LOS 80 AÑOS DE LA CGT
1930 – 27 DE SETIEMBRE - 2010
Desde sus mismos orígenes, hacia mediados del siglo XIX, la clase trabajadora nacional luchó y se organizó primero en mutuales y luego en sindicatos y fue construyendo las bases del que fue, a mediados del siglo XX, y lo sigue siendo hoy mismo, en la primera década del siglo XXI, uno de los movimientos sindicales mas poderosos de Latinoamerica, y sin duda entre los primeros del mundo.
La Confederación General del Trabajo, la CGT, nuestra CGT, fue y es la principal organización de esa lucha y de ese esfuerzo de Unidad y Solidaridad; y es sin duda, hoy a 80 años de su fundación, la organización emblemática de los logros politicos y sociales y las resistencias heroicas, mas alla de las claudicaciones y los errores de algunos de sus dirigentes, a lo largo de su extraordinaria historia.
Poco después del programa del 1º de mayo de 1890, comenzó el esfuerzo sostenido de las distintas corrientes ideológicas fundadoras del movimiento obrero a fines del siglo XIX (anarquistas, socialistas, sindicalistas), algunas de las cuales confluyeron, después de muchos fracasos, y a pura convicción y perseverancia, en forma mayoritaria, en la fundación de la Confederación General del Trabajo –CGT- el 27 de septiembre de 1930.
Posteriormente, la movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945, y la reforma constitucional de 1949, y el Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951 constituyeron sendos hitos fundamentales como expresiones revolucionarias y democráticas, y en términos de acción, pensamiento, derechos sociales, modelo económico y justa distribución de la riqueza. Todo ello con la conducción de Perón y Eva Perón constituyó un enorme salto cualitativo y cuantitativo en el modelo de Estado y en el rol, y en el poder político y social del movimiento sindical.
Además, en el mismo sentido, en los últimos cincuenta años, se produjeron iniciativas y hechos político sindicales relevantes, tales como: los Programas de La Falda (Plenario de las 62 Organizaciones, y de las Delegaciones Regionales de la CGT, 1957), de Huerta Grande (Plenario de las 62 Organizaciones, y de las Delegaciones Regionales de la CGT, 1962), de la CGT de los Argentinos, 1º de mayo de 1968), la resistencia a la última dictadura militar (la “segunda década infame” - 1976/1983), junto las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, y otras organizaciones sociales y populares, y de los 26 Puntos de la Unión Nacional (CGT, 1986, con Saul Ubaldini como Secretario General).
Con posterioridad, a partir de la última década del siglo XX, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), se destaca como una, entre otras valiosas experiencias de resistencia al neoliberalismo y sus diversas expresiones políticas, laborales y sociales, a la vez que reivindica, junto a otros agrupamientos y sindicatos la pertenencia a la CGT y la vocación de recuperarla de las manos de organizaciones y dirigentes comprometidos y/o claudicantes ante el neoliberalismo en sus variantes menemista y aliancista.
La situación hoy.
Desde 1976 y hasta ahora, el neoliberalismo se ha constituído en la doctrina de la clase propietaria, es decir de la oligarquía, el sector social dominante, un bloque de poder integrado por la elite de los grupos económicos locales y de las empresas transnacionales.
Ese neoliberalismo como modelo político y económico de saqueo, exclusión, e injusticia social, consolidó su impronta en la estructura del Estado, de la sociedad, y de la economía durante los diez años de la presidencia Ménen, la “tercera década infame”; y , finalmente, con el gobierno de De la Rúa y Cavallo llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001 y principios de 2002, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Pasados casi nueve años, hoy, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta primera etapa de reconstrucción, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias del movimiento sindical y social, entre las cuales ha tenido un rol fundamental la CGT conducida por el cro. Hugo Moyano.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero aún subsisten importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal que explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social.
En esta primera década del siglo XXI, en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la clase trabajadora nacional y sus organizaciones, el movimiento sindical y social, con la CGT al frente, enfrentan el desafío, y la responsabilidad histórica, de protagonizar la construcción de un Nuevo Proyecto Nacional, con plena democracia, con recuperación de la soberanía, y con inclusión y Justicia Social.
La Plata, 27 de setiembre de 2010.-
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LABORALES Y SOCIALES
Comisión Directiva
http://ceplaslaplata.blogspot.com / ceplaslaplata@yahoo.com.ar
lunes, 27 de septiembre de 2010
martes, 13 de julio de 2010
Mario Rapaport - Comparando las crisis "La montaña rusa de 1929 y la acutual".
Buenos Aires Económico, 07-07-2010.-
Una forma de entender mejor la crisis económico-financiera que vive el mundo actualmente es hacerlo a través de un análisis histórico-comparativo. Es decir, comparando sus causas y sus formas con las que históricamente originaron y experimentaron otras crisis. Puede aducirse que las tecnologías, sobre todo las de las comunicaciones y las de la información, han avanzado muchísimo en los últimos ochenta años.
Sin embargo, las estructuras básicas del capitalismo permanecen y funcionan de manera parecida. Si las operaciones especulativas son hoy mucho más sofisticadas y extensas, en el fondo adoptan esquemas del pasado. De modo que resulta útil comparar la crisis actual con la de 1929, la más importante que tuvo hasta ahora el capitalismo, aun para aquellos que piensan que los aspectos que aproximan a ambas son menores que los que las diferencian. Intentemos ese ejercicio:
1. Las dos crisis comienzan en los Estados Unidos, el corazón del sistema capitalista, y rápidamente se mundializan. En su origen y repercusiones tienen coincidencias.
2. Tanto en la economía mundial de los años ’20 como en la primera década de este siglo hay un predominio del pensamiento económico ortodoxo (ahora neoliberal).
3. Si hoy hablamos de un régimen de acumulación basado en el capital financiero o de que la economía mundial está influenciada fuertemente por las finanzas, los mercados tuvieron también un alto grado de incidencia en el crac del ’29. En los años previos se asistió (como antes de la crisis reciente) a una sobrevaluación de títulos y acciones de empresas mediante artificios especulativos. También, como ocurrió actualmente, los movimientos internacionales de capital, totalmente liberalizados y atraídos por altas e irreales tasas de ganancias, contribuyeron a incrementar la inestabilidad del sistema.
4. En los dos casos hubo fuertes crisis bancarias con la quiebra de numerosos establecimientos financieros.
5. Teniendo en cuenta diferencias tecnológicas y de sofisticación, algunos de los principales instrumentos de especulación actuales ya estaban presentes en 1929. Las sociedades de inversión de aquella época tienen cierto paralelismo con los fondos especulativos existentes hoy. Los tipos y modalidades de las actividades especulativas son parecidos (como el esquema Ponzi utilizado por Bernard Madoff, según el cual una operación fraudulenta de inversión puede continuar mediante nuevos endeudamientos). También la existencia de paraísos fiscales y la especulación en el negocio inmobiliario caracterizan, en distintas medidas, ambas épocas (con la diferencia de que actualmente ese negocio estuvo potenciado por los créditos hipotecarios subprime).
6. Tanto en un caso como en el otro las burbujas especulativas se originan en el mal funcionamiento de la economía real. En el ’29 hay una evidente crisis de sobreproducción (o una insuficiencia de la demanda efectiva si lo vemos desde un punto de vista keynesiano). La economía del siglo XXI padece un problema similar que permanece semioculto hasta el estallido de 2007 por el endeudamiento excesivo de gobiernos e individuos.
7. Ambas se relacionan con procesos de largo plazo. El origen de la crisis reciente debe rastrearse a fines de la década del ’60 y comienzos de la década del ’70, con la crisis del dólar y el aumento de los precios del petróleo. La crisis de 1929 fue también el desenlace de un proceso muy extenso de reestructuración de la economía mundial que se inicia con el Tratado de Versalles de 1919 y abarca más de tres décadas.
8. Los directores de la Reserva Federal de 1929 fueron criticados como responsables directos del crac bursátil y de sus consecuencias por su pasividad ante el hecho y sus reacciones tardías. Al igual que ellos, en 2007 los dirigentes de las principales instituciones financieras estadounidenses no previeron la crisis, empezando por el presidente de la Reserva Federal, durante casi veinte años (hasta 2006), Alan Greenspan, quien creía que los mecanismos de libre competencia eran eficaces y que con el solo manejo de las tasas de interés podía mantenerse controlado el sistema financiero.
9. En los Estados Unidos la desigualdad de ingresos de los años previos al crac de 1929 era semejante a la que existe actualmente, resultado de políticas en muchos aspectos similares. Según Krugman, en 1920 el 10% de la población, la de mayores ingresos, percibía el 43,6% de la renta nacional; en 2005 ese 10% detentaba casi exactamente lo mismo, el 44,3% de la renta. En cuanto al 1% de los más ricos para ambos períodos su participación era para esos años de 17,3% y 17,4% respectivamente.
10. Las coyunturas específicas fueron más disímiles. Los precios de las materias primas estaban cayendo ya desde mediados de la década del ’20 (ahora subieron precediendo a la crisis para luego disminuir); las políticas de altos aranceles empujaban a represalias de otros países (ahora el proteccionismo tiene la forma de subsidios y existen la OMC y los bloques comerciales). Tampoco existían en 1929 organismos financieros internacionales como en la actualidad (aunque esos organismos no cumplieron función alguna y el salvataje financiero debieron hacerlo los distintos gobiernos), ni en muchos países bancos centrales. Por supuesto, la base tecnológica y productiva, así como el grado de mundialización de la economía, son muy diferentes. Otra diferencia es que en el ’29 se derrumba definitivamente el sistema de patrón cambio oro. Ahora no se observa todavía una salida a los problemas del sistema monetario internacional.
11. Una posible semejanza a nivel geopolítico es que en el período de entreguerras se produjo una crisis de hegemonía: Gran Bretaña estaba en decadencia pero seguía siendo un centro financiero importante, los Estados Unidos no querían o no podían asumir todavía un rol de liderazgo. Ahora Washington tiene ese rol que es contestado, por la debilidad de su propia economía, tanto por otros centros de poder como por países emergentes. ¿Se abre una situación parecida, al menos sobre el plano económico? La crisis actual demuestra, de todos modos, que la existencia de una potencia hegemónica tampoco garantiza la estabilidad del sistema.
12. En cuanto a sus consecuencias, Eichengreen y O’Rourke, un economista norteamericano y otro irlandés, han realizado una comparación estadística de los indicadores de la economía mundial que muestra que en muchos aspectos la crisis reciente no produjo en sus inicios efectos menores que la de 1929. Con este propósito tomaron un índice de 100 para junio de 1929 y abril de 2008 (considerados puntos pico) y demostraron que la declinación del producto industrial, del mercado mundial de valores, del volumen del comercio exterior y de otros indicadores más desagregados, como la caída de las industrias europeas y no europeas, fue semejante o mayor para los nueve meses siguientes a las fechas indicadas en 2008 que en 1929.
Es bueno, en cualquier caso, volver a estudiar comparativamente el pasado para darnos cuenta de que la montaña rusa tiene siempre, cualquiera sea su diseño, el mismo punto de partida y de llegada. La diferencia reside en lo vertiginoso de sus subidas y bajadas.
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Mario Rapoport es economista y doctor en historia. Su especialidad son las Relaciones Internacionales e Integración Regional. Se desempeña actualmente como Director del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la UBA y es investigador principal del Conicet. Con más de 14 libros publicados, desde 1991 dirige la revista CICLOS en la historia, la economía y la sociedad. Integra el Plan Fenix de la UBA, siendo miembro del grupo de fundadores.
Entre sus libros se pueden destacan:Historia económica, política y social de la Argentina; Política y diplomacia en la Argentina: ¿aliados o neutrales?; La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial; Economía e historia. Contribuciones a la historia económica argentina; Estados Unidos y el Peronismo; Globalización, integración e identidad nacional; y Cono Sur, Una historia común.
Una forma de entender mejor la crisis económico-financiera que vive el mundo actualmente es hacerlo a través de un análisis histórico-comparativo. Es decir, comparando sus causas y sus formas con las que históricamente originaron y experimentaron otras crisis. Puede aducirse que las tecnologías, sobre todo las de las comunicaciones y las de la información, han avanzado muchísimo en los últimos ochenta años.
Sin embargo, las estructuras básicas del capitalismo permanecen y funcionan de manera parecida. Si las operaciones especulativas son hoy mucho más sofisticadas y extensas, en el fondo adoptan esquemas del pasado. De modo que resulta útil comparar la crisis actual con la de 1929, la más importante que tuvo hasta ahora el capitalismo, aun para aquellos que piensan que los aspectos que aproximan a ambas son menores que los que las diferencian. Intentemos ese ejercicio:
1. Las dos crisis comienzan en los Estados Unidos, el corazón del sistema capitalista, y rápidamente se mundializan. En su origen y repercusiones tienen coincidencias.
2. Tanto en la economía mundial de los años ’20 como en la primera década de este siglo hay un predominio del pensamiento económico ortodoxo (ahora neoliberal).
3. Si hoy hablamos de un régimen de acumulación basado en el capital financiero o de que la economía mundial está influenciada fuertemente por las finanzas, los mercados tuvieron también un alto grado de incidencia en el crac del ’29. En los años previos se asistió (como antes de la crisis reciente) a una sobrevaluación de títulos y acciones de empresas mediante artificios especulativos. También, como ocurrió actualmente, los movimientos internacionales de capital, totalmente liberalizados y atraídos por altas e irreales tasas de ganancias, contribuyeron a incrementar la inestabilidad del sistema.
4. En los dos casos hubo fuertes crisis bancarias con la quiebra de numerosos establecimientos financieros.
5. Teniendo en cuenta diferencias tecnológicas y de sofisticación, algunos de los principales instrumentos de especulación actuales ya estaban presentes en 1929. Las sociedades de inversión de aquella época tienen cierto paralelismo con los fondos especulativos existentes hoy. Los tipos y modalidades de las actividades especulativas son parecidos (como el esquema Ponzi utilizado por Bernard Madoff, según el cual una operación fraudulenta de inversión puede continuar mediante nuevos endeudamientos). También la existencia de paraísos fiscales y la especulación en el negocio inmobiliario caracterizan, en distintas medidas, ambas épocas (con la diferencia de que actualmente ese negocio estuvo potenciado por los créditos hipotecarios subprime).
6. Tanto en un caso como en el otro las burbujas especulativas se originan en el mal funcionamiento de la economía real. En el ’29 hay una evidente crisis de sobreproducción (o una insuficiencia de la demanda efectiva si lo vemos desde un punto de vista keynesiano). La economía del siglo XXI padece un problema similar que permanece semioculto hasta el estallido de 2007 por el endeudamiento excesivo de gobiernos e individuos.
7. Ambas se relacionan con procesos de largo plazo. El origen de la crisis reciente debe rastrearse a fines de la década del ’60 y comienzos de la década del ’70, con la crisis del dólar y el aumento de los precios del petróleo. La crisis de 1929 fue también el desenlace de un proceso muy extenso de reestructuración de la economía mundial que se inicia con el Tratado de Versalles de 1919 y abarca más de tres décadas.
8. Los directores de la Reserva Federal de 1929 fueron criticados como responsables directos del crac bursátil y de sus consecuencias por su pasividad ante el hecho y sus reacciones tardías. Al igual que ellos, en 2007 los dirigentes de las principales instituciones financieras estadounidenses no previeron la crisis, empezando por el presidente de la Reserva Federal, durante casi veinte años (hasta 2006), Alan Greenspan, quien creía que los mecanismos de libre competencia eran eficaces y que con el solo manejo de las tasas de interés podía mantenerse controlado el sistema financiero.
9. En los Estados Unidos la desigualdad de ingresos de los años previos al crac de 1929 era semejante a la que existe actualmente, resultado de políticas en muchos aspectos similares. Según Krugman, en 1920 el 10% de la población, la de mayores ingresos, percibía el 43,6% de la renta nacional; en 2005 ese 10% detentaba casi exactamente lo mismo, el 44,3% de la renta. En cuanto al 1% de los más ricos para ambos períodos su participación era para esos años de 17,3% y 17,4% respectivamente.
10. Las coyunturas específicas fueron más disímiles. Los precios de las materias primas estaban cayendo ya desde mediados de la década del ’20 (ahora subieron precediendo a la crisis para luego disminuir); las políticas de altos aranceles empujaban a represalias de otros países (ahora el proteccionismo tiene la forma de subsidios y existen la OMC y los bloques comerciales). Tampoco existían en 1929 organismos financieros internacionales como en la actualidad (aunque esos organismos no cumplieron función alguna y el salvataje financiero debieron hacerlo los distintos gobiernos), ni en muchos países bancos centrales. Por supuesto, la base tecnológica y productiva, así como el grado de mundialización de la economía, son muy diferentes. Otra diferencia es que en el ’29 se derrumba definitivamente el sistema de patrón cambio oro. Ahora no se observa todavía una salida a los problemas del sistema monetario internacional.
11. Una posible semejanza a nivel geopolítico es que en el período de entreguerras se produjo una crisis de hegemonía: Gran Bretaña estaba en decadencia pero seguía siendo un centro financiero importante, los Estados Unidos no querían o no podían asumir todavía un rol de liderazgo. Ahora Washington tiene ese rol que es contestado, por la debilidad de su propia economía, tanto por otros centros de poder como por países emergentes. ¿Se abre una situación parecida, al menos sobre el plano económico? La crisis actual demuestra, de todos modos, que la existencia de una potencia hegemónica tampoco garantiza la estabilidad del sistema.
12. En cuanto a sus consecuencias, Eichengreen y O’Rourke, un economista norteamericano y otro irlandés, han realizado una comparación estadística de los indicadores de la economía mundial que muestra que en muchos aspectos la crisis reciente no produjo en sus inicios efectos menores que la de 1929. Con este propósito tomaron un índice de 100 para junio de 1929 y abril de 2008 (considerados puntos pico) y demostraron que la declinación del producto industrial, del mercado mundial de valores, del volumen del comercio exterior y de otros indicadores más desagregados, como la caída de las industrias europeas y no europeas, fue semejante o mayor para los nueve meses siguientes a las fechas indicadas en 2008 que en 1929.
Es bueno, en cualquier caso, volver a estudiar comparativamente el pasado para darnos cuenta de que la montaña rusa tiene siempre, cualquiera sea su diseño, el mismo punto de partida y de llegada. La diferencia reside en lo vertiginoso de sus subidas y bajadas.
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Mario Rapoport es economista y doctor en historia. Su especialidad son las Relaciones Internacionales e Integración Regional. Se desempeña actualmente como Director del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la UBA y es investigador principal del Conicet. Con más de 14 libros publicados, desde 1991 dirige la revista CICLOS en la historia, la economía y la sociedad. Integra el Plan Fenix de la UBA, siendo miembro del grupo de fundadores.
Entre sus libros se pueden destacan:Historia económica, política y social de la Argentina; Política y diplomacia en la Argentina: ¿aliados o neutrales?; La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial; Economía e historia. Contribuciones a la historia económica argentina; Estados Unidos y el Peronismo; Globalización, integración e identidad nacional; y Cono Sur, Una historia común.
miércoles, 2 de junio de 2010
Hector Recalde - Inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas
La inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas
02-06-2010 /
Héctor Recalde
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el pasado 19 de mayo en los autos “González, Martín Nicolás c/Polimat S. A. y otro” inconstitucional una serie de decretos que encontraron su origen en la crisis económica que atravesó nuestro país durante los años 2002 y 2003, mediante los cuales se otorgaron a los trabajadores que se desempeñaban bajo relación de dependencia en el sector privado sumas de carácter no remuneratorio en concepto de aumentos salariales considerando que se había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores.
La causa se inició con la demanda del trabajador Martín González contra Polimat S. A. y Raya S. A., en procura del cobro de créditos salariales y otras indemnizaciones derivadas del despido resuelto por la empleadora con fecha 9 de octubre del año 2003. De igual modo, el asalariado solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03 en cuanto calificaron como “no remunerativos” los incrementos que dispusieron en los ingresos de los trabajadores del sector privado comprendidos en las convenciones colectivas del trabajo y en el régimen de la negociación colectiva, en los términos de la ley 14.250 y sus modificatorias.
En primera instancia el fallo fue favorable al trabajador en cuanto al reclamo del carácter remunerativo de dichos aumentos. Sin embargo, a posteriori, una vez apelada la sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el fallo de primera instancia, y consecuentemente redujo la condena por diferencias salariales en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo anual complementario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con elevado criterio, hizo lugar al recurso extraordinario por encontrarse los requisitos reunidos y revocó unánimemente el pronunciamiento de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la constitucionalidad de los decretos mencionados, ya que desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que disponen.
Es dable señalar que el origen de los mencionados decretos se encuentra en el intento por recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, quienes por aquellos años se enfrentaban a dario a una creciente incertidumbre acompañada por una clara inflación. Así fue que se sancionaron los decretos mencionados, los que establecieron que los trabajadores del sector privado comprendidos en convenciones colectivas de trabajo –con excepción de los agrarios y los del servicio doméstico– debían percibir de su empleador una “asignación” mensual “no remunerativa de carácter alimentario”, que fue fijada en $100 entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2002, en $130 entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2003, en $150 entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 2003, y en $200 a partir del 1º de mayo de 2003.
También dispusieron que en caso de que la prestación del trabajador en el período de pago correspondiente hubiera sido inferior a la jornada legal o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la “asignación” se liquidaría en forma proporcional, y por el otro, que las empresas que hubieran otorgado “otros incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo” –durante el período inmediatamente anterior que individualizaron– podían compensarlos, hasta su concurrencia, con las sumas anteriormente señaladas.
En este sentido cabe mencionar que en julio del año 2003 el presidente electo en aquel entonces, Néstor Kirchner, dispuso que la suma de $200 no remuneratoria se incorporaría a los salarios básicos, a todos los efectos legales y convencionales, de manera progresiva y escalonada a razón de $28 mensuales, mediante el decreto 392/03, y posteriormente se encontró completamente integrada a los salarios básicos. Con dicha disposición se restableció el carácter salarial de la contraprestación que el trabajador percibe por la prestación de servicio que brinda y se promovió la negociación colectiva.
El principal problema de estos aumentos gira en torno de que el carácter no remunerativo implica que esas sumas no se consideran para los aportes y las contribuciones a la seguridad social, perjudicando en forma directa al sector pasivo de la población y al futuro del sector actualmente activo, dado que en relación con los propios beneficiarios les reduce el haber previsional del trabajador en el caso de que se encuentre a menos de 10 años de su retiro, ello en virtud de que para el cálculo del ingreso pasivo se toman en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes de la década previa al pedido del beneficio.
Asimismo, el perjuicio al asalariado es directo, ya que dichas sumas al no ser remunerativas no sólo no están sujetas a aportes y contribuciones sino que tampoco se computan para el cálculo de distintos rubros salariales como el sueldo anual complementario, las vacaciones, así como también –en el caso de despido arbitrario– para las indemnizaciones correspondientes.
Privar a los mencionados aumentos de naturaleza salarial viola el artículo 14 bis de la Constitución nacional que establece que el trabajador gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador una retribución justa y condiciones dignas y equitativas de labor.
Así es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anticipó con el fallo bajo análisis eventuales problemas para los futuros convenios colectivos de trabajo que disponen aumentos salariales de sumas fijas no remunerativas, los que –cabe destacar– ya encontraban ciertas líneas directrices en sentencias de instancias inferiores, mediante las cuales se determinó el carácter remunerativo de los incrementos salariales.
Lo cierto es que los decretos determinaron el carácter “no remunerativo” de los incrementos salariales, pero por el contrario éstos encuadran claramente en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya definición no deja lugar a dudas de que “toda” prestación que reciba el trabajador por parte de su empleador como consecuencia de la relación laboral y que represente una beneficio patrimonial para él, tiene carácter remuneratorio.
El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y este último, a cambio, le otorga una contraprestación que, conforme todo el ordenamiento laboral, la Constitución nacional y normas supralegales debe ser “justo” y produzca la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia.
No puede obviarse al respecto la definición dada por el Convenio 95 O.I.T. ratificado por nuestro Estado: “...la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Así, no definen al salario ni el nomen iuris dado por las partes, ni su método de cálculo, ni su forma de pago, ni su fijación. Por ende, ha de considerarse la verdadera causa que motiva la prestación percibida por el trabajador, a su susceptibilidad de ser apreciada pecuniariamente, a la ventaja patrimonial que ésta pueda representar para el trabajador en sentido lato, incluido consecuentemente el ahorro como oportunidad de obtener un beneficio o ganancia.
Del mismo modo en que la prestación a cargo del trabajador –sus servicios infungibles– se presume remunerada, las prestaciones a cargo del empleador se presumen hechas como contraprestación por los servicios personales del trabajador (remunerativas).
Es decir que, como manifestación del principio de primacía de la realidad, que es uno de los principios generales del derecho del trabajo (art. 11 L.C.T.), la “remuneración” debe ser considerada tal siempre que surja de los hechos que se trata de la contraprestación de un contrato de trabajo, aunque al aparentar ser la prestación de una figura contractual no laboral, las partes le asignen otra denominación como “honorarios”, “estipendio”, “precio”, “compensación”, “renta”, “arancel” u otra similar.
Nosotros siempre sostuvimos que el ingreso que percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo (verbigracia el caso de los tickets –ley 26.341–) es siempre remuneración.
Una vez más la Corte enaltece los derechos individuales del trabajador en su categoría de derechos humanos de segunda generación, doctrina que va de la mano de lo señalado por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución nacional en progreso económico con justicia social.
Abogados laboralistas
02-06-2010 /
Héctor Recalde
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el pasado 19 de mayo en los autos “González, Martín Nicolás c/Polimat S. A. y otro” inconstitucional una serie de decretos que encontraron su origen en la crisis económica que atravesó nuestro país durante los años 2002 y 2003, mediante los cuales se otorgaron a los trabajadores que se desempeñaban bajo relación de dependencia en el sector privado sumas de carácter no remuneratorio en concepto de aumentos salariales considerando que se había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores.
La causa se inició con la demanda del trabajador Martín González contra Polimat S. A. y Raya S. A., en procura del cobro de créditos salariales y otras indemnizaciones derivadas del despido resuelto por la empleadora con fecha 9 de octubre del año 2003. De igual modo, el asalariado solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03 en cuanto calificaron como “no remunerativos” los incrementos que dispusieron en los ingresos de los trabajadores del sector privado comprendidos en las convenciones colectivas del trabajo y en el régimen de la negociación colectiva, en los términos de la ley 14.250 y sus modificatorias.
En primera instancia el fallo fue favorable al trabajador en cuanto al reclamo del carácter remunerativo de dichos aumentos. Sin embargo, a posteriori, una vez apelada la sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el fallo de primera instancia, y consecuentemente redujo la condena por diferencias salariales en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo anual complementario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con elevado criterio, hizo lugar al recurso extraordinario por encontrarse los requisitos reunidos y revocó unánimemente el pronunciamiento de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la constitucionalidad de los decretos mencionados, ya que desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que disponen.
Es dable señalar que el origen de los mencionados decretos se encuentra en el intento por recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, quienes por aquellos años se enfrentaban a dario a una creciente incertidumbre acompañada por una clara inflación. Así fue que se sancionaron los decretos mencionados, los que establecieron que los trabajadores del sector privado comprendidos en convenciones colectivas de trabajo –con excepción de los agrarios y los del servicio doméstico– debían percibir de su empleador una “asignación” mensual “no remunerativa de carácter alimentario”, que fue fijada en $100 entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2002, en $130 entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2003, en $150 entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 2003, y en $200 a partir del 1º de mayo de 2003.
También dispusieron que en caso de que la prestación del trabajador en el período de pago correspondiente hubiera sido inferior a la jornada legal o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la “asignación” se liquidaría en forma proporcional, y por el otro, que las empresas que hubieran otorgado “otros incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo” –durante el período inmediatamente anterior que individualizaron– podían compensarlos, hasta su concurrencia, con las sumas anteriormente señaladas.
En este sentido cabe mencionar que en julio del año 2003 el presidente electo en aquel entonces, Néstor Kirchner, dispuso que la suma de $200 no remuneratoria se incorporaría a los salarios básicos, a todos los efectos legales y convencionales, de manera progresiva y escalonada a razón de $28 mensuales, mediante el decreto 392/03, y posteriormente se encontró completamente integrada a los salarios básicos. Con dicha disposición se restableció el carácter salarial de la contraprestación que el trabajador percibe por la prestación de servicio que brinda y se promovió la negociación colectiva.
El principal problema de estos aumentos gira en torno de que el carácter no remunerativo implica que esas sumas no se consideran para los aportes y las contribuciones a la seguridad social, perjudicando en forma directa al sector pasivo de la población y al futuro del sector actualmente activo, dado que en relación con los propios beneficiarios les reduce el haber previsional del trabajador en el caso de que se encuentre a menos de 10 años de su retiro, ello en virtud de que para el cálculo del ingreso pasivo se toman en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes de la década previa al pedido del beneficio.
Asimismo, el perjuicio al asalariado es directo, ya que dichas sumas al no ser remunerativas no sólo no están sujetas a aportes y contribuciones sino que tampoco se computan para el cálculo de distintos rubros salariales como el sueldo anual complementario, las vacaciones, así como también –en el caso de despido arbitrario– para las indemnizaciones correspondientes.
Privar a los mencionados aumentos de naturaleza salarial viola el artículo 14 bis de la Constitución nacional que establece que el trabajador gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador una retribución justa y condiciones dignas y equitativas de labor.
Así es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anticipó con el fallo bajo análisis eventuales problemas para los futuros convenios colectivos de trabajo que disponen aumentos salariales de sumas fijas no remunerativas, los que –cabe destacar– ya encontraban ciertas líneas directrices en sentencias de instancias inferiores, mediante las cuales se determinó el carácter remunerativo de los incrementos salariales.
Lo cierto es que los decretos determinaron el carácter “no remunerativo” de los incrementos salariales, pero por el contrario éstos encuadran claramente en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya definición no deja lugar a dudas de que “toda” prestación que reciba el trabajador por parte de su empleador como consecuencia de la relación laboral y que represente una beneficio patrimonial para él, tiene carácter remuneratorio.
El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y este último, a cambio, le otorga una contraprestación que, conforme todo el ordenamiento laboral, la Constitución nacional y normas supralegales debe ser “justo” y produzca la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia.
No puede obviarse al respecto la definición dada por el Convenio 95 O.I.T. ratificado por nuestro Estado: “...la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Así, no definen al salario ni el nomen iuris dado por las partes, ni su método de cálculo, ni su forma de pago, ni su fijación. Por ende, ha de considerarse la verdadera causa que motiva la prestación percibida por el trabajador, a su susceptibilidad de ser apreciada pecuniariamente, a la ventaja patrimonial que ésta pueda representar para el trabajador en sentido lato, incluido consecuentemente el ahorro como oportunidad de obtener un beneficio o ganancia.
Del mismo modo en que la prestación a cargo del trabajador –sus servicios infungibles– se presume remunerada, las prestaciones a cargo del empleador se presumen hechas como contraprestación por los servicios personales del trabajador (remunerativas).
Es decir que, como manifestación del principio de primacía de la realidad, que es uno de los principios generales del derecho del trabajo (art. 11 L.C.T.), la “remuneración” debe ser considerada tal siempre que surja de los hechos que se trata de la contraprestación de un contrato de trabajo, aunque al aparentar ser la prestación de una figura contractual no laboral, las partes le asignen otra denominación como “honorarios”, “estipendio”, “precio”, “compensación”, “renta”, “arancel” u otra similar.
Nosotros siempre sostuvimos que el ingreso que percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo (verbigracia el caso de los tickets –ley 26.341–) es siempre remuneración.
Una vez más la Corte enaltece los derechos individuales del trabajador en su categoría de derechos humanos de segunda generación, doctrina que va de la mano de lo señalado por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución nacional en progreso económico con justicia social.
Abogados laboralistas
viernes, 30 de abril de 2010
Declaración del 1 de mayo de 2010
Estimadas / estimados
Compañeras / compañeros
A propósito de la nueva conmemoración del 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, vaya nuestro saludo solidario y militante para todas y todos.
Asimismo, acompañamos a este mensaje una Declaración de nuestra organización que contiene un breve análisis de la situación política, laboral y social en nuestro país, y Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
Esta es una propuesta en la que venimos insistiendo desde 2007, junto al señalamiento de la necesidad de la búsqueda de una Unidad mayoritaria del conjunto del Movimiento Sindical Argentino, de una recomposición democrática y plural, la cual es una prioridad estratégica para la clase trabajadora nacional, dadas las relaciones de poder internas, y las características del contexto mundial.
Declaración del 1º de mayo de 2010.-
HACIA LOS BICENTENARIOS 2010 / 2016.
Desafíos Laborales y Sociales.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
El neoliberalismo instaurado por la dictadura oligárquico-militar el 24 de marzo de 1976, consolidado en los años del menemismo, y continuado durante el gobierno de De la Rúa, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, poco más de ocho años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas implementadas desde el 25 de mayo de 2003, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias de la clase trabajadora en el movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero, la dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen, luego de tres décadas, las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva. Estas importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal y la mencionada lógica de acumulación de los principales grupos económicos oligárquicos y empresas transnacionales, explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social, en términos de precarización laboral, pobreza, e indigencia.
Relaciones de poder y prioridad estratégica.
Las características estructurales de la mundialización de las ultimas décadas; la gravedad, profundidad y extensión de la crisis del capitalismo todavía en curso;y en nuestro país, las secuelas de la debacle 2001/2002, y el presente escenario político y social, determinan las relaciones de poder internas e internacionales,y configuran un cuadro de situación concreto.
Dicho cuadro de situación expresa una relación de fuerzas políticas y sociales que le impone una prioridad estratégica al conjunto de las organizaciones sindicales y sociales: esa prioridad estratégica, a nuestro juicio, es la recomposición del propio movimiento sindical, hacia adentro, haciendo un esfuerzo de reunificación democrática, respetando las decisiones de la gran mayoría de los trabajadores y afiliados a los sindicatos; y, en el mismo sentido, en su relación con el conjunto de las otras organizaciones sociales de la clase trabajadora.
Esta recomposición es condición necesaria, sine qua non, para resolver la actual situación de fragmentación y debilidad, y avanzar con seriedad, responsablemente, y hacia el objetivo estratégico de lograr la plena inclusión y realizar la Justicia Social con la distribución progresiva de la riqueza.
El movimiento sindical, en toda su amplitud (mas de 3000 asociaciones sindicales, la mitad de ellas con personería gremial), es una estructura organizacional múltiple, plural en su pensamiento y acción, surgida del propio seno de la clase trabajadora argentina, y moldeada a lo largo de su mas de un siglo y medio de historia y de rica experiencia de lucha gremial y política.
Dar cuenta de esta prioridad estratégica, de la recomposición que señalamos, se presenta para las organizaciones y para los dirigentes sindicales y sociales como un desafío de grandeza y confluencia, de construcción de nuevos consensos, y de elaboración de un Programa Laboral y Social de Unidad, un Nuevo Programa Histórico, el primero en el siglo XXI.
Asumir este desafío constituye un imperativo ético y político, especialmente, y en primer lugar, para aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que han sido consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo en sus diversas expresiones.
No es con ajustes, ni con recetas neoliberales ya probadas, que se debe afrontar esta crisis, por el contrario, se deben priorizar mas que nunca los objetivos del pleno empleo, la inclusión y la Justicia Social, tanto como del incremento de la producción y el consumo internos.
Asimismo se requiere promover la legitimación y consolidación del nuevo modelo político, social y económico en construcción, impulsando la remoción de las actuales limitaciones jurídicas estructurales; concretamente, consideramos que se debe comenzar a debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, que recoja el espíritu, los valores, y el articulado clave (arts 37, 38, 39 y 40) de la Reforma de 1949, la llamada, con toda justicia, Constitución de los Trabajadores, actualizados de acuerdo al estado de la mundialización, y al cuadro de situación nacional en la segunda década del siglo XXI, entre los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
Las siguientes son algunas de las propuestas y reivindicaciones que podrían integrar el dicho Programa:
I - Pleno empleo y justa distribución de la riqueza.
El pleno empleo y la justa distribución de la riqueza deben ser los principales objetivos estratégicos de la planificación y de la ejecución de las políticas públicas, y en especial de la política económica.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar (art.37 Constitución de 1949).
La Justicia en la distribución de la riqueza, que sólo el trabajo produce, no sólo significa un reconocimiento efectivo a los derechos humanos y sociales de las personas, sino que es una condición necesaria para el desarrollo económico integral y armónico, y para la seguridad y la paz social.
II - Salarios dignos.
Los salarios dignos deben ser garantizados por el Estado, sobre la base del siguiente precedente legal: “Salario Vital Mínimo es la remuneración al trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte y movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” (ley 13077, sancionada 20-10-1947).
Recomposición salarial permanente a través de la plena vigencia de las negociaciones colectivas.
III – Jornada laboral de 8 horas.
El Estado, con la participación de las organizaciones sindicales, y, si fuera posible, con la colaboración del empresariado, debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente: jornada limitada de 8 horas diarias; lo cual disminuirá la sobreocupación, muchas veces impaga, y tendrá, además, un efecto redistributivo con la creación de nuevos empleos.
IV - Erradicar el empleo ilegal (en negro); en especial, el infantil.
V - Erradicar la desnutrición, la mortalidad , el analfabetismo y la indigencia infantil y juvenil.
Esta es un objetivo urgente, sin duda el mas grave de la deuda social pendiente desde la debacle del 2001. Es imprescindible desplegar una estrategia integral, conjunta, estatal y social. Es posible hacerlo en pocos años, con la Asignación Universal por Hijo se ha dado un gran paso adelante.
VI - Protección del trabajo.
Plena vigencia del derecho protectorio del trabajo. Derogación de las normas
antilaborales, injustas e inconstitucionales, todavía vigentes.
Esta es una decisión reparatoria, ética y política, que se debe concretar en homenaje a las decenas de miles de trabajadores, delegados y dirigentes gremiales, y profesionales ligados al movimiento sindical, que sufrieron la muerte, el secuestro, y la desaparición, cárcel, torturas y exilio por su compromiso con la causa popular.
VII- Defensa activa del poder adquisitivo de los salarios.
Se deben implementar políticas y acciones públicas que aseguren una mayor y mejor producción y distribución de bienes y servicios; que eviten, y, cuando corresponda, sancionen las prácticas oligopólicas, la especulación y las maniobras extorsivas que puedan intentar las empresas que concentran la propiedad y el control de las principales actividades productivas y de servicios del país.
VIII- Salud, Educación y Seguridad Social públicas.
Reconstruir y garantizar a todos los trabajadores y sus familias la cobertura completa del sistema público de salud y educación, y complementando lo realizado con la reestatización y ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social.
IX - Diálogo social.
El Diálogo Social debe ser convocado e implementado institucionalmente, a partir de nuestros antecedentes nacionales, incluyendo la conformación de un Consejo Social y Económico Nacional, que podrá integrarse con representantes de las organizaciones sindicales y sociales de trabajadores, y con representantes del sector empresarial, amen de funcionarios nacionales.
En el marco de dicho Consejo podrá impulsarse un Acuerdo, con características de Política de Estado, sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y sociales de los trabajadores (empleados, desempleados y jubilados), y sus familias; y de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.
X - Protagonismo democrático de los trabajadores.
Promover y concretar la participación plena, activa, de los trabajadores en las decisiones sobre los grandes temas nacionales, en la estructura del Estado, y en las empresas.
Estos aportes procuran promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Sólo con más y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará más y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.
La Plata, 30 de abril de 2010.-
Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva
Compañeras / compañeros
A propósito de la nueva conmemoración del 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, vaya nuestro saludo solidario y militante para todas y todos.
Asimismo, acompañamos a este mensaje una Declaración de nuestra organización que contiene un breve análisis de la situación política, laboral y social en nuestro país, y Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
Esta es una propuesta en la que venimos insistiendo desde 2007, junto al señalamiento de la necesidad de la búsqueda de una Unidad mayoritaria del conjunto del Movimiento Sindical Argentino, de una recomposición democrática y plural, la cual es una prioridad estratégica para la clase trabajadora nacional, dadas las relaciones de poder internas, y las características del contexto mundial.
Declaración del 1º de mayo de 2010.-
HACIA LOS BICENTENARIOS 2010 / 2016.
Desafíos Laborales y Sociales.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
El neoliberalismo instaurado por la dictadura oligárquico-militar el 24 de marzo de 1976, consolidado en los años del menemismo, y continuado durante el gobierno de De la Rúa, llevó al país a la crisis gravísima, casi terminal, de diciembre de 2001, una crisis de amplitud y profundidad sin precedentes en nuestra historia.
Hoy, poco más de ocho años después, son notorias las mejoras políticas, sociales y económicas logradas durante esta etapa de Reconstrucción Nacional, gracias a la confluencia de las principales políticas públicas implementadas desde el 25 de mayo de 2003, y de las acciones de las organizaciones mayoritarias de la clase trabajadora en el movimiento sindical y social.
La reconstrucción de la legitimidad y la autoridad del Estado, y del sistema democrático; la organización y la movilización sindical y social, y el esfuerzo y la solidaridad colectivas, juntos, han sido las claves para estos logros. Pero, la dinámica del poder económico, su propia lógica interna, tiende a profundizar la concentración y la extranjerización de la propiedad, y la apropiación de la riqueza que, por otra parte, sólo el trabajo produce; y, simultáneamente, en los sistemas financiero y tributario todavía rigen, luego de tres décadas, las normas centrales de su funcionamiento y la regresividad impositiva. Estas importantes rémoras estructurales del modelo neoliberal y la mencionada lógica de acumulación de los principales grupos económicos oligárquicos y empresas transnacionales, explican los todavía altos niveles de exclusión y desigualdad social, en términos de precarización laboral, pobreza, e indigencia.
Relaciones de poder y prioridad estratégica.
Las características estructurales de la mundialización de las ultimas décadas; la gravedad, profundidad y extensión de la crisis del capitalismo todavía en curso;y en nuestro país, las secuelas de la debacle 2001/2002, y el presente escenario político y social, determinan las relaciones de poder internas e internacionales,y configuran un cuadro de situación concreto.
Dicho cuadro de situación expresa una relación de fuerzas políticas y sociales que le impone una prioridad estratégica al conjunto de las organizaciones sindicales y sociales: esa prioridad estratégica, a nuestro juicio, es la recomposición del propio movimiento sindical, hacia adentro, haciendo un esfuerzo de reunificación democrática, respetando las decisiones de la gran mayoría de los trabajadores y afiliados a los sindicatos; y, en el mismo sentido, en su relación con el conjunto de las otras organizaciones sociales de la clase trabajadora.
Esta recomposición es condición necesaria, sine qua non, para resolver la actual situación de fragmentación y debilidad, y avanzar con seriedad, responsablemente, y hacia el objetivo estratégico de lograr la plena inclusión y realizar la Justicia Social con la distribución progresiva de la riqueza.
El movimiento sindical, en toda su amplitud (mas de 3000 asociaciones sindicales, la mitad de ellas con personería gremial), es una estructura organizacional múltiple, plural en su pensamiento y acción, surgida del propio seno de la clase trabajadora argentina, y moldeada a lo largo de su mas de un siglo y medio de historia y de rica experiencia de lucha gremial y política.
Dar cuenta de esta prioridad estratégica, de la recomposición que señalamos, se presenta para las organizaciones y para los dirigentes sindicales y sociales como un desafío de grandeza y confluencia, de construcción de nuevos consensos, y de elaboración de un Programa Laboral y Social de Unidad, un Nuevo Programa Histórico, el primero en el siglo XXI.
Asumir este desafío constituye un imperativo ético y político, especialmente, y en primer lugar, para aquellas organizaciones y aquellos dirigentes que han sido consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo en sus diversas expresiones.
No es con ajustes, ni con recetas neoliberales ya probadas, que se debe afrontar esta crisis, por el contrario, se deben priorizar mas que nunca los objetivos del pleno empleo, la inclusión y la Justicia Social, tanto como del incremento de la producción y el consumo internos.
Asimismo se requiere promover la legitimación y consolidación del nuevo modelo político, social y económico en construcción, impulsando la remoción de las actuales limitaciones jurídicas estructurales; concretamente, consideramos que se debe comenzar a debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, que recoja el espíritu, los valores, y el articulado clave (arts 37, 38, 39 y 40) de la Reforma de 1949, la llamada, con toda justicia, Constitución de los Trabajadores, actualizados de acuerdo al estado de la mundialización, y al cuadro de situación nacional en la segunda década del siglo XXI, entre los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia.
Aportes para un Programa Laboral y Social de Unidad.
10 puntos para la Inclusión y la Justicia Social.
Las siguientes son algunas de las propuestas y reivindicaciones que podrían integrar el dicho Programa:
I - Pleno empleo y justa distribución de la riqueza.
El pleno empleo y la justa distribución de la riqueza deben ser los principales objetivos estratégicos de la planificación y de la ejecución de las políticas públicas, y en especial de la política económica.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar (art.37 Constitución de 1949).
La Justicia en la distribución de la riqueza, que sólo el trabajo produce, no sólo significa un reconocimiento efectivo a los derechos humanos y sociales de las personas, sino que es una condición necesaria para el desarrollo económico integral y armónico, y para la seguridad y la paz social.
II - Salarios dignos.
Los salarios dignos deben ser garantizados por el Estado, sobre la base del siguiente precedente legal: “Salario Vital Mínimo es la remuneración al trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte y movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” (ley 13077, sancionada 20-10-1947).
Recomposición salarial permanente a través de la plena vigencia de las negociaciones colectivas.
III – Jornada laboral de 8 horas.
El Estado, con la participación de las organizaciones sindicales, y, si fuera posible, con la colaboración del empresariado, debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente: jornada limitada de 8 horas diarias; lo cual disminuirá la sobreocupación, muchas veces impaga, y tendrá, además, un efecto redistributivo con la creación de nuevos empleos.
IV - Erradicar el empleo ilegal (en negro); en especial, el infantil.
V - Erradicar la desnutrición, la mortalidad , el analfabetismo y la indigencia infantil y juvenil.
Esta es un objetivo urgente, sin duda el mas grave de la deuda social pendiente desde la debacle del 2001. Es imprescindible desplegar una estrategia integral, conjunta, estatal y social. Es posible hacerlo en pocos años, con la Asignación Universal por Hijo se ha dado un gran paso adelante.
VI - Protección del trabajo.
Plena vigencia del derecho protectorio del trabajo. Derogación de las normas
antilaborales, injustas e inconstitucionales, todavía vigentes.
Esta es una decisión reparatoria, ética y política, que se debe concretar en homenaje a las decenas de miles de trabajadores, delegados y dirigentes gremiales, y profesionales ligados al movimiento sindical, que sufrieron la muerte, el secuestro, y la desaparición, cárcel, torturas y exilio por su compromiso con la causa popular.
VII- Defensa activa del poder adquisitivo de los salarios.
Se deben implementar políticas y acciones públicas que aseguren una mayor y mejor producción y distribución de bienes y servicios; que eviten, y, cuando corresponda, sancionen las prácticas oligopólicas, la especulación y las maniobras extorsivas que puedan intentar las empresas que concentran la propiedad y el control de las principales actividades productivas y de servicios del país.
VIII- Salud, Educación y Seguridad Social públicas.
Reconstruir y garantizar a todos los trabajadores y sus familias la cobertura completa del sistema público de salud y educación, y complementando lo realizado con la reestatización y ampliación del Sistema Nacional de Seguridad Social.
IX - Diálogo social.
El Diálogo Social debe ser convocado e implementado institucionalmente, a partir de nuestros antecedentes nacionales, incluyendo la conformación de un Consejo Social y Económico Nacional, que podrá integrarse con representantes de las organizaciones sindicales y sociales de trabajadores, y con representantes del sector empresarial, amen de funcionarios nacionales.
En el marco de dicho Consejo podrá impulsarse un Acuerdo, con características de Política de Estado, sobre la base del reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y sociales de los trabajadores (empleados, desempleados y jubilados), y sus familias; y de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.
X - Protagonismo democrático de los trabajadores.
Promover y concretar la participación plena, activa, de los trabajadores en las decisiones sobre los grandes temas nacionales, en la estructura del Estado, y en las empresas.
Estos aportes procuran promover el debate publico, y al interior de las organizaciones y las agrupaciones sindicales y sociales, con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de Estado que son, a nuestro criterio, imprescindibles para consolidar y profundizar, simultáneamente, el actual proyecto popular y democrático de Reconstrucción nacional.
Sólo con más y mejor Democracia, y con un Estado garante de los derechos sociales y económicos de las mayorías, se logrará más y mejor inclusión y Justicia social para todos los argentinos.
La Plata, 30 de abril de 2010.-
Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva
miércoles, 28 de abril de 2010
A 31 AÑOS DE LA HUELGA GENERAL NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 1979
Comunicado de prensa.
1979 / 27 de abril / 2010
A 31 años de la
Huelga General Nacional
del 27 de abril de 1979.
Se cumplen treinta y un años de una jornada decisiva de la lucha por los derechos laborales y sociales y por la recuperación de la democracia.
La histórica Huelga General Nacional merece ser recordada como uno de los hitos fundamentales de la resistencia sindical y popular a la dictadura genocida del llamado Proceso.
Como tal, mas allá de los diferentes contextos y circunstancias, merece estar inscripta en la memoria colectiva con la misma jerarquía que otros grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, como lo fueron la Huelga y Toma del Frigorífico Lisandro De la Torre (1959) y el Cordobazo (1969), porque esta fue la primera Huelga General Nacional a la dictadura oligárquica-militar mas brutal de la Historia argentina.
I. Antecedentes.
La instauración de la brutal dictadura militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores períodos históricos para nuestra Nación y nuestro Pueblo.
La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pasquale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían la mayoría de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.
Hacia de 1977, luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luís Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros), Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
Y en segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luís Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales, como medio de recuperar y preservar las estructuras sindicales, y desde ahí, mejorar la defensa gremial.
Es decir, durante éstos años los dirigentes que habían logrado permanecer al frente de sus organizaciones se escindieron entre quienes desplegaban, o intentaban una política de oposición al régimen, y quienes buscaban espacios de negociación con los militares, como instancia para recuperar las posiciones gremiales perdidas.
Aunque surgieron otros, e incluso se produjeron cambios al interior de éstos agrupamientos, sin duda, se destacan como expresión cabal de dos posiciones, y dos modos de actuar, muy diferentes, con respecto a la dictadura militar y sus políticas.
II - La primera Huelga General Nacional contra el Proceso.
El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera Huelga General Nacional, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical.
La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
En ese mismo año, a partir del éxito de la huelga, que significó claramente un punto de inflexión en la resistencia sindical y popular: creció y se fortaleció el movimiento de Derechos Humanos (a las organizaciones ya existentes Madres, Abuelas, Familiares, APDH., se sumó la fundación del CELS, encabezado por Emilio Mignone); en setiembre visito el país, a partir de denuncias previas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que recorrió las cárceles y registro miles de denuncias de asesinatos y desapariciones de militantes gremiales y populares. También se conoció un documento del Partido Justicialista que denunciaba la represión y exigía la liberación de los presos políticos y gremiales y urgente respuesta a las miles de denuncias de desapariciones efectuadas por familiares y organizaciones en el país y en el exterior.
III. La resistencia sindical hasta el fin de la dictadura.
En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús, conducida por el Cholo García - SEC. Gral. de los municipales) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
Esta CGT-Brasil impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política.
Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la masiva movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
Desde mediados de 1982, y también como resultado de la guerra de Malvinas, el régimen militar se debilitó, y el sindicalismo opositor nucleado mayoritariamente, en la CGT - Brasil, desarrolló una activa movilización social con el objetivo de recuperar los niveles salariales, muy deteriorados durante la guerra debido al congelamiento salarial impuesto por Galtieri, y a la suba de la inflación en el período.
Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, conducida por Ubaldini, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
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Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Área de Comunicación y Publicaciones
Se agradece la difusión.
Cel – 0221-155112509 – 0221-154005303
1979 / 27 de abril / 2010
A 31 años de la
Huelga General Nacional
del 27 de abril de 1979.
Se cumplen treinta y un años de una jornada decisiva de la lucha por los derechos laborales y sociales y por la recuperación de la democracia.
La histórica Huelga General Nacional merece ser recordada como uno de los hitos fundamentales de la resistencia sindical y popular a la dictadura genocida del llamado Proceso.
Como tal, mas allá de los diferentes contextos y circunstancias, merece estar inscripta en la memoria colectiva con la misma jerarquía que otros grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, como lo fueron la Huelga y Toma del Frigorífico Lisandro De la Torre (1959) y el Cordobazo (1969), porque esta fue la primera Huelga General Nacional a la dictadura oligárquica-militar mas brutal de la Historia argentina.
I. Antecedentes.
La instauración de la brutal dictadura militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores períodos históricos para nuestra Nación y nuestro Pueblo.
La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pasquale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían la mayoría de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.
Hacia de 1977, luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luís Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros), Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
Y en segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luís Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales, como medio de recuperar y preservar las estructuras sindicales, y desde ahí, mejorar la defensa gremial.
Es decir, durante éstos años los dirigentes que habían logrado permanecer al frente de sus organizaciones se escindieron entre quienes desplegaban, o intentaban una política de oposición al régimen, y quienes buscaban espacios de negociación con los militares, como instancia para recuperar las posiciones gremiales perdidas.
Aunque surgieron otros, e incluso se produjeron cambios al interior de éstos agrupamientos, sin duda, se destacan como expresión cabal de dos posiciones, y dos modos de actuar, muy diferentes, con respecto a la dictadura militar y sus políticas.
II - La primera Huelga General Nacional contra el Proceso.
El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera Huelga General Nacional, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical.
La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
En ese mismo año, a partir del éxito de la huelga, que significó claramente un punto de inflexión en la resistencia sindical y popular: creció y se fortaleció el movimiento de Derechos Humanos (a las organizaciones ya existentes Madres, Abuelas, Familiares, APDH., se sumó la fundación del CELS, encabezado por Emilio Mignone); en setiembre visito el país, a partir de denuncias previas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que recorrió las cárceles y registro miles de denuncias de asesinatos y desapariciones de militantes gremiales y populares. También se conoció un documento del Partido Justicialista que denunciaba la represión y exigía la liberación de los presos políticos y gremiales y urgente respuesta a las miles de denuncias de desapariciones efectuadas por familiares y organizaciones en el país y en el exterior.
III. La resistencia sindical hasta el fin de la dictadura.
En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús, conducida por el Cholo García - SEC. Gral. de los municipales) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
Esta CGT-Brasil impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política.
Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la masiva movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
Desde mediados de 1982, y también como resultado de la guerra de Malvinas, el régimen militar se debilitó, y el sindicalismo opositor nucleado mayoritariamente, en la CGT - Brasil, desarrolló una activa movilización social con el objetivo de recuperar los niveles salariales, muy deteriorados durante la guerra debido al congelamiento salarial impuesto por Galtieri, y a la suba de la inflación en el período.
Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, conducida por Ubaldini, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
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Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
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Se agradece la difusión.
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lunes, 5 de abril de 2010
LA INCLUSION EDUCATIVA Y LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO: UNA CUESTION DE CLASE(S).
LA INCLUSION EDUCATIVA:
UNA CUESTION DE CLASE (S)
Durante lo que va de este mes de marzo, se han iniciado las clases en los colegios primarios y secundarios de casi todo el país. Hasta hoy, solo un par de provincias mantenían conflictos con los respectivos sindicatos de docentes.
Según el Ministro de Educación de la Nación, Lic. Alberto Sileoni: “De la mano de la Asignación Universal por Hijo y una vez eliminado el Polimodal, sólo en la provincia de Buenos Aires poco más de 60 mil nuevos estudiantes se reincorporarán a la enseñanza media y transitarán el ciclo lectivo 2010 con los cambios curriculares diseñados a nivel nacional. La escuela secundaria era una deuda para este gobierno que tuvo que llevar adelante la misión de reconstruir la nación educativa, que estaba muy fragmentada”, dijo ayer al mediodía Sileoni. Minutos después de iniciada la conferencia de prensa que compartió con Mario Oporto –su par a nivel bonaerense–, Sileoni explicó que “de la secundaria se van los chicos en Argentina y en el mundo, pero el común denominador en todos los lugares es que los expulsados siempre son pibes de bajos recursos”.
Observamos que, ante la problemática de la inclusión educativa, y ante las desigualdades sociales que subsisten en el seno de la propia clase trabajadora, es imprescindible que tanto el Gobierno y el Congreso nacional, como los sindicatos de docentes de la educación publica, y la CGT y la CTA., actúen en consecuencia, conjuntamente, cada uno desde su lugar y responsabilidad, para reparar de manera inmediata una flagrante injusticia, y lograr su reparación: que las/beneficiarias/os de la Asignación Universal por Hijo perciban la Ayuda Escolar Anual de $ 170.- en igualdad de condiciones con los trabajadores en relación de dependencia y en blanco.
No desconocemos que seguramente este es un tema en estudio en los respectivos ministerios, en las Comisiones de ambas Cámaras, y lo mismo en los sindicatos de docentes públicos, y en ambas centrales sindicales.
Si nos preocupa, que, ya a punto de finalizar marzo, el relevamiento de la información que venimos haciendo en los distintos medios periodísticos arroja, que pese a la fuerte presencia del tema de la AUpH., y al acuerdo generalizado respecto de su impacto positivo, salvo cuestionamientos puntuales referidos a movilidad del monto y a la extensión de la cobertura, aun en los sectores políticos opositores y en las consultoras y centros de estudios críticos de lapolítica social gubernamental, el hecho de que a las/os beneficiarias/os de la AUpH se les debe otorgar también la Ayuda Escolar Anual, no ha sido mencionado, ni reclamado como debiera por parte de las organizaciones sindicales de trabajadores.
Dicho esto, repasemos algunos datos de la realidad que aportan a la necesidad y a la factibilidad de concretar esta propuesta:
1- Durante este mes de marzo, y abril, a mas tardar, todos los hijos de los trabajadores en relación de dependencia registrados, “en blanco” han recibido o debieran estar recibiendo, previa verificación de la escolaridad de los hijos menores de 18 años, aproximadamente unos $ 560 millones en concepto de Ayuda Escolar Anual por 3.305.750 alumnos beneficiarios, según la información pública en base a datos de la ANSES.
2 - Según el régimen de Asignaciones Familiares vigente ( ley 24714, art 6), a los trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes menores a $ 4800.- mensuales, les corresponde el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual de $ 170.- por hijo, para la educación inicial, general básica y polimodal (o sus equivalentes dispuestos en la ley 26206, -secundaria, etc.-).
3- Según estimación propia en base a información periodística, una suma similar, es decir entre $ 560 y $ 600 millones, por una cantidad similar de alumnos beneficiarios podría destinarse a las/os desocupadas/os y/o trabajadoras/es con relaciones laborales en negro que se desempeñan en la economía ilegal, mal llamada informal.
4- ESTA SERIA UNA DECISION DE ABSOLUTA JUSTICIA PORQUE EQUIPARA A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES POR IGUAL, MAS ALLA DE SU CONDICION DE EMPLEO (EN BLANCO, EN NEGRO O DESOCUPADOS). ESTA SERIA UNA DECISION QUE PROFUNDIZARIA Y CONSOLIDARIA ESA VIGA MAESTRA DE LA POLITICA SOCIAL NACIONAL QUE ES LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCION SOCIAL (DNU 1602/2009).
5- Podría implementarse a través De un decreto del PEN o mediante un proyecto de ley modificando la ley 24714; por ejemplo, con el siguiente texto tentativo: “Incorpórase al art 14 bis de la ley 24714 y sus modificatorias, el siguiente párrafo in fine: “Complementariamente se abonará la prestación prevista en el art 6 inc d)”.
6- Los recursos provendrían según lo dispuesto en el DNU 1609/2009 que modificó el art 5º inc c) de la ley 24714..
El CEPLaS considera a esta decisión como un acto de plena justicia social, reparatorio de una flagrante injusticia. Como un gesto mas, contundente, de avanzar saldando paso a paso la enorme deuda social heredada de la crisis casi terminal de fines de 2001.
Esta es una decisión urgente y de suma importancia que debe contar con el apoyo de todos aquellos sectores políticos, sindicales y sociales que denuncian y abogan a diario contra las inequidades, rémoras del neoliberalismo, que todavía sufren millones de compatriotas, especialmente todos aquellos que ahora con la AUpH están saliendo de la indigencia.
Tal como a dicho el Sr. Sileoni, Ministro de Educación nacional, la pobreza sería el obstáculo para concretar una educación más inclusiva:
“Aunque suene anacrónico, es un problema de clase”, Para nosotros, no tiene nada de anacrónico, la inclusión social en general, y la inclusión educativa, en particular, son un concreto problema de clase, totalmente vigente, un problema de la clase trabajadora en su conjunto, y de solidaridad y Justicia Social con quienes todavía padecen exclusión, desocupación, o son vulnerables porque están empleados, y son explotados ilegalmente.
La Plata, 30 de marzo de 2010.-
Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales
Comisión Directiva
domingo, 28 de marzo de 2010
LA DEUDA - Por Alfredo Zaiat
Compartimos a continuación nota publicada por Alfredo Zaiat en Página 12 - Panorama económico - el 27 de marzo de 2010
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Ciertos temas económicos tienen la cualidad de la permanencia en el debate público, pero van cambiando las características de las etapas históricas que los determinan. Sin embargo, para muchos analistas resulta más sencillo mantener los esquemas rígidos de evaluación, inalterables en el tiempo, porque permite transitarlos por el camino conocido. Esa forma de abordar cuestiones económicas ha sido muy familiar para la corriente conservadora en los últimos años al momento de examinar la situación fiscal, el mercado cambiario e incluso los motores de aceleración del índice de precios. Esa incapacidad de observar variaciones en el funcionamiento de la economía se reconoce en anteojeras ideológicas, fundamentalismo ortodoxo y en la exteriorización de un discurso que defiende los intereses del poder económico. Así les fue con sus pronósticos sobre el recorrido de la economía, acumulando una sucesión de fallidos que terminaron exponiendo esa debilidad conceptual. El panorama debería ser diferente en el variado universo político que tiene como bandera filosófica el pensamiento crítico, que implica rigurosidad, cuestionamiento al saber convencional y precisión en la definición del contexto histórico. No está siendo el caso cuando algunos de esos exponentes se refieren al tema de la deuda.
Pese a frases inflamadas que conmueven a auditorios desprevenidos, hoy la deuda no es un condicionante central para la economía ni por magnitud ni por su horizonte de vencimientos. Los diferentes indicadores que se utilizan para estudiar la carga de la deuda sobre la economía revelan que es una variable que se ha vuelto manejable, a diferencia del largo período desde el inicio de la década del ochenta hasta el estallido en el 2001, cuando era un potente perturbador de la economía. Algunos datos que reflejan ese cambio:
- En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139 por ciento del PBI; a fines de 2009 cayó hasta el 49,1.
- Ese indicador desciende al 31 por ciento con la deuda neta de activos y de acreencias intra sector público (bonos en poder de organismos estatales).
- En 2003, el 76 por ciento de la deuda estaba nominada en moneda extranjera; en la actualidad, sólo el 54 por ciento.
- La deuda tenía en 2003 una vida promedio de 6,9 años. Hoy, prácticamente se duplicó, al pasar a 12,7 años.
- En 2003 la deuda era un 722 por ciento mayor a las reservas; en la actualidad es apenas el 120 por ciento.
- Otro indicador relevante es la relación deuda externa nominada en moneda extranjera y exportaciones. En 2003 era 296 por ciento; en 2009, 81 por ciento.
Pese a ese escenario holgado para uno de los temas más complejos de la economía argentina, se está desarrollando un intenso conflicto político desde hace meses a partir del lanzamiento de la reapertura del canje de bonos en default y de la iniciativa de pagar deuda con una pequeña porción de las reservas. Los economistas reunidos en el Plan Fénix presentaron esta semana un documento (“Deuda pública y conflicto político. Hacia una refinanciación eficaz en el marco de un proyecto de desarrollo inclusivo”) que explican ese proceso del siguiente modo: “La deuda pública externa ha sido un condicionante central, en el escenario económico y político de la Argentina; su continua expansión a lo largo de los últimos treinta años ha constituido uno de los más formidables obstáculos para el crecimiento del país. Un país no pobre; pero empobrecido entre otras razones por el endeudamiento; esto es la resultante de políticas económicas perversas, reflejo de intereses y desvaríos de elites de poder carentes de proyectos viables y aceptables para las mayorías. Tras la declaración de default a fines del año 2001 y la posterior renegociación de los pasivos externos, los compromisos de pago adquirieron un perfil sostenible; puede afirmarse que la deuda no representa hoy día un obstáculo central para la economía”.
Esta descripción del actual estado de la deuda tiene, además, un aspecto estructural que es uno de los factores más relevantes del actual ciclo económico: el cambio del patrón de acumulación de un modelo basado en la valorización financiera, que nace con la dictadura de 1976, hacia uno que está en transición desde 2003, con base en el desarrollo industrial y sustitutivo de importaciones. En un libro que acaba de publicar Eduardo Basualdo (Estudios de historia económica argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad) se ofrece un esclarecedor marco analítico en estos tiempos de confusión, desorden de ideas nutrido por algunos representantes del denominado arco del progresismo. El investigador de Flacso, que analiza en esa obra el endeudamiento externo de la Argentina desde los primeros gobiernos peronistas hasta la actualidad, explica que en los distintos regímenes de acumulación de capital se producen modificaciones sustanciales en los niveles absoluto y relativo que alcanza el endeudamiento externo, en las características de los acreedores y deudores, y también en el impacto que la deuda tiene sobre las diferentes variables de la economía real. “En otras palabras, dice Basualdo, la deuda externa es una variable económica dependiente, porque su magnitud y sus características están en función de la manera en que se produce y se distribuye el excedente económica a nivel nacional e internacional.” Insiste con que la función y efectos del endeudamiento externo dependen del proceso específico de acumulación de capital en el cual se inserta.
Esa base conceptual permite una mejor comprensión del recorrido de la deuda en las distintas etapas de la economía argentina desde mediados del siglo pasado. Esto significa que hablar hoy de la deuda con las mismas perspectivas de las últimas tres décadas desemboca en desaciertos. El actual proceso de desendeudamiento, en el marco de un intento de política de desarrollo industrial con ahorro interno, tiene algunos rasgos de los primeros gobiernos peronistas (1945-1955), cuando “la consolidación de la primera etapa de la sustitución de importaciones no estuvo asociada a una deuda externa significativa”, precisa Basualdo. En esos años no había deuda externa, y recién al final de esa gestión se obtuvo un crédito de 57 millones de dólares del Eximbank. Basualdo agrega que “la industrialización y la expansión productiva en general se consolidaron sobre la base del ahorro interno y de la transferencia de la renta agropecuaria hacia el bloque urbano-industrial”. El economista afirma que en diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad sino que se agotó “de manera irreversible” el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.
Detectar la existencia de otro patrón de acumulación, aún en disputa frente a una avanzada conservadora, y el papel diferente que juega la deuda en esta etapa deja al descubierto la fragilidad conceptual de algunos exponentes del denominado centroizquierda. El debate jurídico sobre el origen de la deuda (dictadura militar), como así también las denuncias judiciales sobre fraudes cometidos en el megacanje (gobierno democrático de Fernando de la Rúa), son aspectos que van por carriles que poco tienen que ver con el actual momento económico. La iniciativa de utilizar reservas para pagar deuda se inscribe en un necesario debate sobre el sendero de desarrollo, que para mostrar su fortaleza debe alejar la fuerte tentación del “retorno a los mercados” que impulsan ansiosos financistas y parece que seduce a ciertos funcionarios de Economía. Participar de esa discusión sin saber o querer delimitar el tema de la deuda entre los aspectos económicos y los jurídicos, mezclando todo por especulación política, termina aportando más elementos a la desorientación que la ortodoxia sabe cómo fomentar.
Pese a frases inflamadas que conmueven a auditorios desprevenidos, hoy la deuda no es un condicionante central para la economía ni por magnitud ni por su horizonte de vencimientos. Los diferentes indicadores que se utilizan para estudiar la carga de la deuda sobre la economía revelan que es una variable que se ha vuelto manejable, a diferencia del largo período desde el inicio de la década del ochenta hasta el estallido en el 2001, cuando era un potente perturbador de la economía. Algunos datos que reflejan ese cambio:
- En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139 por ciento del PBI; a fines de 2009 cayó hasta el 49,1.
- Ese indicador desciende al 31 por ciento con la deuda neta de activos y de acreencias intra sector público (bonos en poder de organismos estatales).
- En 2003, el 76 por ciento de la deuda estaba nominada en moneda extranjera; en la actualidad, sólo el 54 por ciento.
- La deuda tenía en 2003 una vida promedio de 6,9 años. Hoy, prácticamente se duplicó, al pasar a 12,7 años.
- En 2003 la deuda era un 722 por ciento mayor a las reservas; en la actualidad es apenas el 120 por ciento.
- Otro indicador relevante es la relación deuda externa nominada en moneda extranjera y exportaciones. En 2003 era 296 por ciento; en 2009, 81 por ciento.
Pese a ese escenario holgado para uno de los temas más complejos de la economía argentina, se está desarrollando un intenso conflicto político desde hace meses a partir del lanzamiento de la reapertura del canje de bonos en default y de la iniciativa de pagar deuda con una pequeña porción de las reservas. Los economistas reunidos en el Plan Fénix presentaron esta semana un documento (“Deuda pública y conflicto político. Hacia una refinanciación eficaz en el marco de un proyecto de desarrollo inclusivo”) que explican ese proceso del siguiente modo: “La deuda pública externa ha sido un condicionante central, en el escenario económico y político de la Argentina; su continua expansión a lo largo de los últimos treinta años ha constituido uno de los más formidables obstáculos para el crecimiento del país. Un país no pobre; pero empobrecido entre otras razones por el endeudamiento; esto es la resultante de políticas económicas perversas, reflejo de intereses y desvaríos de elites de poder carentes de proyectos viables y aceptables para las mayorías. Tras la declaración de default a fines del año 2001 y la posterior renegociación de los pasivos externos, los compromisos de pago adquirieron un perfil sostenible; puede afirmarse que la deuda no representa hoy día un obstáculo central para la economía”.
Esta descripción del actual estado de la deuda tiene, además, un aspecto estructural que es uno de los factores más relevantes del actual ciclo económico: el cambio del patrón de acumulación de un modelo basado en la valorización financiera, que nace con la dictadura de 1976, hacia uno que está en transición desde 2003, con base en el desarrollo industrial y sustitutivo de importaciones. En un libro que acaba de publicar Eduardo Basualdo (Estudios de historia económica argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad) se ofrece un esclarecedor marco analítico en estos tiempos de confusión, desorden de ideas nutrido por algunos representantes del denominado arco del progresismo. El investigador de Flacso, que analiza en esa obra el endeudamiento externo de la Argentina desde los primeros gobiernos peronistas hasta la actualidad, explica que en los distintos regímenes de acumulación de capital se producen modificaciones sustanciales en los niveles absoluto y relativo que alcanza el endeudamiento externo, en las características de los acreedores y deudores, y también en el impacto que la deuda tiene sobre las diferentes variables de la economía real. “En otras palabras, dice Basualdo, la deuda externa es una variable económica dependiente, porque su magnitud y sus características están en función de la manera en que se produce y se distribuye el excedente económica a nivel nacional e internacional.” Insiste con que la función y efectos del endeudamiento externo dependen del proceso específico de acumulación de capital en el cual se inserta.
Esa base conceptual permite una mejor comprensión del recorrido de la deuda en las distintas etapas de la economía argentina desde mediados del siglo pasado. Esto significa que hablar hoy de la deuda con las mismas perspectivas de las últimas tres décadas desemboca en desaciertos. El actual proceso de desendeudamiento, en el marco de un intento de política de desarrollo industrial con ahorro interno, tiene algunos rasgos de los primeros gobiernos peronistas (1945-1955), cuando “la consolidación de la primera etapa de la sustitución de importaciones no estuvo asociada a una deuda externa significativa”, precisa Basualdo. En esos años no había deuda externa, y recién al final de esa gestión se obtuvo un crédito de 57 millones de dólares del Eximbank. Basualdo agrega que “la industrialización y la expansión productiva en general se consolidaron sobre la base del ahorro interno y de la transferencia de la renta agropecuaria hacia el bloque urbano-industrial”. El economista afirma que en diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad sino que se agotó “de manera irreversible” el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.
Detectar la existencia de otro patrón de acumulación, aún en disputa frente a una avanzada conservadora, y el papel diferente que juega la deuda en esta etapa deja al descubierto la fragilidad conceptual de algunos exponentes del denominado centroizquierda. El debate jurídico sobre el origen de la deuda (dictadura militar), como así también las denuncias judiciales sobre fraudes cometidos en el megacanje (gobierno democrático de Fernando de la Rúa), son aspectos que van por carriles que poco tienen que ver con el actual momento económico. La iniciativa de utilizar reservas para pagar deuda se inscribe en un necesario debate sobre el sendero de desarrollo, que para mostrar su fortaleza debe alejar la fuerte tentación del “retorno a los mercados” que impulsan ansiosos financistas y parece que seduce a ciertos funcionarios de Economía. Participar de esa discusión sin saber o querer delimitar el tema de la deuda entre los aspectos económicos y los jurídicos, mezclando todo por especulación política, termina aportando más elementos a la desorientación que la ortodoxia sabe cómo fomentar.
viernes, 5 de febrero de 2010
Sobre sindicalismo y peronismo - Una crítica a Jose Pablo Feinmann
Sobre sindicalismo y peronismo.
Una crítica a José Pablo Feinmann.
Una crítica a José Pablo Feinmann.
“(Nota: Ubaldini es ese sindicalista que le hizo la vida imposible a Alfonsín porque pagaba la deuda externa y no dijo una sola palabra, ni una, cuando Menem remató el país. ¿Rarezas del patriotismo argentino? ¿lealtades inquebrantables de los sindicalistas peronistas cuando presidentes de su partido gobiernan el país y suelen ser generosos con eso que Perón llamaba la columna vertebral del movimiento?. Váyase a saber. Pero Ubaldini, bajo Menem, ni mu.” José Pablo Feinmann, “Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina.”
( cap. nº 111, pag. IV), diario Página 12, el domingo 3 de enero de 2010.
-.-.-
“(…) Rucci era Lenin al lado de lo que Ubaldini y la CGT de los 90 aceptaron.” “ Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina.” ( cap. nº 114, pag. IV), diario Página 12, el domingo 24 de enero de 2010.
-.-.-
A titulo informativo, a modo reflexivo, y con sana vocación de polémica, dada la relevancia protagónica de la clase trabajadora y las organizaciones y agrupaciones sindicales en el pasado, presente y futuro de nuestra Nación, y en particular respecto del Peronismo, en tanto identidad política, constitutiva, y vigente,
de la gran mayoría del Movimiento Sindical Argentino.
LA PLATA, enero de 2010.
Néstor LAFLEUR.
Sobre Saúl Ubaldini, dirigente del gremio de los trabajadores cerveceros, Secretario General de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA).
Una breve reseña del contexto histórico y de los principales hechos en los que participó durante su trayectoria en el primer nivel de la dirigencia sindical nacional.
“(...) En razón de la naturaleza paradójica del sindicalismo –ser parte integrante del sistema capitalista al que le es antagónico sólo por su naturaleza— ni aún los peores sindicatos son, en la generalidad de los casos, únicamente organizaciones destinadas a asegurar la adaptación al statu quo. Si lo fueran, a la larga perderían sus afiliados, porque no lograrían nunca una conquista económica.” Perry Anderson, Alcances y limitaciones de la acción sindical. Pasado y Presente Nº 44, Buenos Aires: Siglo XXI, 1974.
1. El período dictatorial.
(desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983)
“El régimen social de acumulación que impuso la dictadura militar constituyó un caso particular, quizá el mas profundo y excluyente en América Latina, del nuevo funcionamiento de la economía mundial. Al igual de lo que ocurrió en la economía capitalista, en la sociedad argentina se impuso un planteo en el que la valorización financiera del capital devino en eje ordenador de las relaciones económicas” (…) “La condición previa que posibilitó la valorización financiera fue la inédita redistribución del ingreso en contra de los asalariados puesta en marcha por la dictadura militar mediante una caída abrupta del salario real
--superior al 40 % incluyendo en año 1977-- que tuvo como resultado una notable reducción de la participación de los asalariados en el ingreso nacional (descendió del 45% al 30% aproximadamente)”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs. 448; 452/453).
El período de la brutal dictadura oligárquico-militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores momentos históricos para nuestra Nación. La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pascuale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían muchos de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.
1977- Luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
- Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luis Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros). Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
En segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luis Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales.
1979 - El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera huelga general, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical. La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
1980 - En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
1981/1982 - Esta CGT-Brasil conducida por Ubaldini impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política. El 7 de noviembre de 1981 convocó a 10 mil personas por las calles del porteño barrio de Liniers para reclamar "pan, paz y trabajo" al santo San Cayetano, en lo que fue la primera expresión multitudinaria de oposición al gobierno militar del Proceso. Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
1983 - Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, con Ubaldini como Secretario General, secundado por Triaca como adjunto, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
(…) “Los sectores dominantes, a través del terrorismo de Estado que ejerció la dictadura militar, le impusieron a la sociedad argentina un nuevo patrón de acumulación cuyo núcleo central fueron las políticas económicas y un nuevo comportamiento estatal” (…) “La redefinición de la relación de por sí desigual, entre el capital y el trabajo tuvo tal magnitud que sólo puede entenderse como una revancha oligárquica sin precedentes históricos en el país, acorde con el profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs 116/117).
2. El período democrático -1ra parte-
a) desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante.
Los tres primeros años de la recuperación de las instituciones democráticas estuvieron plagadas de conflictos entre los sindicatos y el nuevo gobierno libremente electo.
Prácticamente desde el primer momento de la gestión de Alfonsín se entabló una confrontación política y social que se expresó en distintos ámbitos y escenarios, desde el Congreso de la Nación hasta las movilizaciones y actos en las calles. La CGT conducida por Saúl Ubaldini protagonizó estos conflictos.
En los fundamentos de esta disputa había dos situaciones básicas:
1- la crítica situación económica luego de un largo período de estancamiento, y el creciente volumen de la deuda externa, ambos pesada herencia del régimen oligárquico-militar, y
2- la deteriorada situación jurídica, económica y financiera de los sindicatos y sus obras sociales, resultante concreto del objetivo político dictatorial de destruir, o menguar todo lo posible, el poder político, social y organizativo que la clase trabajadora nacional había alcanzado en el período 1945/1975.
La situación económica y social.
La situación económica y social fue encarada por el gobierno, al principio, con la expectativa de lograr evitar el pago de los elevados intereses de la deuda externa, e intentar una política de ingresos que paliara en parte el deterioro de los salarios. Ambos intentos fracasaron. Hacia fines de 1984 tuvo que negociar con el FMI. y afrontar el pago, mientras un rápido proceso inflacionario afectaba aún más a los ingresos de los asalariados.
Como consecuencia, hacia junio de 1985, se implementó el Plan Austral con la pretensión de contener la suba de los precios, y se impuso el congelamiento de precios y salarios. Este congelamiento suponía convalidar la regresiva distribución de la riqueza heredada del régimen militar, a pesar de las intenciones del gobierno radical y de la fuerza de los reclamos sociales y sindicales para modificarla.
Si en 1975 los asalariados todavía percibían aproximadamente el 45% del ingreso nacional, a pesar del gobierno de Isabel Perón, diez años más tarde
con estancamiento económico y una población más numerosa, era sólo un 30% lo que recibían los trabajadores.
1984 - La CGT participó de la Mesa de Concertación convocada por el gobierno nacional.
1985 - La CGT se opuso al congelamiento de salarios, considerando al Plan Austral como un medio para resolver el pago de la deuda externa a costa de los salarios, más allá de la intención antiinflacionaria invocada por el gobierno.
1986 - En función de este estado de cosas socio-económico e institucional fue que la Central sindical propuso, en agosto de 1986, un “Programa de los 26 puntos para la Unión Nacional” (ver texto completo en archivo adjunto), y convocó a una nueva huelga general.
La situación institucional sindical.
La continuidad de las normas laborales y sindicales del “Proceso”, muchas de ellas proscriptivas e inconstitucionales, fue otra fuente permanente de conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
La normalización acordada (ley 23071), después de un primer intento fallido del oficialismo en el Congreso Nacional, permitió la realización de elecciones gremiales con la participación de una amplia mayoría de afiliados durante los años 1984/1985. Además estaba pendiente definir la representación de la CGT. todavía proscripta por la vigencia del decreto dictatorial nro. 22105 (1979).
Esta situación fue salvada en parte por un reconocimiento de hecho del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín hacia la dirección sindical provisoria que la legitimaba para desarrollar negociaciones institucionales.
Sin embargo, la CGT careció de personería gremial hasta el Congreso normalizador de noviembre de 1986, y hubo que esperar hasta abril de 1988, con la sanción de la nueva ley de asociaciones sindicales (nº 23551) para un reconocimiento institucional y legal pleno. Lo propio ocurrió con la legislación correspondiente a las convenciones colectivas de trabajo, con la reposición de la vigencia de la histórica ley nº 14250.
1986 - CGT.: Congreso normalizador y representatividad.
El 7 de noviembre de 1986, de acuerdo a lo acordado un par de meses antes con el gobierno, a través de la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se celebró en Buenos Aires el Congreso normalizador de la CGT. Para su realización se utilizaron las cifras de afiliaciones y lista de sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo.
Este fue el primer Congreso desde 1975. Participaron 1478 delegados congresales en representación de 4 millones de afiliados cotizantes (activos y jubilados), pertenecientes a 156 sindicatos. Durante la década 1976/1986 hubo una disminución de 1 millón de trabajadores sindicalizados, como consecuencia de la acción combinada de la represión dictatorial, la desindustrialización, el incremento del cuentapropismo y la intervención y desarticulación de las organizaciones sindicales.
El Congreso se celebró con la presencia de veedores de la OIT y del Ministerio de Trabajo, y resulto electo, legal y legítimamente, para el periodo 1986/1990, un nuevo Secretariado que se integró de la siguiente manera:
Secretario General: Saúl Ubaldini (Fed. Cerveceros); Sec Adjunto: Hugo Curto (UOM); Sec Gremial e Interior: José Pedraza (UF); Pro Sec Gremial e interior: Virgilio Nuñez (Luz y Fuerza); Sec. Hacienda: Alejo Farias (UOCRA); Pro Sec Hacienda: Hernán Prado (telegrafistas AATRA, afiliado a la UCR); Sec. Prensa: Guerino Andreoni (Comercio); Sec. Acción Social: Pedro Goyeneche (textiles AOT). El Secretariado se completaba con los Vocales: Miguel Candore (UPCN); Raúl Amín (SMATA); Juan Reyes (UTGRA); Luis Morán (industria alimentación SETIA); Victor De Gennaro (ATE); Omar Peombara (petroleros SUPE); Ruben Pereyra (Fed Obras Sanitarias); Carlos Cabrera (mineros AOMA); Juan Molina (sanidad ATSA); Juan Manuel Palacios (UTA); Ricardo Perez (Camioneros); Lesio Romero (Fed Industria de la Carne); y Gerónimo Izzeta (municipales COEMA).
Este hecho fue muy positivo porque cerró una década teñida por las persecuciones, las intervenciones y las proscripciones, y porque la CGT completó, así, hacia adentro de su propia orgánica, su valioso, y decisivo aporte a la democratización y la recuperación de las instituciones del orden constitucional.
1987/1988 - Entre los hechos mas destacados cabe señalar: el apoyo incondicional a la estabilidad democrática y al orden constitucional, y su franco repudio y movilización con motivo de los motines y sublevaciones militares ocurridos en la Semana Santa. En lo estrictamente sindical es importante mencionar el surgimiento del llamado Grupo de los 15 integrado por sindicatos que se mantuvieron dentro de la CGT , pero, que desde fines de 1987, fueron el sector “participacionista” (mas afín al gobierno), y lograron la designación de Carlos Alderete (Fed. Luz y Fuerza) como ministro de Trabajo nacional.
Como resultado de estas acciones sindicales, y de los cambios políticos producidos por elecciones legislativas y de gobernadores, donde predominó el sector renovador del Partido Justicialista, se acordaron y sancionaron, a mediados de 1988, las leyes que recompusieron la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, y la actual ley sindical, la nº 23551.
Las trece (13) huelgas generales que convocó y garantizó la CGT, con muy alta adhesión de trabajadores, y las movilizaciones y concentraciones masivas que los acompañaron, lo ubicaron a su Secretario General, Saúl Ubaldini, como un líder sindical indiscutido por representatividad y poder de convocatoria, y como un portavoz de amplios sectores populares críticos del proyecto y las políticas del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín
El período democrático - 2da parte-
b) desde julio de 1989 en adelante. El menemismo
En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 resultó electo el Dr. Carlos Menem, que el año anterior había triunfado en las elecciones internas nacionales del Partido Justicialista sobre los candidatos apoyados por los sectores políticos y sindicales renovadores del Peronismo.
La CGT participó activamente del proceso electoral. Germán Adbala (ATE) y Carlos Chacho Álvarez fueron elegidos diputados nacionales, y Saúl Ubaldini delegado al Colegio Electoral Nacional, en las boletas encabezadas por la fórmula Menem-Duhalde. “Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes (a la campaña): Bunge y Born, Loma Negra y Perez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Torino Macri, hermano de Franco) con 600.000; y Bridas con 500.000 dólares” (H. Verbitsky, Robo para la corona. Ed. Planeta. Buenos Aires. 1991).
Inmediatamente después de asumir, en medio de una crisis de hiperinflación, el Presidente acordó con los principales grupos económicos oligárquicos, en particular con Bunge y Born, decisiones políticas y económicas absolutamente opuestas al discurso y a la plataforma de gobierno sostenida en la campaña electoral. Esas medidas preanunciaron la adopción del neoliberalismo como doctrina, su alineamiento al gobierno de los Estados Unidos, al FMI. y al Banco Mundial, y sus posteriores políticas abiertamente antipopulares y antilaborales
El movimiento sindical se verá seriamente afectado. El peronismo se sentía traicionado por el presidente electo que había hablado del “salariazo” y la “revolución productiva” para luego hacer alianza con Bunge y Born y la UCD (Unión del Centro Democrático, partido de derecha encabezado por el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.)
El liderazgo de Ubaldini era cuestionado por Menem, tanto que la Comisión de Enlace (conformada por los primeros sindicatos que adhieren al menemismo y ex renovadores) solicita a los pocos meses la convocatoria a un Congreso Extraordinario para quebrar la incipiente resistencia a las primeras medidas del gobierno, y desplazar al líder cervecero.
El 10 de octubre de 1989 se inicia en el Teatro San Martín de la Capital Federal el Congreso Extraordinario de la CGT en el que se enfrentarán dos 7.
sectores y dos posiciones: aquellos que se proponen ejercer control crítico sobre el gobierno, liderado por Ubaldini y Lorenzo Miguel; y quienes priorizan el
apoyo irrestricto al gobierno, compuesto por los sindicatos miembros de la Comisión de Enlace y algunos alejados del ubaldinismo.
De allí surgieron dos estructuras orgánicas contrapuestas, y además algunos sindicatos se declararon “independientes”. La división fue forzada con una maniobra fraudulenta en la Comisión de Poderes (que verifica la legalidad y la representatividad de los delegaos congresales) luego denominado “menemista” por su incondicional adhesión y colaboración activa con el gobierno.
Sin duda la división sindical, y la desmovilización laboral y popular era una condición fundamental si se pretendía, como efectivamente ocurrió, profundizar, y consolidar el nefasto modelo socioeconómico del neoliberalismo en Argentina.
Como resultado de esa división quedaron conformados cuatro sectores:
- la CGT Azopardo, con Ubaldini como Secretario General, donde se encolumnan los gremios de la alimentación, camioneros (H. Moyano) docentes (CTERA), empleados estatales (ATE – V. De Genaro), metalúrgicos (UOM), telegrafistas, tranviarios (UTA – J.M. Palacios), marítimos, de Obras Sanitarias, Empleados de Farmacia, trabajadores de universidades nacionales (FATUN), químicos, periodistas, viajantes, La Fraternidad, judiciales (UEJN – J. Piumato), madereros y petroleros privados.
- la CGT San Martín, cuenta con el reconocimiento político y formal del gobierno, y esta encabezado por Guerino Andreoni (Empleados de Comercio) como Secretario General. Esta última conformada por los mercantiles, gastronómicos (UTGRA – L. Barrionuevo), de la carne, de la construcción (UOCRA – G. Martínez), mecánicos (SMATA – J. Rodríguez), plásticos (Jorge Triaca), telefónicos (FOETRA – J. Guillán), textiles, sanidad(FATSA – C. West Ocampo), ferroviarios (UF – J. Pedraza), vitivinícolas, azucareros, taxistas, del caucho, personal civil de la Nación (UPCN – A. Rodríguez), calzado, mineros, seguros, molineros y del vidrio.
- el “miguelismo”, es decir el grupo conducido por Lorenzo Miguel (metalúrgicos – UOM), e integrado entre otros por los petroleros (SUPE), recibidores de granos, viajantes de comercio, etc.
- los “independientes”, integrados por Luz y Fuerza, bancarios, y empleados de Correo (FOECYT – Baldassini), que se manifestaron próximos al gobierno, pero sin comprometerse con el participacionismo de la CGT San Martín.
“El inicio del proceso de privatizaciones de las empresas publicas y el tope a las demandas salariales impuesto por el plan económico Bunge y Born fueron disparadores del conflicto con los trabajadores y con el gremialismo. En ocasión del paro de gremios estatales en marzo de 1990, la medida sólo contó con el apoyo de la CGT Azopardo, mientras que se abstuvieron la CGT San Martín, los independientes, y los miguelistas integrados en la primera”. Historia de la economía argentina del siglo XX . Dr. Mario Rapoport - Director: Alfredo Zaiat -fascículo 51, pag 805 – La Página, Buenos Aires, 2007.-
1991 - En 1991, a partir de la aplicación del Programa de Convertibilidad, la estabilidad económica le permitió al menemismo consolidarse políticamente y ganar ampliamente las elecciones legislativas y de gobernadores. En la provincia de Buenos Aires fue electo el vicepresidente Eduardo Duhalde con el apoyo de la estructura política y sindical del menemismo. Saúl Ubaldini encabezó una lista opositora junto a Héctor Recalce, Hugo Moyano y dirigentes de la CGT Azopardo y de las Delegaciones Regionales que obtuvo el 2 % de los votos.
El resultado electoral condujo a la mayoría del sindicalismo a dos conclusiones: 1– que el modelo de Menem contaba con un mayoritario respaldo popular lo cual hacia prever su continuidad y probable consolidación; y 2– que para contener, o poner algún límite, a la política social y laboral del gobierno, la reunificación sindical era una necesidad urgente.
1992 - En marzo de 1992, en el Congreso de la CGT en Parque Norte (Capital Federal), los dos sectores (Azopardo y San Martín) se reunificaron mediante algunos acuerdos precarios, con Naldo Brunelli (UOM) como Secretario General.
También a principios de 1992 se organizó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego Central de Trabajadores Argentinos (CTA), un nuevo nucleamiento basado en la presencia de los estatales (ATE) y de los trabajadores de la educación (CTERA), que cuestiona frontalmente al modelo neoliberal, a las prácticas de los principales dirigentes de la CGT., y a la propia estructura histórica mayoritaria del sindicalismo argentino. Desde el punto de vista ideológico y político, allí confluyeron peronistas disidentes, socialistas, comunistas e independientes de izquierda; mas tarde se sumaron las expresiones sindicales de los partidos de tradición trotskista.
“Durante la implementación de las políticas de reforma del Estado, la relación entre los sindicatos y el gobierno atravesó dos etapas diferenciadas. La primera, de oposición a la privatización de las empresas estatales entre 1989 y 1990 se encuentra el record de los conflictos gremiales correspondientes a la gestión menemista hasta 1995 (751 en 1989; 864 en 1990). Los conflictos contra las privatizaciones en los gremios telefónico y ferroviario serán decisivos: el triunfo de los planes del gobierno debilitará en adelante la resistencia obrera. La segunda etapa, fue de reacomodamiento con voluntad negociadora: precisamente en 1991 el volumen total de los conflictos disminuyó (587), decreciendo aun mas en 1992 (279).” Breve historia del sindicalismo argentino. Santiago Senen González y Fabián Bosoer – Editorial El Ateneo – Buenos Aires – 1º edición – julio de 2009 – pagina 265.-
1993 - En este año se destaca como hecho político la firma de una serie de acuerdos entre el Presidente Menem, que busca habilitar su reelección, y el ex mandatario y líder de la UCR, Raúl Alfonsín, que son conocidos como el Pacto de Olivos. Como consecuencia, en mayo de 1994 se reúne la Convención Constituyente, y luego de meses de deliberación la reforma se jura el 22 de agosto en el Palacio San José, de Paraná (Entre Ríos).
(…) La contrapartida de la consolidación de los sectores dominantes luego de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 fue una crisis en el mercado de trabajo que avanzó aún en las etapas de mayor crecimiento económico pero cuya regresividad se profundizó cualitativamente a medida que se desaceleró la actividad económica. Una somera revisión de la evolución de los principales indicadores permite constatar la profundización de la revancha clasista puesta en marcha por la dictadura militar. Junto con la reducción del salario promedio, el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia registraron niveles inéditos que reforzaron el efecto disciplinador de la hiperinflaciones anteriores.” (Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 319).
1994 - El 1º de febrero de 1994, ante los avances de la política de flexibilización laboral del gobierno, el deterioro salarial, el aumento de la desocupación, y la inacción de la mayoría de la conducción de la CGT., el grupo de sindicatos original de la CGT Azopardo, se conformó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con mas de treinta y cinco (35) sindicatos nacionales (Camioneros, UTA., La Fraternidad, Alimentación, docentes privados (SADOP), UEJN (judiciales nacionales), trabajadores de televisión (SAT), obreros marítimos, trabajadores de publicidad (SUP), etc. Saúl Ubaldini, integro la primera conducción del MTA, que fue colectiva, junto a Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios, y Horacio Mujica (Fed. Empleados de Farmacias), entre otros dirigentes.
Poco después, en marzo, los tres sectores internos de la CGT (menemistas, miguelistas e independientes) convocan a un Congreso Extraordinario del que resulta electo Secretario General el dirigente petrolero menemista Antonio Cassia. Mientras en el interior del país las Delegaciones Regionales canalizan el descontento social, y algunas se unifican (por ejemplo en Rosario y Córdoba) para organizar movilizaciones de protesta.
La nueva conducción firma, a los pocos días, junto al gobierno y a los empresarios representativos de los grupos económicos oligárquicos y las corporaciones transnacionales, el llamado “Grupo de los Ocho”, un llamado Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, que facilitará a futuro, la implementación de las leyes flexibilizadoras,
Inmediatamente, el 6 de julio, se realiza la Marcha Federal convocada por la Mesa de Enlace que integran el MTA., la CTA., y la Corriente Clasista Combativa (CCC); y al mes siguiente, el 2 de agosto, el MTA y la CTA realizan en conjunto una huelga general con importante adhesión en el transporte, la educación y la administración pública, y con amplia aunque dispar repercusión en todo el país.
1995 - Las elecciones presidenciales acentuaron las divisiones políticas entre la CGT., que apoyó la candidatura del Presidente Menem, y el MTA y la CTA que respaldaron la fórmula del FREPASO, José O. Bordón – Carlos “Chacho” Álvarez. La reelección de Menem, obtenida con mas del 49% de los sufragios, motivó un replanteo al interior de la CGT., con miras a un accionar defensivo mas eficaz ante la muy previsible profundización del proyecto neoliberal de Menem y su ministro de Economía, Domingo F. Cavallo.
Un nuevo Congreso realizado el 4 de julio, designó a Gerardo Martínez (UOCRA) como Secretario General, con el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas y los sectores críticos al gobierno. El Secretariado se completó de la siguiente manera: Sec Adjunto, Juan José Zanola (Asociación Bancaria); Sec Relaciones Institucionales, Andrés Rodriguez (UPCN); Sec Prensa, Carlos West Ocampo (sanidad FATSA); Sec Cultura y Capacitación, Armando Cavalieri (Comercio FAECYS); Sec Seguridad Social, Luis Barrionuevo (UTGRA); Sec Acción Social, José Rodriguez (mecánicos SMATA); Sec Vivienda y Turismo, Oscar Lezcano (Luz y Fuerza); Sec Finanzas, José Pedraza (Unión Ferroviaria); Sec Administración, Pedro Goyeneche (textiles AOT); Sec Relaciones Internacionales, Francisco Gutierrez (UOM); y Sec Interior: Saúl Ubaldini (Federación Trabajadores Cerveceros).
Desde el inicio de la gestión de G. Martínez, el MTA condicionó su participación, exigía un plan de lucha contra el modelo que genera cada vez mas desocupación”. En un contexto marcado por la tasa mas alta de desempleo de la historia (18,6% en mayo de 1995), la creciente “flexibilización” laboral, el cierre de fábricas, la reducción de los salarios, los intentos de reformas regresivas a la legislación de convenciones colectivas, el intento de eliminar o limitar a las obras sociales sindicales, la disminución de los aportes patronales, etc., la reacción de los sindicatos y la protesta social eran inevitables.
En el Comité Central Confederal de la CGT reunido el 8 de agosto, el MTA apoyado por los sectores críticos, entre ellos algunos de los gremios más numerosos, logró imponer su propuesta, y se decidió por aclamación, un paro y movilización para el 6 de setiembre. En los días previos a la Jornada de Protesta, el MTA y la CTA coordinaron sus acciones y manifestaron públicamente que paraban y se movilizaban en contra del modelo de exclusión social. El día de la huelga, en la Plaza de los Dos Congresos, mas de 60 mil trabajadores se manifestaron contra la política social y económica del gobierno.
Este fue un acontecimiento importante de ese período por la acción conjunta de la CGT, el MTA, la CTA, la CCC, y otras agrupaciones, por la masividad de la convocatoria, y porque se logró instalar política y socialmente que el problema del desempleo era una de las consecuencias más graves del modelo neoliberal del menemismo, y que era urgente y necesario enfrentarlo.
El 20 de noviembre la Mesa de Enlace (MTA, UOM, CTA, CCC, FUA, y otros) realiza una nutrida marcha a la Plaza de Mayo contra la desocupación y la pobreza.
1996/1997 – en estos años se comienzan a ser evidentes las dramáticas consecuencias sociales de las políticas sociolaborales del menemismo, y del proceso de privatizaciones que produjo el cierre de refinerías, plantas fabriles y minas, del 90 % de los ramales ferroviarios, el establecimiento de peajes, etc., afectando la supervivencia de ciudades enteras. (…) El 12 de abril de 1997 cientos de trabajadores desocupados de la ciudad neuquina de Cutral-co, en su mayoría ex obreros petroleros y de la construcción, surgen de la invisibilidad para formar piquetes y cortar la ruta 17. En la represión muere Teresa Rodríguez. Poco después los piquetes reaparecen en Salta (Tartagal y General Mosconi). Al mismo tiempo surgen piquetes en el partido bonaerense de La Matanza. Ese mismo año, en las elecciones parlamentarias el menemismo es derrotado por la Alianza UCR-FREPASO. Se produjo entonces un punto de inflexión en la relación con el conjunto del movimiento obrero. La CGT se suma al MTA, a la CTA, y a la CCC en las movilizaciones contra la política económica.
Epílogo
“El nivel de participación de los asalariados en el ingreso fue irreversible, pero con modalidades diferentes a través del tiempo. En los primeros años de la dictadura militar, la concentración del ingreso avanzó exclusivamente mediante la brutal caída del salario real promedio, mientras que en los años ochenta comenzó a incidir la desocupación y, más aún, la subocupación de la mano de obra. Finalmente, durante la década de los noventa, si bien se acentuó la contracción salarial, la principal vía fue el explosivo crecimiento de la desocupación y, en menor medida, pero también significativa, el de la subocupación de la mano de obra. Estos fenómenos desencadenaron los inusitados niveles de pobreza extrema que irrumpieron en esos años. (…) Es indudable que esta situación se agravó durante los años noventa, coincidiendo con una profundización del proceso de desindustrialización y la privatización de las empresas estatales, deviniendo los trabajadores desocupados en uno de los estratos más dinámicos en las luchas sociales que se desplegaron durante los últimos años de la Convertibilidad. Aunque todos los estratos formaban parte de la clase trabajadora, es indudable que la profunda heterogeneidad no sólo volvió más dificultosa la convergencia sobre reivindicaciones comunes sino que, incluso, se comenzaron a esbozar contradicciones entre ellos”.
(…) “En diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad, sino que se agotó de manera irreversible el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.” ((Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 453; 470).
Las estadísticas muestran que mientras en el período 1983/1989 la frecuencia de las huelgas generales fue de una cada seis meses; en el período1989/1999 disminuyó a una cada quince meses. Estos números deben comprenderse en el contexto histórico y debe reconocerse la influencia de importantes factores internos y externos. Con respecto a estos últimos, hubo un retraimiento general del movimiento sindical a nivel internacional “vinculado con la caída de los regímenes socialistas y el avance de la globalización. En cuanto a los factores internos se destaca la experiencia traumática de la hiperinflación” (Historia económica argentina del siglo XX- MR/AZ, pag. 806). Asimismo entre estos últimos debe destacarse el impacto disciplinador y desmovilizador de la hiperdesocupación que asoló a la clase trabajadora desde fines de los noventa hasta los tres primeros años de este siglo, pese a lo cual las luchas sindicales y sociales nunca se interrumpieron, ni decayeron.
-.-.-
Estos como los otros hechos políticos, sociales y sindicales mencionados pueden verificarse en los diversos textos valiosos que analizan este período de nuestra historia. Mario Rapoport, Juan Carlos Torre, Héctor Recalde, Julio Godio, Arturo Fernández, son algunos de los investigadores destacados a los que hemos recurrido, y sus producciones están disponibles.
El último cargo sindical de importancia de Saúl Ubaldini fue su designación como Secretario de Interior de la CGT en 1995. Posteriormente continuó ligado al MTA; mas tarde, fue también fue dos veces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en ambas, vinculado al duhaldismo, y cumplió dos mandatos 1997/ 2001, y fue reelegido hasta 2005. A partir de mayo de 2006, fue contratado como asesor de Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido. Falleció a los 69 años, victima de un cáncer de pulmón, el 19 de noviembre de 2006.
Había nacido en el barrio de Mataderos, en Capital Federal, hijo de un obrero de la carne y una costurera. Trabajó como cadete, como aprendiz de taller mecánico y en una farmacia pero la búsqueda terminó cuando ingresó al frigorífico Lisandro de la Torre, donde comenzó su carrera gremial como delegado, y participó de la huelga e histórica toma del 1º de enero de 1959, conducida por Sebastián Borro. Fue encarcelado por primera vez en 1964. Poco después se incorporó a la Compañía Argentina de Levaduras y allí ingresó al mundo de los Cerveceros. En 1972 fue elegido secretario general de la Federación Obrera Cervecera Argentina (FOCA). Desde allí fue en 1977 a la Comisión de los 25.
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Este procura ser un aporte al rescate, la reflexión, y al imprescindible debate sobre el rol del movimiento sindical y sus dirigentes, con sus luces y sombras, con sus lógicas contradicciones y limitaciones, en el contexto de la historia y las luchas nacionales.
A titulo informativo, a modo reflexivo, y con sana vocación de polémica, dada la relevancia protagónica de la clase trabajadora y las organizaciones y agrupaciones sindicales en el pasado, presente y futuro de nuestra Nación, y en particular respecto del Peronismo, en tanto identidad política, constitutiva, y vigente, de la gran mayoría del Movimiento Sindical Argentino.
Néstor Lafleur.
Una breve reseña del contexto histórico y de los principales hechos en los que participó durante su trayectoria en el primer nivel de la dirigencia sindical nacional.
“(...) En razón de la naturaleza paradójica del sindicalismo –ser parte integrante del sistema capitalista al que le es antagónico sólo por su naturaleza— ni aún los peores sindicatos son, en la generalidad de los casos, únicamente organizaciones destinadas a asegurar la adaptación al statu quo. Si lo fueran, a la larga perderían sus afiliados, porque no lograrían nunca una conquista económica.” Perry Anderson, Alcances y limitaciones de la acción sindical. Pasado y Presente Nº 44, Buenos Aires: Siglo XXI, 1974.
1. El período dictatorial.
(desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983)
“El régimen social de acumulación que impuso la dictadura militar constituyó un caso particular, quizá el mas profundo y excluyente en América Latina, del nuevo funcionamiento de la economía mundial. Al igual de lo que ocurrió en la economía capitalista, en la sociedad argentina se impuso un planteo en el que la valorización financiera del capital devino en eje ordenador de las relaciones económicas” (…) “La condición previa que posibilitó la valorización financiera fue la inédita redistribución del ingreso en contra de los asalariados puesta en marcha por la dictadura militar mediante una caída abrupta del salario real
--superior al 40 % incluyendo en año 1977-- que tuvo como resultado una notable reducción de la participación de los asalariados en el ingreso nacional (descendió del 45% al 30% aproximadamente)”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs. 448; 452/453).
El período de la brutal dictadura oligárquico-militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983, fue uno de los peores momentos históricos para nuestra Nación. La clase trabajadora, sus organizaciones, dirigentes, delegados y militantes gremiales fueron el blanco predilecto, y necesario, para comenzar la destrucción del país industrial, del pleno empleo y de las principales conquistas sociales alcanzadas hasta entonces.
En el terreno específicamente sindical la dictadura intervino la CGT y encarceló a los dirigentes de los principales gremios, suprimió buena parte de la legislación laboral, empezando por la propia ley de Contrato de Trabajo nro. 20744, la penalización de la huelga, etc. Al mismo tiempo se reprimió a los dirigentes y delegados que resistieron esas medidas, entre decenas de miles algunos de los casos más notorios fueron los secuestros y posterior desaparición de René Salamanca (Secretario general SMATA-Córdoba), Oscar Smith (Secretario general Luz y Fuerza-Capital) y Jorge Di Pascuale (Secretario General Sindicato de Empleados de Farmacia).
Pero el ataque al sindicalismo no se registró sólo contra los dirigentes nacionales, sino también y sobre todo contra los delegados miembros de Comisiones Internas, y contra los intentos de reconstrucción de los cuerpos de delegados que procuraban reemplazar, a nivel de las empresas, la ausencia de acción sindical de las organizaciones intervenidas por las Fuerzas Armadas.
A éste movimiento de base pertenecían muchos de los militantes y activistas sindicales y gremiales que sufrieron la represión en forma de muerte, desaparición, cárcel, exilio, despidos, etc.
1977- Luego de las huelgas y movilizaciones de los primeros meses, la reorganización del movimiento sindical tuvo dos expresiones muy claras:
- Primero, se conformó la “Comisión de los 25”, integrada, entre otros, por Roberto García(taxistas), José Luis Castillo (Obreros navales), Roberto Digón (tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Juan Horvath (estatales-ATE), Abdala Baruch (metalúrgicos-UOM), Saúl Ubaldini (cerveceros) y Fernando Donaires (papeleros). Esta se caracterizó por la fuerte confrontación política y social con la dictadura ya que reivindicaba la liberación de los dirigentes y delegados presos, la restitución las organizaciones y de la legislación laboral y sindical a los trabajadores, amén de la impugnación a las principales líneas de la política económica y el reclamo por la restauración de la democracia.
En segundo lugar, se integró la “Comisión de Gestión y Trabajo”, de la cual participaron Jorge Triaca (plásticos), Luis Guerrero (metalúrgicos-UOM), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza), y Delfor Giménez (textiles-AOT). En este caso, tendían a priorizar la negociación con la dictadura, y a establecer acuerdos sectoriales.
1979 - El 27 de abril de 1979 la Comisión de los 25 convocó a la primera huelga general, y a partir de allí comienza una nueva etapa de resistencia política y social y de reorganización sindical. La respuesta del gobierno fueron los decretos que modificaban regresivamente la legislación de asociaciones profesionales), prohibiendo la posibilidad de reconstruir la central única (CGT); y también, la normativa de las obras sociales, separándolas de los respectivos sindicatos.
1980 - En 1980, a partir de la iniciativa de algunas Regionales, muy activas, de la CGT (entre ellas la de Avellaneda-Lanús) y de la propia Comisión de los 25, se conformó la llamada CGT-Brasil, así denominada por la ubicación de su sede en una casona del barrio de Constitución, en Capital Federal); su Secretario General fue Saúl Ubaldini, dirigente cervecero de importante trayectoria posterior, y su principal intención era aunar los esfuerzos de los distintos sectores para desarrollar una protesta social más activa contra el régimen.
1981/1982 - Esta CGT-Brasil conducida por Ubaldini impulsó una nueva huelga general el 22 de julio de 1981, que tuvo mayor incidencia en los gremios industriales, y fuerte repercusión política. El 7 de noviembre de 1981 convocó a 10 mil personas por las calles del porteño barrio de Liniers para reclamar "pan, paz y trabajo" al santo San Cayetano, en lo que fue la primera expresión multitudinaria de oposición al gobierno militar del Proceso. Pocos meses después, esta línea de acción se profundizó con la movilización realizada el 30 de marzo de 1982 hacia la Plaza de Mayo, que fue brutalmente reprimida.
1983 - Una oleada de conflictos laborales en demanda de mejoras salariales, y como manifestaciones antidictatoriales y por la democracia, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena política y social.
Finalmente, en octubre de 1983, días antes de las elecciones presidenciales, con una CGT unificada, con Ubaldini como Secretario General, secundado por Triaca como adjunto, se realiza, con acatamiento masivo, la última huelga general del período dictatorial.
(…) “Los sectores dominantes, a través del terrorismo de Estado que ejerció la dictadura militar, le impusieron a la sociedad argentina un nuevo patrón de acumulación cuyo núcleo central fueron las políticas económicas y un nuevo comportamiento estatal” (…) “La redefinición de la relación de por sí desigual, entre el capital y el trabajo tuvo tal magnitud que sólo puede entenderse como una revancha oligárquica sin precedentes históricos en el país, acorde con el profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina”. (Eduardo M. Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.2006; págs 116/117).
2. El período democrático -1ra parte-
a) desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante.
Los tres primeros años de la recuperación de las instituciones democráticas estuvieron plagadas de conflictos entre los sindicatos y el nuevo gobierno libremente electo.
Prácticamente desde el primer momento de la gestión de Alfonsín se entabló una confrontación política y social que se expresó en distintos ámbitos y escenarios, desde el Congreso de la Nación hasta las movilizaciones y actos en las calles. La CGT conducida por Saúl Ubaldini protagonizó estos conflictos.
En los fundamentos de esta disputa había dos situaciones básicas:
1- la crítica situación económica luego de un largo período de estancamiento, y el creciente volumen de la deuda externa, ambos pesada herencia del régimen oligárquico-militar, y
2- la deteriorada situación jurídica, económica y financiera de los sindicatos y sus obras sociales, resultante concreto del objetivo político dictatorial de destruir, o menguar todo lo posible, el poder político, social y organizativo que la clase trabajadora nacional había alcanzado en el período 1945/1975.
La situación económica y social.
La situación económica y social fue encarada por el gobierno, al principio, con la expectativa de lograr evitar el pago de los elevados intereses de la deuda externa, e intentar una política de ingresos que paliara en parte el deterioro de los salarios. Ambos intentos fracasaron. Hacia fines de 1984 tuvo que negociar con el FMI. y afrontar el pago, mientras un rápido proceso inflacionario afectaba aún más a los ingresos de los asalariados.
Como consecuencia, hacia junio de 1985, se implementó el Plan Austral con la pretensión de contener la suba de los precios, y se impuso el congelamiento de precios y salarios. Este congelamiento suponía convalidar la regresiva distribución de la riqueza heredada del régimen militar, a pesar de las intenciones del gobierno radical y de la fuerza de los reclamos sociales y sindicales para modificarla.
Si en 1975 los asalariados todavía percibían aproximadamente el 45% del ingreso nacional, a pesar del gobierno de Isabel Perón, diez años más tarde
con estancamiento económico y una población más numerosa, era sólo un 30% lo que recibían los trabajadores.
1984 - La CGT participó de la Mesa de Concertación convocada por el gobierno nacional.
1985 - La CGT se opuso al congelamiento de salarios, considerando al Plan Austral como un medio para resolver el pago de la deuda externa a costa de los salarios, más allá de la intención antiinflacionaria invocada por el gobierno.
1986 - En función de este estado de cosas socio-económico e institucional fue que la Central sindical propuso, en agosto de 1986, un “Programa de los 26 puntos para la Unión Nacional” (ver texto completo en archivo adjunto), y convocó a una nueva huelga general.
La situación institucional sindical.
La continuidad de las normas laborales y sindicales del “Proceso”, muchas de ellas proscriptivas e inconstitucionales, fue otra fuente permanente de conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
La normalización acordada (ley 23071), después de un primer intento fallido del oficialismo en el Congreso Nacional, permitió la realización de elecciones gremiales con la participación de una amplia mayoría de afiliados durante los años 1984/1985. Además estaba pendiente definir la representación de la CGT. todavía proscripta por la vigencia del decreto dictatorial nro. 22105 (1979).
Esta situación fue salvada en parte por un reconocimiento de hecho del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín hacia la dirección sindical provisoria que la legitimaba para desarrollar negociaciones institucionales.
Sin embargo, la CGT careció de personería gremial hasta el Congreso normalizador de noviembre de 1986, y hubo que esperar hasta abril de 1988, con la sanción de la nueva ley de asociaciones sindicales (nº 23551) para un reconocimiento institucional y legal pleno. Lo propio ocurrió con la legislación correspondiente a las convenciones colectivas de trabajo, con la reposición de la vigencia de la histórica ley nº 14250.
1986 - CGT.: Congreso normalizador y representatividad.
El 7 de noviembre de 1986, de acuerdo a lo acordado un par de meses antes con el gobierno, a través de la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se celebró en Buenos Aires el Congreso normalizador de la CGT. Para su realización se utilizaron las cifras de afiliaciones y lista de sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo.
Este fue el primer Congreso desde 1975. Participaron 1478 delegados congresales en representación de 4 millones de afiliados cotizantes (activos y jubilados), pertenecientes a 156 sindicatos. Durante la década 1976/1986 hubo una disminución de 1 millón de trabajadores sindicalizados, como consecuencia de la acción combinada de la represión dictatorial, la desindustrialización, el incremento del cuentapropismo y la intervención y desarticulación de las organizaciones sindicales.
El Congreso se celebró con la presencia de veedores de la OIT y del Ministerio de Trabajo, y resulto electo, legal y legítimamente, para el periodo 1986/1990, un nuevo Secretariado que se integró de la siguiente manera:
Secretario General: Saúl Ubaldini (Fed. Cerveceros); Sec Adjunto: Hugo Curto (UOM); Sec Gremial e Interior: José Pedraza (UF); Pro Sec Gremial e interior: Virgilio Nuñez (Luz y Fuerza); Sec. Hacienda: Alejo Farias (UOCRA); Pro Sec Hacienda: Hernán Prado (telegrafistas AATRA, afiliado a la UCR); Sec. Prensa: Guerino Andreoni (Comercio); Sec. Acción Social: Pedro Goyeneche (textiles AOT). El Secretariado se completaba con los Vocales: Miguel Candore (UPCN); Raúl Amín (SMATA); Juan Reyes (UTGRA); Luis Morán (industria alimentación SETIA); Victor De Gennaro (ATE); Omar Peombara (petroleros SUPE); Ruben Pereyra (Fed Obras Sanitarias); Carlos Cabrera (mineros AOMA); Juan Molina (sanidad ATSA); Juan Manuel Palacios (UTA); Ricardo Perez (Camioneros); Lesio Romero (Fed Industria de la Carne); y Gerónimo Izzeta (municipales COEMA).
Este hecho fue muy positivo porque cerró una década teñida por las persecuciones, las intervenciones y las proscripciones, y porque la CGT completó, así, hacia adentro de su propia orgánica, su valioso, y decisivo aporte a la democratización y la recuperación de las instituciones del orden constitucional.
1987/1988 - Entre los hechos mas destacados cabe señalar: el apoyo incondicional a la estabilidad democrática y al orden constitucional, y su franco repudio y movilización con motivo de los motines y sublevaciones militares ocurridos en la Semana Santa. En lo estrictamente sindical es importante mencionar el surgimiento del llamado Grupo de los 15 integrado por sindicatos que se mantuvieron dentro de la CGT , pero, que desde fines de 1987, fueron el sector “participacionista” (mas afín al gobierno), y lograron la designación de Carlos Alderete (Fed. Luz y Fuerza) como ministro de Trabajo nacional.
Como resultado de estas acciones sindicales, y de los cambios políticos producidos por elecciones legislativas y de gobernadores, donde predominó el sector renovador del Partido Justicialista, se acordaron y sancionaron, a mediados de 1988, las leyes que recompusieron la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, y la actual ley sindical, la nº 23551.
Las trece (13) huelgas generales que convocó y garantizó la CGT, con muy alta adhesión de trabajadores, y las movilizaciones y concentraciones masivas que los acompañaron, lo ubicaron a su Secretario General, Saúl Ubaldini, como un líder sindical indiscutido por representatividad y poder de convocatoria, y como un portavoz de amplios sectores populares críticos del proyecto y las políticas del gobierno presidido por el Dr. Alfonsín
El período democrático - 2da parte-
b) desde julio de 1989 en adelante. El menemismo
En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 resultó electo el Dr. Carlos Menem, que el año anterior había triunfado en las elecciones internas nacionales del Partido Justicialista sobre los candidatos apoyados por los sectores políticos y sindicales renovadores del Peronismo.
La CGT participó activamente del proceso electoral. Germán Adbala (ATE) y Carlos Chacho Álvarez fueron elegidos diputados nacionales, y Saúl Ubaldini delegado al Colegio Electoral Nacional, en las boletas encabezadas por la fórmula Menem-Duhalde. “Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes (a la campaña): Bunge y Born, Loma Negra y Perez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Torino Macri, hermano de Franco) con 600.000; y Bridas con 500.000 dólares” (H. Verbitsky, Robo para la corona. Ed. Planeta. Buenos Aires. 1991).
Inmediatamente después de asumir, en medio de una crisis de hiperinflación, el Presidente acordó con los principales grupos económicos oligárquicos, en particular con Bunge y Born, decisiones políticas y económicas absolutamente opuestas al discurso y a la plataforma de gobierno sostenida en la campaña electoral. Esas medidas preanunciaron la adopción del neoliberalismo como doctrina, su alineamiento al gobierno de los Estados Unidos, al FMI. y al Banco Mundial, y sus posteriores políticas abiertamente antipopulares y antilaborales
El movimiento sindical se verá seriamente afectado. El peronismo se sentía traicionado por el presidente electo que había hablado del “salariazo” y la “revolución productiva” para luego hacer alianza con Bunge y Born y la UCD (Unión del Centro Democrático, partido de derecha encabezado por el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.)
El liderazgo de Ubaldini era cuestionado por Menem, tanto que la Comisión de Enlace (conformada por los primeros sindicatos que adhieren al menemismo y ex renovadores) solicita a los pocos meses la convocatoria a un Congreso Extraordinario para quebrar la incipiente resistencia a las primeras medidas del gobierno, y desplazar al líder cervecero.
El 10 de octubre de 1989 se inicia en el Teatro San Martín de la Capital Federal el Congreso Extraordinario de la CGT en el que se enfrentarán dos 7.
sectores y dos posiciones: aquellos que se proponen ejercer control crítico sobre el gobierno, liderado por Ubaldini y Lorenzo Miguel; y quienes priorizan el
apoyo irrestricto al gobierno, compuesto por los sindicatos miembros de la Comisión de Enlace y algunos alejados del ubaldinismo.
De allí surgieron dos estructuras orgánicas contrapuestas, y además algunos sindicatos se declararon “independientes”. La división fue forzada con una maniobra fraudulenta en la Comisión de Poderes (que verifica la legalidad y la representatividad de los delegaos congresales) luego denominado “menemista” por su incondicional adhesión y colaboración activa con el gobierno.
Sin duda la división sindical, y la desmovilización laboral y popular era una condición fundamental si se pretendía, como efectivamente ocurrió, profundizar, y consolidar el nefasto modelo socioeconómico del neoliberalismo en Argentina.
Como resultado de esa división quedaron conformados cuatro sectores:
- la CGT Azopardo, con Ubaldini como Secretario General, donde se encolumnan los gremios de la alimentación, camioneros (H. Moyano) docentes (CTERA), empleados estatales (ATE – V. De Genaro), metalúrgicos (UOM), telegrafistas, tranviarios (UTA – J.M. Palacios), marítimos, de Obras Sanitarias, Empleados de Farmacia, trabajadores de universidades nacionales (FATUN), químicos, periodistas, viajantes, La Fraternidad, judiciales (UEJN – J. Piumato), madereros y petroleros privados.
- la CGT San Martín, cuenta con el reconocimiento político y formal del gobierno, y esta encabezado por Guerino Andreoni (Empleados de Comercio) como Secretario General. Esta última conformada por los mercantiles, gastronómicos (UTGRA – L. Barrionuevo), de la carne, de la construcción (UOCRA – G. Martínez), mecánicos (SMATA – J. Rodríguez), plásticos (Jorge Triaca), telefónicos (FOETRA – J. Guillán), textiles, sanidad(FATSA – C. West Ocampo), ferroviarios (UF – J. Pedraza), vitivinícolas, azucareros, taxistas, del caucho, personal civil de la Nación (UPCN – A. Rodríguez), calzado, mineros, seguros, molineros y del vidrio.
- el “miguelismo”, es decir el grupo conducido por Lorenzo Miguel (metalúrgicos – UOM), e integrado entre otros por los petroleros (SUPE), recibidores de granos, viajantes de comercio, etc.
- los “independientes”, integrados por Luz y Fuerza, bancarios, y empleados de Correo (FOECYT – Baldassini), que se manifestaron próximos al gobierno, pero sin comprometerse con el participacionismo de la CGT San Martín.
“El inicio del proceso de privatizaciones de las empresas publicas y el tope a las demandas salariales impuesto por el plan económico Bunge y Born fueron disparadores del conflicto con los trabajadores y con el gremialismo. En ocasión del paro de gremios estatales en marzo de 1990, la medida sólo contó con el apoyo de la CGT Azopardo, mientras que se abstuvieron la CGT San Martín, los independientes, y los miguelistas integrados en la primera”. Historia de la economía argentina del siglo XX . Dr. Mario Rapoport - Director: Alfredo Zaiat -fascículo 51, pag 805 – La Página, Buenos Aires, 2007.-
1991 - En 1991, a partir de la aplicación del Programa de Convertibilidad, la estabilidad económica le permitió al menemismo consolidarse políticamente y ganar ampliamente las elecciones legislativas y de gobernadores. En la provincia de Buenos Aires fue electo el vicepresidente Eduardo Duhalde con el apoyo de la estructura política y sindical del menemismo. Saúl Ubaldini encabezó una lista opositora junto a Héctor Recalce, Hugo Moyano y dirigentes de la CGT Azopardo y de las Delegaciones Regionales que obtuvo el 2 % de los votos.
El resultado electoral condujo a la mayoría del sindicalismo a dos conclusiones: 1– que el modelo de Menem contaba con un mayoritario respaldo popular lo cual hacia prever su continuidad y probable consolidación; y 2– que para contener, o poner algún límite, a la política social y laboral del gobierno, la reunificación sindical era una necesidad urgente.
1992 - En marzo de 1992, en el Congreso de la CGT en Parque Norte (Capital Federal), los dos sectores (Azopardo y San Martín) se reunificaron mediante algunos acuerdos precarios, con Naldo Brunelli (UOM) como Secretario General.
También a principios de 1992 se organizó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, luego Central de Trabajadores Argentinos (CTA), un nuevo nucleamiento basado en la presencia de los estatales (ATE) y de los trabajadores de la educación (CTERA), que cuestiona frontalmente al modelo neoliberal, a las prácticas de los principales dirigentes de la CGT., y a la propia estructura histórica mayoritaria del sindicalismo argentino. Desde el punto de vista ideológico y político, allí confluyeron peronistas disidentes, socialistas, comunistas e independientes de izquierda; mas tarde se sumaron las expresiones sindicales de los partidos de tradición trotskista.
“Durante la implementación de las políticas de reforma del Estado, la relación entre los sindicatos y el gobierno atravesó dos etapas diferenciadas. La primera, de oposición a la privatización de las empresas estatales entre 1989 y 1990 se encuentra el record de los conflictos gremiales correspondientes a la gestión menemista hasta 1995 (751 en 1989; 864 en 1990). Los conflictos contra las privatizaciones en los gremios telefónico y ferroviario serán decisivos: el triunfo de los planes del gobierno debilitará en adelante la resistencia obrera. La segunda etapa, fue de reacomodamiento con voluntad negociadora: precisamente en 1991 el volumen total de los conflictos disminuyó (587), decreciendo aun mas en 1992 (279).” Breve historia del sindicalismo argentino. Santiago Senen González y Fabián Bosoer – Editorial El Ateneo – Buenos Aires – 1º edición – julio de 2009 – pagina 265.-
1993 - En este año se destaca como hecho político la firma de una serie de acuerdos entre el Presidente Menem, que busca habilitar su reelección, y el ex mandatario y líder de la UCR, Raúl Alfonsín, que son conocidos como el Pacto de Olivos. Como consecuencia, en mayo de 1994 se reúne la Convención Constituyente, y luego de meses de deliberación la reforma se jura el 22 de agosto en el Palacio San José, de Paraná (Entre Ríos).
(…) La contrapartida de la consolidación de los sectores dominantes luego de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 fue una crisis en el mercado de trabajo que avanzó aún en las etapas de mayor crecimiento económico pero cuya regresividad se profundizó cualitativamente a medida que se desaceleró la actividad económica. Una somera revisión de la evolución de los principales indicadores permite constatar la profundización de la revancha clasista puesta en marcha por la dictadura militar. Junto con la reducción del salario promedio, el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia registraron niveles inéditos que reforzaron el efecto disciplinador de la hiperinflaciones anteriores.” (Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 319).
1994 - El 1º de febrero de 1994, ante los avances de la política de flexibilización laboral del gobierno, el deterioro salarial, el aumento de la desocupación, y la inacción de la mayoría de la conducción de la CGT., el grupo de sindicatos original de la CGT Azopardo, se conformó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con mas de treinta y cinco (35) sindicatos nacionales (Camioneros, UTA., La Fraternidad, Alimentación, docentes privados (SADOP), UEJN (judiciales nacionales), trabajadores de televisión (SAT), obreros marítimos, trabajadores de publicidad (SUP), etc. Saúl Ubaldini, integro la primera conducción del MTA, que fue colectiva, junto a Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios, y Horacio Mujica (Fed. Empleados de Farmacias), entre otros dirigentes.
Poco después, en marzo, los tres sectores internos de la CGT (menemistas, miguelistas e independientes) convocan a un Congreso Extraordinario del que resulta electo Secretario General el dirigente petrolero menemista Antonio Cassia. Mientras en el interior del país las Delegaciones Regionales canalizan el descontento social, y algunas se unifican (por ejemplo en Rosario y Córdoba) para organizar movilizaciones de protesta.
La nueva conducción firma, a los pocos días, junto al gobierno y a los empresarios representativos de los grupos económicos oligárquicos y las corporaciones transnacionales, el llamado “Grupo de los Ocho”, un llamado Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, que facilitará a futuro, la implementación de las leyes flexibilizadoras,
Inmediatamente, el 6 de julio, se realiza la Marcha Federal convocada por la Mesa de Enlace que integran el MTA., la CTA., y la Corriente Clasista Combativa (CCC); y al mes siguiente, el 2 de agosto, el MTA y la CTA realizan en conjunto una huelga general con importante adhesión en el transporte, la educación y la administración pública, y con amplia aunque dispar repercusión en todo el país.
1995 - Las elecciones presidenciales acentuaron las divisiones políticas entre la CGT., que apoyó la candidatura del Presidente Menem, y el MTA y la CTA que respaldaron la fórmula del FREPASO, José O. Bordón – Carlos “Chacho” Álvarez. La reelección de Menem, obtenida con mas del 49% de los sufragios, motivó un replanteo al interior de la CGT., con miras a un accionar defensivo mas eficaz ante la muy previsible profundización del proyecto neoliberal de Menem y su ministro de Economía, Domingo F. Cavallo.
Un nuevo Congreso realizado el 4 de julio, designó a Gerardo Martínez (UOCRA) como Secretario General, con el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas y los sectores críticos al gobierno. El Secretariado se completó de la siguiente manera: Sec Adjunto, Juan José Zanola (Asociación Bancaria); Sec Relaciones Institucionales, Andrés Rodriguez (UPCN); Sec Prensa, Carlos West Ocampo (sanidad FATSA); Sec Cultura y Capacitación, Armando Cavalieri (Comercio FAECYS); Sec Seguridad Social, Luis Barrionuevo (UTGRA); Sec Acción Social, José Rodriguez (mecánicos SMATA); Sec Vivienda y Turismo, Oscar Lezcano (Luz y Fuerza); Sec Finanzas, José Pedraza (Unión Ferroviaria); Sec Administración, Pedro Goyeneche (textiles AOT); Sec Relaciones Internacionales, Francisco Gutierrez (UOM); y Sec Interior: Saúl Ubaldini (Federación Trabajadores Cerveceros).
Desde el inicio de la gestión de G. Martínez, el MTA condicionó su participación, exigía un plan de lucha contra el modelo que genera cada vez mas desocupación”. En un contexto marcado por la tasa mas alta de desempleo de la historia (18,6% en mayo de 1995), la creciente “flexibilización” laboral, el cierre de fábricas, la reducción de los salarios, los intentos de reformas regresivas a la legislación de convenciones colectivas, el intento de eliminar o limitar a las obras sociales sindicales, la disminución de los aportes patronales, etc., la reacción de los sindicatos y la protesta social eran inevitables.
En el Comité Central Confederal de la CGT reunido el 8 de agosto, el MTA apoyado por los sectores críticos, entre ellos algunos de los gremios más numerosos, logró imponer su propuesta, y se decidió por aclamación, un paro y movilización para el 6 de setiembre. En los días previos a la Jornada de Protesta, el MTA y la CTA coordinaron sus acciones y manifestaron públicamente que paraban y se movilizaban en contra del modelo de exclusión social. El día de la huelga, en la Plaza de los Dos Congresos, mas de 60 mil trabajadores se manifestaron contra la política social y económica del gobierno.
Este fue un acontecimiento importante de ese período por la acción conjunta de la CGT, el MTA, la CTA, la CCC, y otras agrupaciones, por la masividad de la convocatoria, y porque se logró instalar política y socialmente que el problema del desempleo era una de las consecuencias más graves del modelo neoliberal del menemismo, y que era urgente y necesario enfrentarlo.
El 20 de noviembre la Mesa de Enlace (MTA, UOM, CTA, CCC, FUA, y otros) realiza una nutrida marcha a la Plaza de Mayo contra la desocupación y la pobreza.
1996/1997 – en estos años se comienzan a ser evidentes las dramáticas consecuencias sociales de las políticas sociolaborales del menemismo, y del proceso de privatizaciones que produjo el cierre de refinerías, plantas fabriles y minas, del 90 % de los ramales ferroviarios, el establecimiento de peajes, etc., afectando la supervivencia de ciudades enteras. (…) El 12 de abril de 1997 cientos de trabajadores desocupados de la ciudad neuquina de Cutral-co, en su mayoría ex obreros petroleros y de la construcción, surgen de la invisibilidad para formar piquetes y cortar la ruta 17. En la represión muere Teresa Rodríguez. Poco después los piquetes reaparecen en Salta (Tartagal y General Mosconi). Al mismo tiempo surgen piquetes en el partido bonaerense de La Matanza. Ese mismo año, en las elecciones parlamentarias el menemismo es derrotado por la Alianza UCR-FREPASO. Se produjo entonces un punto de inflexión en la relación con el conjunto del movimiento obrero. La CGT se suma al MTA, a la CTA, y a la CCC en las movilizaciones contra la política económica.
Epílogo
“El nivel de participación de los asalariados en el ingreso fue irreversible, pero con modalidades diferentes a través del tiempo. En los primeros años de la dictadura militar, la concentración del ingreso avanzó exclusivamente mediante la brutal caída del salario real promedio, mientras que en los años ochenta comenzó a incidir la desocupación y, más aún, la subocupación de la mano de obra. Finalmente, durante la década de los noventa, si bien se acentuó la contracción salarial, la principal vía fue el explosivo crecimiento de la desocupación y, en menor medida, pero también significativa, el de la subocupación de la mano de obra. Estos fenómenos desencadenaron los inusitados niveles de pobreza extrema que irrumpieron en esos años. (…) Es indudable que esta situación se agravó durante los años noventa, coincidiendo con una profundización del proceso de desindustrialización y la privatización de las empresas estatales, deviniendo los trabajadores desocupados en uno de los estratos más dinámicos en las luchas sociales que se desplegaron durante los últimos años de la Convertibilidad. Aunque todos los estratos formaban parte de la clase trabajadora, es indudable que la profunda heterogeneidad no sólo volvió más dificultosa la convergencia sobre reivindicaciones comunes sino que, incluso, se comenzaron a esbozar contradicciones entre ellos”.
(…) “En diciembre de 2001 no solamente se abandonó la Convertibilidad, sino que se agotó de manera irreversible el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes.” ((Eduardo M Basualdo, op.cit., pág. 453; 470).
Las estadísticas muestran que mientras en el período 1983/1989 la frecuencia de las huelgas generales fue de una cada seis meses; en el período1989/1999 disminuyó a una cada quince meses. Estos números deben comprenderse en el contexto histórico y debe reconocerse la influencia de importantes factores internos y externos. Con respecto a estos últimos, hubo un retraimiento general del movimiento sindical a nivel internacional “vinculado con la caída de los regímenes socialistas y el avance de la globalización. En cuanto a los factores internos se destaca la experiencia traumática de la hiperinflación” (Historia económica argentina del siglo XX- MR/AZ, pag. 806). Asimismo entre estos últimos debe destacarse el impacto disciplinador y desmovilizador de la hiperdesocupación que asoló a la clase trabajadora desde fines de los noventa hasta los tres primeros años de este siglo, pese a lo cual las luchas sindicales y sociales nunca se interrumpieron, ni decayeron.
-.-.-
Estos como los otros hechos políticos, sociales y sindicales mencionados pueden verificarse en los diversos textos valiosos que analizan este período de nuestra historia. Mario Rapoport, Juan Carlos Torre, Héctor Recalde, Julio Godio, Arturo Fernández, son algunos de los investigadores destacados a los que hemos recurrido, y sus producciones están disponibles.
El último cargo sindical de importancia de Saúl Ubaldini fue su designación como Secretario de Interior de la CGT en 1995. Posteriormente continuó ligado al MTA; mas tarde, fue también fue dos veces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en ambas, vinculado al duhaldismo, y cumplió dos mandatos 1997/ 2001, y fue reelegido hasta 2005. A partir de mayo de 2006, fue contratado como asesor de Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido. Falleció a los 69 años, victima de un cáncer de pulmón, el 19 de noviembre de 2006.
Había nacido en el barrio de Mataderos, en Capital Federal, hijo de un obrero de la carne y una costurera. Trabajó como cadete, como aprendiz de taller mecánico y en una farmacia pero la búsqueda terminó cuando ingresó al frigorífico Lisandro de la Torre, donde comenzó su carrera gremial como delegado, y participó de la huelga e histórica toma del 1º de enero de 1959, conducida por Sebastián Borro. Fue encarcelado por primera vez en 1964. Poco después se incorporó a la Compañía Argentina de Levaduras y allí ingresó al mundo de los Cerveceros. En 1972 fue elegido secretario general de la Federación Obrera Cervecera Argentina (FOCA). Desde allí fue en 1977 a la Comisión de los 25.
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Este procura ser un aporte al rescate, la reflexión, y al imprescindible debate sobre el rol del movimiento sindical y sus dirigentes, con sus luces y sombras, con sus lógicas contradicciones y limitaciones, en el contexto de la historia y las luchas nacionales.
A titulo informativo, a modo reflexivo, y con sana vocación de polémica, dada la relevancia protagónica de la clase trabajadora y las organizaciones y agrupaciones sindicales en el pasado, presente y futuro de nuestra Nación, y en particular respecto del Peronismo, en tanto identidad política, constitutiva, y vigente, de la gran mayoría del Movimiento Sindical Argentino.
Néstor Lafleur.
miércoles, 20 de enero de 2010
APOYO DEL CEPLAS A LA RECUPERACION DE LA SOBERANIA EN LAS COMUNICACIONES
CEPLaS - Area de comunicación y Publicaciones.
El Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales considera que es imprescindible continuar profundizando y consolidando el actual proceso de transformaciones que lleva adelante la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, tanto en lo politico, lo social, lo laboral y lo economico, por lo cual reiteramos nuestro apoyo en general, y en particular, junto a la CGT y a FOETRA, en lo referido a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios.
Comisión Directiva
Néstor Lafleur
Presidente
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La CGT apoya la estatización de Telecom
Adhirió a la "recuperación de la soberanía (...) frente a las maniobras de los monopolios".
La CGT que conduce Hugo Moyano emitió un comunicado de apoyo a la posibilidad de reestatizar la empresa Telecom Argentina. Ayer, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había amenazado con quitarle la licencia por "incumplimiento de las leyes nacionales y abuso de posición dominante". En el Gobierno evalúan una nacionalización parcial para convertirla en una empresa mixta como Papel Prensa. El texto dado a conocer por la central obrera comienza así: "Atento las maniobras llevadas adelante por los grupos empresarios, con complicidad de la Justicia, para afianzar el monopolio de Telefónica sobre todas las comunicaciones en el territorio nacional". El comunicado además explica que "tal como lo han expresado los compañeros de FOETRA, los trabajadores estamos preparados para garantizar el funcionamiento del servicio y afianzar la soberanía sobre algo tan estratégico como las comunicaciones". "Al mismo tiempo, advertimos sobre la ofensiva política que desde la Justicia llevan adelante los jueces identificados con las políticas implementadas en la Argentina, desde el 24 de marzo de 1976, y que recrudecieron a partir de 1989; haciendo una interpretación antojadiza de las normas legales se han lanzado a boicotear la acción del Gobierno Nacional defendiendo los criterios económicos monopólicos y usurarios que impulsó el neoliberalismo y que terminaron con el saqueo de nuestro patrimonio y prácticamente llevaron al quiebre a la Nación en el año 2001", continúa. "La Argentina necesita una justicia independiente tanto de todos los poderes políticos como de las grandes corporaciones económicas, responsables de la designación de los magistrados que hoy disciplinadamente responden a quienes contribuyeron a su designación, aunque ello implique una traición al mandato soberano del Pueblo argentino", sostiene el documento difundido por la agencia de noticias Télam. "Por ello, los trabajadores organizados manifestamos nuestra voluntad de seguir acompañando el proceso de transformaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en ese sentido, reiteramos nuestro apoyo a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios", finaliza. El texto lleva la firma de Julio Piumato y Hugo Moyano.--------------------19/01 - Los telefónicos, por la reestatización.
"Estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente", dijo el titular del sindicato FOETRA, Osvaldo Iadarola.
El secretario general de FOETRA, Osvaldo Iadarola, manifestó este martes que su gremio está "totalmente de acuerdo" con dar de baja la licencia de Telecom Argentina y sostuvo que si eso se concreta, los "trabajadores estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente". "Nosotros analizamos con mucho detenimiento, los últimos dos años, la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo". El dirigente sindical reivindicó la facultad del Gobierno nacional de intervenir en estas cuestiones porque de lo contrario, advirtió, "cualquier operador haría lo que se le ocurriese. Acá hay que respetar las normativas del Estado nacional como pasa en otros lados". "Nosotros analizamos la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos que los análisis de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Comunicaciones son un trabajo serio, las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo con el anuncio que hizo el ministro (por De Vido), enfatizó el secretario en declaraciones a radio El Mundo. Desde el Poder Ejecutivo, se sostiene que la intención es desmonopolizar un mercado altamente concentrado desde que fue privatizado. Los principales dirigentes de los partidos de la oposición, en cambio, replican que lo que se pretende es castigar al Grupo Clarín –interesado en quedarse con una parte de Telecom– y premiar a empresarios afines, entre los que sobresale el consorcio que integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez. Iadarola insistió en que "acá hay un hecho que es concreto, que no es ninguna mentira: la otra compañía que opera en la Argentina ha comprado acciones en un holding, concretamente en Italia, de la cual Telecom de Italia tiene supremacía sobre Telecom Argentina". "Entonces éste es un tema que nosotros dijimos que es responsabilidad del Gobierno analizarlo y tomar las resoluciones que tenga que tomar, no nos compete a nosotros", remarcó el jefe de FOETRA. Para el Poder Ejecutivo Nacional el conflicto estaría terminado si Telefónica de España devuelve las acciones que compró en Telecom Argentina y las revende. En tanto, el ministro ya dio las instrucciones para reponder la decisión judicial de suspender las pautas de desinversión impuestas por el Gobierno a los accionistas de las telefónicas. En Planificación no duda que si el proceso se traba en la Justicia, el tema llegará al Congreso para que lo definan los legisladores: "Que nadie se confunda, no nos temblará el pulso", advirtió ayer el Ministro De Vido.
El Centro de Estudios y Proyectos Laborales y Sociales considera que es imprescindible continuar profundizando y consolidando el actual proceso de transformaciones que lleva adelante la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, tanto en lo politico, lo social, lo laboral y lo economico, por lo cual reiteramos nuestro apoyo en general, y en particular, junto a la CGT y a FOETRA, en lo referido a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios.
Comisión Directiva
Néstor Lafleur
Presidente
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La CGT apoya la estatización de Telecom
Adhirió a la "recuperación de la soberanía (...) frente a las maniobras de los monopolios".
La CGT que conduce Hugo Moyano emitió un comunicado de apoyo a la posibilidad de reestatizar la empresa Telecom Argentina. Ayer, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había amenazado con quitarle la licencia por "incumplimiento de las leyes nacionales y abuso de posición dominante". En el Gobierno evalúan una nacionalización parcial para convertirla en una empresa mixta como Papel Prensa. El texto dado a conocer por la central obrera comienza así: "Atento las maniobras llevadas adelante por los grupos empresarios, con complicidad de la Justicia, para afianzar el monopolio de Telefónica sobre todas las comunicaciones en el territorio nacional". El comunicado además explica que "tal como lo han expresado los compañeros de FOETRA, los trabajadores estamos preparados para garantizar el funcionamiento del servicio y afianzar la soberanía sobre algo tan estratégico como las comunicaciones". "Al mismo tiempo, advertimos sobre la ofensiva política que desde la Justicia llevan adelante los jueces identificados con las políticas implementadas en la Argentina, desde el 24 de marzo de 1976, y que recrudecieron a partir de 1989; haciendo una interpretación antojadiza de las normas legales se han lanzado a boicotear la acción del Gobierno Nacional defendiendo los criterios económicos monopólicos y usurarios que impulsó el neoliberalismo y que terminaron con el saqueo de nuestro patrimonio y prácticamente llevaron al quiebre a la Nación en el año 2001", continúa. "La Argentina necesita una justicia independiente tanto de todos los poderes políticos como de las grandes corporaciones económicas, responsables de la designación de los magistrados que hoy disciplinadamente responden a quienes contribuyeron a su designación, aunque ello implique una traición al mandato soberano del Pueblo argentino", sostiene el documento difundido por la agencia de noticias Télam. "Por ello, los trabajadores organizados manifestamos nuestra voluntad de seguir acompañando el proceso de transformaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en ese sentido, reiteramos nuestro apoyo a la recuperación de la soberanía sobre las comunicaciones, frente a las maniobras de los monopolios", finaliza. El texto lleva la firma de Julio Piumato y Hugo Moyano.--------------------19/01 - Los telefónicos, por la reestatización.
"Estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente", dijo el titular del sindicato FOETRA, Osvaldo Iadarola.
El secretario general de FOETRA, Osvaldo Iadarola, manifestó este martes que su gremio está "totalmente de acuerdo" con dar de baja la licencia de Telecom Argentina y sostuvo que si eso se concreta, los "trabajadores estamos en condiciones de hacernos cargo de la empresa sin ningún inconveniente". "Nosotros analizamos con mucho detenimiento, los últimos dos años, la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo". El dirigente sindical reivindicó la facultad del Gobierno nacional de intervenir en estas cuestiones porque de lo contrario, advirtió, "cualquier operador haría lo que se le ocurriese. Acá hay que respetar las normativas del Estado nacional como pasa en otros lados". "Nosotros analizamos la denuncia que han hecho sobre si existe o no un monopolio y consideramos que los análisis de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Comunicaciones son un trabajo serio, las conclusiones son ciertas y estamos totalmente de acuerdo con el anuncio que hizo el ministro (por De Vido), enfatizó el secretario en declaraciones a radio El Mundo. Desde el Poder Ejecutivo, se sostiene que la intención es desmonopolizar un mercado altamente concentrado desde que fue privatizado. Los principales dirigentes de los partidos de la oposición, en cambio, replican que lo que se pretende es castigar al Grupo Clarín –interesado en quedarse con una parte de Telecom– y premiar a empresarios afines, entre los que sobresale el consorcio que integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez. Iadarola insistió en que "acá hay un hecho que es concreto, que no es ninguna mentira: la otra compañía que opera en la Argentina ha comprado acciones en un holding, concretamente en Italia, de la cual Telecom de Italia tiene supremacía sobre Telecom Argentina". "Entonces éste es un tema que nosotros dijimos que es responsabilidad del Gobierno analizarlo y tomar las resoluciones que tenga que tomar, no nos compete a nosotros", remarcó el jefe de FOETRA. Para el Poder Ejecutivo Nacional el conflicto estaría terminado si Telefónica de España devuelve las acciones que compró en Telecom Argentina y las revende. En tanto, el ministro ya dio las instrucciones para reponder la decisión judicial de suspender las pautas de desinversión impuestas por el Gobierno a los accionistas de las telefónicas. En Planificación no duda que si el proceso se traba en la Justicia, el tema llegará al Congreso para que lo definan los legisladores: "Que nadie se confunda, no nos temblará el pulso", advirtió ayer el Ministro De Vido.
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