauzar a aquellos que fueron apóstoles de un modelo.” Aun así, no coincide con aquellos para quienes “si está el PJ no hay posibilidad de transformar la Argentina”. El PJ tiene que seguir evolucionando, para convertirse en el centro de identidad de la transformación, lo cual requiere amplitud para convocar a todos los sectores que en esta etapa estén por consolidarla. Agrega:
–Lo que la historia no le perdonaría al PJ, pero tampoco a los sectores progresistas no justicialistas, es que por vedetismo permitieran la restauración conservadora.
Su ejemplo constructivo es Martín Sabbatella, quien no oculta sus diferencias con el gobierno pero considera que no es posible construir una centroizquierda progresista sin reconocer los méritos que ha tenido, “porque si no siempre estamos partiendo de cero”.
Le pregunto qué haría el diputado Kirchner si el diputado Fernando Solanas presentara un proyecto de recuperación de los recursos energéticos. “Estudiar bien lo que dice.” Recuerda que la Constitución determina que los recursos naturales no renovables pertenecen a las provincias. “Si es presidente de la Comisión de Energía supongo que puede presentar un buen proyecto. Ha sido muy crítico de nuestro modelo de producción, que ha aumentado mucho las inversiones energéticas. He conversado con él alguna vez, pero no me pareció que tuviera muy claro qué quería hacer. No me gusta prejuzgar ni discutir quien lo dijo primero. Quiero ver el proyecto y después hablamos”.
La pequeña mesa chica
Varias veces mechó alusiones al vicepresidente Cobos y mientras hablábamos se atrincheraba el chico del flequillo dorado y las corbatas estridentes. Le pregunto si la mesa chica no es demasiado chica para un gobierno que ni siquiera convoca a reuniones de gabinete, si es posible impedir errores como la elección de Cobos o Redrado sin discusión en espacios más amplios, y cómo puede sostenerse un proyecto cuyos únicos candidatos posibles son ella y él. Dice que la idea de la presidente al elegir a Cobos fue ampliar la base de sustentación convocando a otros sectores con generosidad. “Lástima la respuesta de apropiarse de un proyecto colectivo para reducirlo a un proyecto personal. Para lograr ese marco amplio también debe haber mucha responsabilidad”. Ni siquiera admite la existencia de algo que pueda llamarse kirchnerismo. “El nuestro es un proyecto político progresista.” Dice que hay muchos candidatos en el Justicialismo. Menciona a dos gobernadores jóvenes, como Capitanich y Urtubey, o con mucha experiencia, como Alperovich y Gioja, y “al mismo Scioli”.
–¿Scioli?
–Sí, hay gente que lo ve como candidato.
–¿En serio?
–Sí, sí...
Le pregunto por la prometida y no concedida personería de la CTA. Responde que el compromiso se mantiene y ofrece a Edgardo De Petri como testigo. Le recuerdo que han pasado siete años. “Hoy es una decisión de la presidenta”, se escabulle. Una vez ella dijo que la promesa la había hecho él. ¿Así funcionan los dos cuerpos con una sola cabeza?
Le indico que el espacio político que él propone ampliar tiene una tendencia expulsiva y lo ejemplifico con Graciela Ocaña y Marcelo Saín. Ella con sus denuncias contra la mafia de los medicamentos y la efedrina, él con el trabajo policial que detectó la valija de Antonini Wilson, blindaron al gobierno. Me propone invertir el razonamiento: “Tuvimos la virtud de designar a esos correctos funcionarios, cuya tarea valoramos mucho. Si se han ido será porque tienen una visión diferente en algo. Nunca he dicho una palabra en contra de ninguno de ellos. Uno no puede coincidir en todo, pero incorporaciones de ese tipo pueden repetirse en cualquier momento”.
Las cosas en juego
Le pregunto por su declaración jurada. Contesta que él y su esposa fueron los únicos presidentes sometidos a una completa investigación patrimonial, no una sino tres veces, con análisis periciales una vez del cuerpo de la Corte Suprema y otra no recuerda si de Prefectura o Gendarmería. Como en otros temas, atribuye mala fe al tratamiento mediático de la cuestión, que interpreta dirigido a desgastarlos, proscribirlos, ensuciarlos. Dice que su patrimonio se formó hace treinta años. Lo que cambió fue su valuación, porque vendieron bienes que estaban registrados a la tasación fiscal de aquella época. “Propiedades que tenían un valor fiscal de 2000 las vendimos a 100.000 dólares, para hacer otras inversiones. Ahí aparece un crecimiento de 98.000 dólares, pero sigue siendo el mismo bien patrimonial.”
–¿Por qué no lo dijeron?
–Lo dijimos, pero funcionó el cerco mediático.
–Lo dijeron ahora, no cuando se presentó la denuncia.
–También dijimos que queríamos someternos a la investigación como corresponde a cualquier ciudadano y no interferir ni apurar determinaciones que debe tomar la propia Justicia. Intervino un juez que no conocemos y que nadie puede ligar a nosotros.
Dice que todo su patrimonio está declarado ante la AFIP y lo coteja con “gran parte de la dirigencia política” que durante años presentó declaraciones juradas en blanco, como si no tuvieran ningún bien, y sin embargo viven paseando por el mundo, viajan en aviones particulares, van de vacaciones a los centros turísticos más caros. Ironiza que siempre tienen amigos, son herederos o la mamá de la mujer tenía la plata.
El tema lo incomoda. Le pregunto si le parece legítimo que quien ejerce el Poder Ejecutivo realice actividades económicas particulares, compre y venda. Contesta con otra pregunta: “¿Por qué no, si ninguna norma lo prohíbe?”. Le digo que en este momento Chile está tratando un proyecto de ley...
–Sí, lo estamos siguiendo...
–... que presentó Bachelet...
–... queremos ver cómo es...
–... parecido a cómo es en Estados Unidos. Todos los bienes se ponen en un fideicomiso ciego. El propietario no sabe en qué se invierte.
–Habrá que verlo. Pero hoy por hoy, ¿quién te administra sino y te paga tus impuestos? ¿Cómo movés tu patrimonio? No es pecado tener un patrimonio. El 75 por ciento son inmuebles que ya teníamos cuando fui intendente por primera vez en 1987. Hay legisladores y gobernadores, actuales o pasados, que no tenían un peso cuando ingresaron en la función pública, y no se los ha investigado. Creo que llegó la hora de que toda la dirigencia política argentina diga de qué vive. Las declaraciones de bienes no son en absoluto creíbles. Hay que crear la comisión de ética del Congreso.
Sería una buena práctica, le digo. Luego le pregunto si tiene conciencia del efecto que causa en la gente común que el matrimonio presidencial tenga un patrimonio cercano a los 50 millones de pesos. La actitud defensiva sugiere que la respuesta es negativa:
–¿Y qué hago con lo que tengo? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Para ser buen presidente no hay que tener nada? Es absurdo. Si lo que tengo es bien habido, lo sostengo y lo defiendo.
Le pregunto por la consultora que formó con su mujer y su hijo. “Es una barbaridad”, contesta, molesto. Dice que constituyeron la Consultora Chapel, pero que nunca realizó operación alguna y que además protocolizaron su disolución ante la Justicia. “Nunca operó, no compró ni una caja de fósforos y ya no existe.”
Quiero saber por qué prorrogó la concesión de tragamonedas en el hipódromo de Palermo y autorizó a que se instalaran más máquinas. Dice que toda la información está en el expediente, con el estudio que justifica la decisión. Mi pregunta es por qué lo hizo en la última semana de su mandato presidencial. Dice que por que el expediente estaba terminado y no había una sola objeción. “No firmarlo sería como decir que permití que se tramitara algo doloso.”
Contradicciones
Le pregunté por dos medidas de su gobierno que favorecieron al grupo económico Clarín. La primera fue la prórroga por diez años de todas sus licencias de radio y televisión. Dice que de otro modo se fundían los canales 2 y 9. José Luis Manzano, Francisco De Narváez y Daniel Hadad, le digo. Toma la mención al vuelo y dice que eso prueba que no fue una decisión personalizada. En forma indirecta, también se vio favorecido Clarín, dice. La segunda medida fue la administración conjunta de Cablevisión y Multicanal. Kirchner niega haberla autorizado y remite a un dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia “que dijo que se estudie” y dejó en manos del Comfer si era posible llevar adelante la fusión”.
–La secretaría de Comercio Interior la aprobó.
–Sí, pero con condiciones que ellos no cumplieron. En el dictamen del Tribunal de la Competencia, José Sbatella hizo observaciones precisas y claras sobre aspectos monopólicos.
–Pero Comercio no las tomó en cuenta y le pidieron la renuncia.
–Nunca esquivo la responsabilidad. Con los datos que tenía en la mano en aquel momento, el tema era discutible. Y lo concedimos a pesar de los ataques que ya recibíamos de Clarín. Luego quedó comprobado sin lugar a dudas que se formaba un monopolio sin control.
Le pregunto si algún hecho específico marcó el punto de no retorno en la relación. Dice que el problema principal es que “ellos quieren que los argentinos elijan pero ellos gobiernen” y por eso “viven presionando”. Agrega que “pidieron apoyo para un negocio en el que estaban interesados” y se lo negaron.
–¿Qué negocio era?
–Telecom. Querían que nosotros hiciéramos lobby para que ellos la compraran. La presidenta les dijo que su tarea no es hacer lobby por nadie sino cuidar los intereses de los argentinos. Telecom está en una situación monopólica y tiene que vender. Que le venda a quien le convenga. Pero el gobierno no es empleado de ningún grupo.
–¿Qué respondieron ellos?
–Lo que está a la vista en estos días, esa desinformación permanente, por decirlo con delicadeza.
A seguro se lo llevaron preso
Le pregunto por el problema de la seguridad y la situación de las cárceles en Buenos Aires y Mendoza, donde sigue creciendo la cantidad de personas detenidas sin condena, en condiciones de alojamiento vergonzosas. Su respuesta es que la imprescindible construcción de cárceles nuevas se demora por las impugnaciones que se presentan en cada licitación. Agrega que también hay que preparar a los cuadros que trabajarán en esas cárceles y una política de rehabilitación de las personas privadas de su libertad, con trabajo e inclusión. Señala que la solución se dificulta por los efectos que produce en la sociedad el uso que los medios hacen del tema, como si pudiera resolverse a tiro limpio. La discusión entre garantías y mano dura le parece vieja y anticuada. Con independencia de la dureza de las leyes o la edad de imputabilidad, si a un chico “no le enseñamos que su vida vale, si la sociedad lo tiene excluido, marginado ¿por qué va a pensar que tu vida vale? Y si la vida de ese pibe no vale nada, la tuya tampoco”. Es precisa una tarea política, formativa, inclusiva, dice.
–Pero en la provincia de Buenos Aires están cortando presupuesto para esas cosas y lo único que proponen son reformas legislativas para endurecer penas y ablandar garantías.
Kirchner dice que no es partidario de hacer seguidismo de coyuntura y que esto no se soluciona con la mera suba de penas. Por otra parte piensa que hay normativa suficiente para que los jueces decidan cuándo conceder o denegar una excarcelación. “El poder político, el poder judicial, tienen que operar con decisión para sanear las instituciones policiales”. Desde el golpe de 1976 en adelante se pensó que la seguridad se lograba violando la ley y se inculcó eso a la policía. Sólo hubo algunos intentos, como los de Carlos Arslanian o Juan José Alvarez que tenían una idea distinta e intentaron un cambio. “Si a la policía no se la ordena definitivamente, no se le dan conceptos claros, no se termina con todos los delincuentes que tiene adentro, va a ser imposible alcanzar una solución racional.” También piensa que los jueces y fiscales no deben seguir las coyunturas ni encerrarse en dogmas cerrados y además “tiene que haber responsabilidad mediática, explicar bien por qué suceden determinados hechos y no generar alarma”. Dice que es necesario tener “comisarías dignas”, asegurar el acceso fácil de la población a ellas, con claro control de las instituciones sobre los lugares donde funcionan, con participación comunitaria. Reordenado el funcionamiento judicial y policial deben tomarse todas las medidas, por duras que sean, con quien corresponda. Menciona en ese sentido la denuncia del ministro Carlos Stornelli sobre asesinatos cometidos “bajo el auspicio de las fuerzas de seguridad”.
–Esa denuncia procura cubrirlo a él, a raíz del episodio de la familia Pomar. Un mes antes, cuando el juez Arias denunció que la policía extorsionaba a chicos para hacerlos delinquir, Stornelli lo intimó a retractarse o probarlo.
–Respeto ese análisis, pero es trascendente que el propio ministro de Seguridad haya hecho esa denuncia. Creo que el gobernador de Buenos Aires tiene que tomar decisiones fuertes en el campo jurídico y policial, construir una infraestructura de cárceles, mejorar las comisarías.
–Entretanto el gobernador está incumpliendo una orden de la Corte Suprema, al volver a llenar las comisarías de presos, con lo cual además aumenta la inseguridad, porque sustrae personal policial a las tareas de seguridad.
–Lo he conversado con el gobernador y lo veo predispuesto a solucionarlo con todas sus fuerzas. Esperemos que lo haga.
Una pregunta alfonsinista
Volvió a sonreír cuando le dije que terminaría con una pregunta alfonsinista: ¿Qué cosas no supo, no quiso, o no pudo hacer?
–Que no supe, debe haber miles, por limitaciones, carencias. Que no pude, ninguna. Cuando uno tiene la responsabilidad pública, sería una cobardía decir que no pude. Hay cosas que no me animé a hacer, para no desestabilizar, para no profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo. Por eso no coincido con la teoría de que la democracia se caía si no se derogaban determinadas leyes. Con todo respeto lo digo, no quiero afectar la imagen de alguien que no está. Lo importante es tener convicciones, principios. Estoy satisfecho con lo que me tocó hacer y con el tiempo que me tocó vivir. Todo lo que traté de hacer y me animé lo hice. Algunas cosas fuertes, que algunos amigos me propusieron, como bajar el cuadro de Videla. Al principio no veía su fuerte contenido simbólico, para profundizar un rumbo. Pero lo hicimos y fue totalmente acertado. Y también enfrentamos al poder económico. Sin duda cometí errores, pero hicimos, creamos cinco millones de puestos de trabajo, incorporamos a dos millones de jubilados. Todo fue muy difícil.
–La primera vez que me comentó la posibilidad de que Cristina fuera la candidata, me dijo que sería mejor presidenta que usted.
–Nadie la conocía mejor que yo. Muchas veces salimos del infierno pero después volvimos al pasado. Yo sabía que Cristina tiene la inteligencia y la capacidad para darle las bases al modelo para transitar hacia un futuro distinto. Por eso era más apropiada que yo para la etapa que venía. Va a terminar magistralmente su mandato porque está haciendo una excelente administración. Y se equivocaron cuando creían que no tenía temple.
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Paracaidistas húngaros
Por Horacio Verbitsky
La oposición consiguió unificarse para la piñata de los cargos y ahora va a tratar de repetirlo para los otros dos o tres temas en los que pueden coincidir desde Pino a Pinedo, como el Consejo de la Magistratura o el Indec. Le pregunto si ése es el tipo de leyes que el Ejecutivo debería vetar o mejor sería reconocerlas como reflejo de una nueva relación de fuerzas. Su respuesta es tajante: que se modifique la relación de fuerzas no significa renunciar a convicciones y principios. De allí vuelve a la falta de proyectos de la oposición, dividida en tantos bloques que piensan diferente y a los que sólo une el derecho a oponerse. Los equipara a una Unión Transitoria de Empresas, que sólo se congrega como una estructura lucrativa, y los contrasta con Oscar Alende, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, John William Cooke, a quienes imagina de pie junto a su banca defendiendo sus ideas “aunque supieran que iban a ser pulverizados en la votación”. Además, “¿los que se dicen de izquierda quieren el mismo país de los que se dicen de derecha, o sólo se unen para trabar?”. Dice que él se hace cargo de sus aciertos y sus desaciertos, pero que nadie debería hablar como si fuera un paracaidista húngaro. Se refiere a los dirigentes radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, que en los diarios del día aparecían como celosos custodios de las reservas del Banco Central. “El gobierno del doctor Alfonsín, dicho con todo respeto por su gran figura, dejó el Banco con 600 millones de dólares de reservas. Cuando renunció De la Rúa, de quien Morales fue funcionario, no llegaba a 8 mil millones”. Dicho lo cual agrega que no hay que preocuparse por ellos sino por apoyar a la presidente para que “gobierne cada día mejor”.
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